La Tecla Mar del Plata
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Desde que comenzó a tomar forma en la zona sur de Mar del Plata, Plaza Rumencó estuvo lejos de transitar un camino lineal. El emprendimiento comercial proyectado sobre la avenida Jorge Newbery acumuló conflictos administrativos, cuestionamientos ambientales, una intervención de la Justicia, modificaciones en la titularidad de los terrenos y un expediente que, meses después de ingresar al Concejo Deliberante, todavía no consigue avanzar hacia su aprobación definitiva.
El primer paso formal llegó durante los primeros meses de 2026, cuando el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para modificar los indicadores urbanísticos del predio y otorgarle la categoría de Equipamiento Específico (Ee), indispensable para desarrollar un complejo comercial de gran escala.
Sin embargo, mientras el expediente iniciaba su recorrido legislativo, en el terreno ya podían observarse desmontes, movimientos de suelo y otras intervenciones que rápidamente despertaron cuestionamientos de vecinos y organizaciones ambientalistas. El principal punto de discusión era que esas tareas se realizaban antes de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), exigida por la legislación provincial para este tipo de emprendimientos.
La controversia escaló hasta los tribunales. A partir de una presentación judicial impulsada, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2, a cargo de Marcelo Fernández, dictó una medida cautelar que ordenó suspender cualquier intervención material en el predio ubicado sobre la avenida Jorge Newbery 5035.
En su resolución, el magistrado sostuvo que permitir la continuidad de las obras sin contar con las autorizaciones ambientales podía ocasionar un daño de difícil reparación y dispuso que la empresa entonces responsable del proyecto, Molas y Asociados Fiduciaria SA, cesara inmediatamente las tareas mientras el Municipio debía garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
Lejos de cerrarse, la polémica sumó un nuevo capítulo semanas después. En plena tramitación de la causa se informó que las parcelas involucradas habían cambiado de titularidad. Los nuevos responsables del desarrollo pasaron a ser las firmas Treelands S.A. y MPSG 5 Newbery S.A., mientras que una tercera parcela quedó en manos de Exfako S.A., donde se proyecta la instalación de una estación de servicio.
Los representantes legales aclararon ante la Justicia que el paseo comercial ya no era responsabilidad de Molas y Asociados Fiduciaria, sino de las nuevas sociedades, que asumieron el desarrollo del proyecto inmobiliario.
Mientras tanto, el expediente comenzó a transitar su recorrido dentro del Concejo Deliberante. Recién el 14 de julio obtuvo su primer tratamiento en la Comisión de Obras y Planeamiento, presidida por el edil del Pro, Fernando Muro.
Durante esa reunión, los desarrolladores defendieron la iniciativa como un centro de servicios destinado a acompañar el crecimiento demográfico del sur del distrito. El proyecto contempla un predio de siete hectáreas, más de 750 espacios para estacionamiento, un supermercado, un centro médico con atención permanente, gimnasio, comercios, oficinas, espacios educativos, hotel y locales gastronómicos.
Pero las explicaciones no alcanzaron para despejar las dudas. El propio oficialismo terminó poniendo un freno al expediente. Desde la Unión Cívica Radical, Vilma Baragiola consultó sobre la situación judicial del emprendimiento, mientras que el concejal del PRO Marcelo Cardoso advirtió que el expediente todavía presenta importantes faltantes técnicos.
Entre ellos mencionó los informes de factibilidad de Camuzzi, los estudios de tránsito que debe elaborar el Emvial, los análisis hidráulicos, los estudios geológicos y la resolución definitiva del Emsur respecto de la evaluación ambiental.
La postura de Cardoso terminó inclinando la balanza hacia la prudencia. El oficialismo descartó avanzar con un despacho rápido y resolvió mantener el proyecto en estudio hasta completar toda la documentación pendiente.
Así, el expediente quedó atrapado entre los tiempos de la Justicia y los del Concejo. La cautelar continúa vigente, las intervenciones permanecen paralizadas y el tratamiento legislativo sigue sin definiciones.
Ahora, todas las miradas apuntan al regreso de la actividad legislativa tras el receso invernal. Según trascendió, la Comisión de Obras volvería a reunirse el próximo 4 de agosto y Plaza Rumencó figura entre los temas que podrían regresar a la agenda.
Será un nuevo capítulo para un emprendimiento que, desde sus primeros movimientos de suelo, quedó envuelto en una sucesión de controversias políticas, administrativas y judiciales que todavía mantienen abierto su futuro.