La Tecla Mar del Plata
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La municipalización de Punta Mogotes sigue avanzando, no solo en el Concejo Deliberante, sino también en el ámbito judicial, donde la Justicia ha dado luz verde a la demanda presentada por el intendente Guillermo Montenegro contra la Provincia de Buenos Aires. Esta demanda busca saldar la deuda de $14.069.819,46 para disolver la Administración de Punta Mogotes (APM).
El juez Simón Isacch, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, determinó que se cumplieron los requisitos de admisibilidad según el Código Contencioso Administrativo y emitió instrucciones para avanzar en la causa. Entre las primeras medidas, otorgó un plazo de 45 días a la Provincia de Buenos Aires para responder a la demanda y notificó al fiscal de Estado, Hernán Gómez, sobre el proceso. Asimismo, citó a la APM como tercero en el expediente, considerando que lo que se decida afectará directamente su situación.
Uno de los pasos clave ordenados por el juez fue la apertura de una cuenta judicial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde el municipio deberá consignar los $14 millones mientras se resuelve el conflicto. Montenegro, a través del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, ya había presentado la demanda ante la Justicia local el 10 de octubre, luego de que tanto la Provincia como la APM rechazaran el pago de la deuda mediante cartas documento enviadas por la Comuna.
El objetivo final del intendente es disolver la APM, ente encargado de la administración del complejo, y transferir la gestión directamente al municipio de General Pueyrredon. Sin embargo, desde la Provincia señalaron que la deuda que Montenegro pretende pagar no le corresponde al municipio, lo que ha generado un cruce de posturas que ahora deberá dirimir la Justicia.
A nivel legislativo, la municipalización de Punta Mogotes también avanza. Ayer, en la Comisión de Legislación, se aprobó con los votos del interbloque de Juntos por el Cambio el proyecto de convalidación para adecuar partidas del presupuesto vigente y consignar judicialmente los $14 millones adeudados. El proyecto fue aprobado por mayoría, con un pedido de informes a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda.
Con el proceso judicial en marcha, todas las partes implicadas deberán presentar su posición en los próximos días, en lo que podría ser un paso decisivo hacia la municipalización de uno de los balnearios más emblemáticos de la ciudad.