30 de julio de 2025
ELECCIONES 2025
Inseguridad en campaña: una responsabilidad cruzada que marcará las urnas en Mar del Plata
A días del inicio formal de la campaña para las elecciones del 7 de septiembre, la inseguridad se instala como eje importante en General Pueyrredon. Con competencias provinciales, presencia municipal y tensiones políticas, la discusión se volverá moneda de cambio en un escenario electoral cada vez más caliente.
Mar del Plata se prepara para una campaña corta e intensa. El próximo 8 de agosto arranca oficialmente el período de promoción electoral en vistas a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, donde se renovarán cinco bancas al Senado bonaerense, doce del Concejo Deliberante y cinco del Consejo Escolar. Pero el clima ya está cargado, y hay un tema que se impone por necesidad: la inseguridad.
La ola de delitos no distingue horario ni geografía. Desde el centro comercial hasta los barrios más alejados, la percepción ciudadana sobre el aumento de robos y hechos violentos se ha instalado como una de las mayores preocupaciones. Y aunque la seguridad pública es competencia exclusiva del gobierno de la provincia, actualmente en manos del gobernador Axel Kicillof, en Mar del Plata el debate se ha volcado con fuerza sobre el oficialismo local.
El intendente Guillermo Montenegro ha sido uno de los dirigentes más activos en tomar la bandera del orden del espacio público, con la creación y exposición constante del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM). Esta fuerza, sin armas letales y sin jurisdicción sobre el delito, opera como una suerte de presencia preventiva que ha sido tan aplaudida como criticada. Denuncias penales, acusaciones por abuso de poder y la creciente tensión con sectores sociales y de la oposición marcan su derrotero. Pero en el fondo, hay una contradicción evidente: la Municipalidad busca aportar y responder a un problema sobre el cual no tiene poder de decisión final.
La paradoja política es evidente. El oficialismo local actúa sin tener la competencia legal, lo que le genera costos simbólicos y políticos. Y la oposición, esencialmente peronista, dispara críticas al accionar municipal, mientras evita asumir la responsabilidad directa que su propio color político ejerce desde La Plata.
Esta tensión se trasladará inevitablemente al corazón de la campaña. Durante 28 días, desde el 8 de agosto al 5 de septiembre, la seguridad será argumento y contraargumento, bandera y boomerang. La palabra “inseguridad” funcionará como una clave electoral, porque atraviesa todos los sectores y toca a todos los votantes. Pero el riesgo es el de siempre: que en medio del fuego cruzado, la solución concreta se diluya en el barro de la estrategia.
En este tablero no se puede soslayar el rol del Poder Judicial. Su intervención es decisiva, pero su desempeño sigue en deuda con la ciudadanía. Las fallas judiciales, sean por negligencia, desinterés o criterios excesivamente garantistas, debilitan cualquier intento de control del delito. Sin una Justicia que actúe con propósito y firmeza, las políticas de seguridad, tanto locales como provinciales, pierden eficacia. El cuestionamiento al garantismo, impulsado por sectores más duros del oficialismo local y parte de la sociedad civil, también promete ocupar un lugar clave en la campaña
La narrativa ya se perfila: el oficialismo mostrará su gestión activa, con patrullajes, operativos y videos, mientras apunta hacia La Plata por la ausencia de efectivos policiales y el fracaso del esquema de seguridad provincial. La oposición, en cambio, intentará instalar la imagen de un municipio que sobreactúa sus atribuciones y no ofrece resultados concretos.
Mar del Plata, con su histórico reclamo de autonomía en materia de seguridad y una ciudadanía cada vez más harta de la sensación de desprotección, será nuevamente el campo de batalla de un tema estructural que sigue sin resolverse. En nueve días comenzará una campaña donde, más que propuestas, lo que estará en juego será quién logra imponer su relato sobre un problema que, por ahora, nadie parece poder controlar.