Mar del Plata y obras: filtro bonaerense frena loteos y la expansión inmobiliaria
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires reafirmó su supremacía al exigir nueva normativa que reconfigura el tablero político-urbanístico en General Pueyrredon, con un impacto directo en el futuro de los proyectos inmobiliarios costeros. El mensaje de La Plata es claro: la protección ambiental y el control del dominio hídrico son potestad provincial y, ahora, actúan como un filtro excluyente para el desarrollo local.
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El gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha movido una pieza clave en el ajedrez territorial con la publicación de las Resoluciones de Firma Conjunta N° 1520 y N° 1521, dictadas por la Autoridad del Agua (AdA). La medida establece un nuevo paradigma en la costa atlántica y los cursos de agua, marcando una clara reafirmación del poder regulatorio provincial sobre los intereses inmobiliarios y la autonomía municipal. En términos políticos, la Provincia ha decidido "marcar la cancha", estableciendo un control jerárquicamente superior “para proteger los recursos naturales sensibles”.
El significado político más relevante recae en la Resolución N° 1521. Esta norma establece un mecanismo de control obligatorio y previo para cualquier obra que implique modificaciones materiales o jurídicas en riberas marítimas y/o fluviales. En la práctica, esto implica que los municipios ya no tienen la última palabra. Un proyecto de gran envergadura podría contar con la aprobación del Concejo Deliberante, pero si no obtiene la intervención y conformidad de la AdA, simplemente no estará habilitado. De esta manera, la AdA se convierte en un filtro excluyente, subordinando la decisión local al estándar provincial y evitando las discrepancias locales que podrían derivar en una flexibilización de las normas.
Por su parte, la Resolución N° 1520 ataca directamente los planes de expansión costera en el partido de General Pueyrredón. Sustituyendo el criterio anterior de 100 metros, la Provincia eleva la franja de restricción para loteos y edificaciones a 150 metros desde la línea de ribera del Mar Argentino. Más allá del aumento del retiro obligatorio, la norma prohíbe taxativamente la edificación sobre médanos y cadenas de médanos, incluso a mayor distancia de esos 150 metros.Este doble golpe restringe fuertemente la posibilidad de desarrollar mega-emprendimientos, countries o edificios en las zonas más sensibles de la costa marplatense, alineando la normativa local con el Código de Aguas provincial y priorizando la preservación de las dunas como barrera natural y recurso hídrico.
El mensaje es claro para los grandes desarrolladores: el aval municipal ya no es suficiente.Cualquier proyecto que busque modificar el paisaje costero debe ahora someterse a un riguroso escrutinio provincial que se enfoca en la integridad del dominio público y la sustentabilidad ambiental, un requisito que pone un freno significativo a la voracidad inmobiliaria en el litoral bonaerense. Los proyectos deberán pasar indefectiblemente por el control de la Autoridad del Agua antes de que los municipios puedan siquiera emitir una autorización formal.
De esta manera, este nuevo mecanismo administrativo supone un proceso más largo y riguroso para desarrolladores e intendencias. La nueva normativa marca un punto de inflexión para el desarrollo urbanístico costero en Mar del Plata. Los grandes proyectos deberán reformularse, asumir restricciones más severas o enfrentarse a un "no" categórico que ya no dependerá solo de la política local, sino de la validación técnica y política de La Plata. El equilibrio entre el crecimiento urbano y la preservación de la costa pasará, a partir de ahora, por el escritorio de la Autoridad del Agua.
