El brutal caso de maltrato en la residencia “David” volvió a poner bajo la lupa el sistema de control sobre los hogares de adultos mayores en General Pueyrredon. Pero el problema no nació con el video viralizado este 29 de julio. Durante todo el año hubo advertencias, pedidos de informes y debates parciales, aunque el Concejo Deliberante volvió a mostrar una reacción tardía frente a una problemática estructural.

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La difusión de las imágenes que muestran a un enfermero agrediendo física y verbalmente a una residente del geriátrico “David” conmocionó a Mar del Plata. La indignación social fue inmediata, la denuncia penal avanzó rápidamente y las autoridades comenzaron a evaluar responsabilidades. Sin embargo, detrás del horror registrado por las cámaras hay una pregunta que golpea de lleno a la política local: ¿por qué las respuestas institucionales siempre aparecen después del escándalo?

Desde comienzos del 2026, las Residencias de Larga Estadia para Personas Mayores (RLE) ya venían generando preocupación en el Concejo Deliberante. Hubo incendios, denuncias por maltrato, problemas de habilitación y advertencias sobre la falta de coordinación entre Provincia y Municipio. La mayoría de las iniciativas legislativas quedaron en pedidos de informe, jornadas de trabajo o expresiones de preocupación, sin avanzar en un esquema preventivo robusto.

El primer antecedente fuerte del año apareció en enero, cuando, tras un incendio fatal en un geriátrico de La Perla y denuncias penales por maltrato físico, la abadista Gabriela Azcoitia (UCR–Nuevos Aires) impulsó un proyecto para crear una línea gratuita y confidencial de denuncias destinada a familiares y residentes de hogares de larga estadía.

La iniciativa apuntaba a la fragmentación de los controles entre la Provincia de Buenos Aires, responsable de las habilitaciones sanitarias, y el Municipio, que conserva facultades sobre seguridad edilicia y funcionamiento administrativo. El diagnóstico era que las zonas grises entre ambas jurisdicciones terminan dejando a los adultos mayores expuestos a situaciones de negligencia o abuso. Sin embargo, el proyecto quedó como una advertencia temprana más que como el inicio de una política integral de prevención.

En marzo, la Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano comenzó su actividad con una agenda cargada de temas sanitarios. Allí aparecieron distintas miradas sobre los geriátricos. UCR–Nuevos Aires insistió con pedidos de informes y herramientas de control. Unión por la Patria puso el foco en los dispositivos de protección de derechos para personas mayores.

Lo llamativo es que, pese a reconocer que los hogares de adultos mayores constituían un tema sensible, ningún bloque logró construir una agenda preventiva sostenida. La discusión quedó dispersa entre expedientes administrativos, reclamos y debates regulatorios, mientras el problema de fondo, detectar y evitar situaciones de violencia o abandono, seguía sin abordarse de manera contundente.

La cuestión volvió a escena en junio, cuando Azcoitia presentó un proyecto para convocar una Jornada de Trabajo sobre las demoras en los procesos de habilitación y rehabilitación de geriátricos. El expediente, aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud el 24 de junio, buscaba reunir a organismos provinciales, PAMI, IOMA, obras sociales, prepagas, cámaras empresarias y representantes judiciales para analizar las dificultades que atraviesan las residencias.

El debate puso sobre la mesa que los establecimientos no logran completar sus trámites de habilitación y, sin esa documentación, las obras sociales suspenden pagos o rechazan coberturas. La consecuencia es una creciente judicialización de los casos y familias obligadas a recurrir a amparos para conseguir una vacante.

Pero, otra vez, la respuesta institucional se concentró en discutir trámites, expedientes y financiamiento, no en fortalecer mecanismos permanentes de supervisión sobre el trato cotidiano que reciben los residentes.

El caso Cichero deja al descubierto una constante preocupante del funcionamiento político local. Los concejales suelen actuar cuando la tragedia ya ocurrió, cuando el video se viralizó o cuando la indignación pública obliga a pronunciarse.

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Después del incendio de La Perla aparecieron proyectos vinculados a denuncias y controles. Tras las demoras en habilitaciones surgieron jornadas de trabajo y pedidos de informes. Ahora, luego de que las redes sociales mostraron a una anciana llorando mientras era golpeada y humillada por un enfermero, volverán seguramente los anuncios de nuevas medidas, reuniones urgentes y declaraciones de repudio.

La crítica no alcanza a un solo bloque. Toda la rosca política ha participado de debates parciales sobre geriátricos, pero ninguno impulsó hasta ahora un sistema integral y preventivo que permita detectar situaciones de abuso antes de que se conviertan en un escándalo público.

El escándalo de la residencia “David” expuso una vulnerabilidad mucho más amplia que un solo enfermero, mostró un sistema de cuidados donde las alertas existen, los antecedentes se acumulan y la política sigue reaccionando después de que el daño ya está hecho.

Las imágenes que hoy indignan a Mar del Plata son brutales. Pero todavía más grave es comprobar que las instituciones parecieron necesitar un video viral para recordar que detrás de cada geriátrico hay personas mayores cuya protección no puede depender de que una tragedia se haga tendencia en redes sociales.

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