El Ejecutivo de General Pueyrredon impulsa la licitación del Camping Municipal con un pliego atado a un proyecto de "iniciativa privada" de 2019, que promete modernización y sustentabilidad, pero levanta el telón sobre el debate político en torno a la gestión de las UTF y la figura del "derecho de preferencia" para el oferente original. El oficialismo acelera su política de gestión costera.

UTF Camping Municipal: entre la iniciativa privada y la renovación turística

El ingreso al Concejo Deliberante del expediente 1644/25, que busca la autorización para licitar la concesión del uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Camping Municipal, marca un nuevo capítulo en la política de gestión del patrimonio costero y turístico del partido de General Pueyrredon. La necesidad de modernización es innegable: el propio expediente subraya que el último proceso licitatorio data de 1990, lo que coloca al predio décadas atrás de las "nuevas tendencias en materia de alojamiento" y la demanda turística contemporánea.

El elemento más significativo y, a la vez, políticamente delicado del proyecto, es su génesis: el llamado a licitación está intrínsecamente ligado al Expediente Nº 8861-1-2019, una iniciativa privada presentada por la firma BIEN PRODUCIDO S.A., declarada "iniciadora" mediante el Decreto Nº 226/22.

La figura de la iniciativa privada es un mecanismo legal, regulado por la Ordenanza N° 19203 en este caso, que permite a un particular proponer un proyecto de inversión en un bien público, forzando luego al Estado a convocar una licitación pública que incorpore los lineamientos de dicha propuesta. Políticamente, este mecanismo siempre conlleva un doble filo: por un lado, permite al Municipio captar propuestas especializadas y agilizar proyectos complejos sin la necesidad de invertir recursos iniciales en el diseño integral de la obra. Por otra parte, implica la inclusión de una cláusula de derecho de preferencia a favor de la empresa iniciadora (BIEN PRODUCIDO S.A.), como se establece en el Artículo 3º del Proyecto de Ordenanza.

Dicha cláusula es la que genera mayor fricción y debate político. Si bien es legal, en la práctica, puede interpretarse como un "traje a medida" que desalienta a otros posibles oferentes, limitando la competencia real y, potencialmente, la mejora de la oferta económica para el Municipio.

En este marco, la justificación oficial del Departamento Ejecutivo se centra en la valorización del predio y la diversificación de la oferta turística. Se destaca que el proyecto de la firma iniciadora contempla: un desarrollo acorde a las nuevas tendencias de alojamiento, respeto al entorno natural con una forestación integral del predio, incorporación de normas de accesibilidad y sustentabilidad. Por eso, desde la perspectiva política del oficialismo, la propuesta se presenta como una oportunidad de mejora ambiental y de infraestructura, poniendo en valor un espacio clave de la costa sur que se encuentra visiblemente obsoleto. Se busca capitalizar la necesidad de modernización para justificar la vía de la iniciativa privada.

De esta manera, el debate en el Concejo Deliberante se centraría no necesariamente en la necesidad de licitar, que es ampliamente aceptada, sino en los términos de la concesión: si la "cláusula de preferencia" garantiza una competencia real o si, por el contrario, asegura de manera indirecta la adjudicación a la empresa iniciadora, además se pondría el foco en la rentabilidad social y económica para el Municipio. ¿Será el canon ofrecido suficiente para compensar la cesión del uso de un predio fiscal de alto valor? Asimismo, el plazo de la concesión también será un punto de inflexión, como ha sucedido en licitaciones anteriores.

En síntesis, el expediente 1644/25 es más que un trámite administrativo; es la puesta en escena de la política de gestión costera de General Pueyrredon. Muestra la voluntad de modernización del Ejecutivo a través de la inversión privada, pero obliga a la política a sopesar el costo de la eficiencia contra el principio de máxima transparencia y competencia en el manejo de los bienes públicos. Pero si algo queda claro, es que el oficialismo acelera su política de gestión de la costa, antes del improrrogable recambio del próximo 10 de diciembre.

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