La Tecla Mar del Plata
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La causa que investiga presuntas irregularidades en la privatización de los estadios municipales llegó de lleno al Concejo Deliberante. A través de un oficio oficial, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº10 requirió al cuerpo legislativo toda la documentación relacionada con el tratamiento del expediente que culminó con la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de los Deportes, incluyendo actas, grabaciones y pedidos de informes.
El requerimiento judicial se produce en un contexto en el que la empresa Minella Stadium atraviesa cambios en su composición accionaria y la ONG Mirada Ciudadana prepara una misión a la ciudad brasileña de San Pablo para obtener información sobre la firma RB, uno de los actores involucrados en la concesión.
La nota oficial, identificada con el número 99, fue remitida por la Justicia en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante el proceso licitatorio de los escenarios deportivos municipales.
En el oficio se solicita al cuerpo deliberativo la remisión de toda la documentación relacionada con la privatización, incluyendo las actas de las reuniones de comisión y de las sesiones en las que se debatió el pliego licitatorio y posteriormente se aprobó la adjudicación de la concesión, que avanzó con una única oferta presentada.
Pero el pedido no se limita a la documentación escrita. La Fiscalía también requirió las grabaciones audiovisuales de las reuniones en las que se discutió el expediente, además de todos los pedidos de informes impulsados por concejales durante la tramitación legislativa.
La solicitud fue enviada por la Fiscalía Nº10 de Delitos Económicos, que lleva adelante la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de los Deportes.
La medida judicial tiene origen en un planteo formulado por la querella, representada por el abogado César Sivo, quien solicitó una batería de medidas de prueba destinadas a reconstruir el recorrido administrativo y legislativo que tuvo la licitación. Entre esos requerimientos figuraba la incorporación de todas las actuaciones desarrolladas en el Concejo Deliberante, junto con el pliego y condiciones que rigieron el proceso.
De esta manera, la investigación incorpora ahora el análisis de la actuación del Poder Legislativo local, con el objetivo de reconstruir cómo fue el tratamiento político del expediente que terminó autorizando la privatización de los principales escenarios deportivos de Mar del Plata.