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La Justicia marplatense levantó el freno a los aumentos de luz de Kicillof
La Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió la cautelar que impedía aplicar las actualizaciones eléctricas de entre el 1,5% y el 3,5%. Los nuevos valores podrán trasladarse a las próximas facturas, mientras sigue abierta la disputa judicial.
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Llegar a fin de mes se convirtió en una cuenta cada vez más ajustada para miles de hogares. Entre los alimentos, el alquiler, el transporte y los gastos cotidianos, las facturas de los servicios públicos ocupan un lugar central en la administración de los ingresos. En ese escenario, la luz vuelve a quedar en el centro de la discusión bonaerense: la Justicia marplatense habilitó la aplicación de los aumentos que habían sido suspendidos y abrió la puerta a que los nuevos valores aparezcan en las próximas boletas.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que dejó sin efecto, de manera provisoria, la cautelar que había frenado la actualización tarifaria impulsada por el Gobierno provincial. Los incrementos, establecidos mediante la resolución 585/2026, se ubican aproximadamente entre el 1,5% y el 3,5%.
El fallo no cierra la controversia. Mientras las distribuidoras quedan habilitadas para liquidar los valores actualizados, continúa pendiente la discusión sobre la legalidad del procedimiento utilizado para aprobarlos. En otras palabras, el incremento puede volver a trasladarse a las facturas, pero todavía resta determinar si la actualización cumplió con los requisitos correspondientes.
La boleta, otra vez en el centro de la pelea
El expediente se inició a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que cuestionó la actualización de los cuadros tarifarios por la falta de una audiencia pública u otros mecanismos adecuados de participación de los usuarios. El planteo había obtenido una respuesta favorable en primera instancia, cuando la Justicia dispuso frenar los aumentos y restablecer el esquema anterior.
Sin embargo, el Gobierno provincial y las distribuidoras eléctricas apelaron esa decisión. La Fiscalía de Estado sostuvo que mantener la cautelar podía afectar los recursos necesarios para afrontar los costos de la energía, el mantenimiento de las redes, las inversiones y las obligaciones laborales y contractuales de las empresas.
Al analizar el planteo, los camaristas Diego Ucin y Roberto Mora consideraron que los argumentos presentados permitían justificar, en esta etapa preliminar, la suspensión de la medida cautelar. En su resolución advirtieron que volver al cuadro tarifario anterior “podría incidir sobre los recursos disponibles para atender los costos actuales de la prestación y, eventualmente, proyectarse sobre su continuidad, regularidad y sustentabilidad”.
De este modo, la discusión enfrenta dos cuestiones que impactan directamente en la vida cotidiana: por un lado, la capacidad de los usuarios para afrontar las facturas; por el otro, la necesidad de garantizar los recursos para sostener el servicio. La controversia judicial, además, mantiene abierta una pregunta de fondo sobre cómo deben tramitarse las actualizaciones tarifarias.
Mar del Plata, dentro del área alcanzada
La resolución tiene alcance sobre los usuarios abastecidos por EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, además de las cooperativas eléctricas del interior bonaerense. En el caso de Mar del Plata y buena parte de la Costa Atlántica, el servicio está a cargo de EDEA, por lo que el cambio en el escenario judicial también repercute en la región.
Para las familias, cualquier modificación en la factura obliga a reorganizar gastos que ya compiten por una porción importante del presupuesto mensual. En los comercios, la electricidad también forma parte de los costos fijos que deben cubrirse para mantener las puertas abiertas. Aunque el porcentaje de actualización anunciado es acotado en términos nominales, su efecto se suma al resto de las obligaciones que afrontan hogares y actividades productivas.
El problema no se limita al importe de una factura en particular, sino a la acumulación de gastos que deben pagarse en fechas determinadas. Cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo que los costos, cada vencimiento se convierte en una decisión sobre qué gasto priorizar y cuál postergar.
Un freno suspendido y una disputa que sigue abierta
La cautelar había buscado impedir el traslado de los aumentos a los usuarios hasta que se examinara la validez del procedimiento. Con la intervención de la Cámara marplatense, esa protección provisoria quedó suspendida y las tarifas actualizadas pueden volver a aplicarse mientras avanza la causa.
La resolución no determina por sí misma cómo se reflejarán todos los ajustes pendientes en cada factura ni resuelve el fondo del reclamo. Esos aspectos dependerán de la evolución del expediente y de la instrumentación que corresponda por parte de las autoridades y las distribuidoras.
Por ahora, el escenario vuelve a colocar a los usuarios ante la posibilidad de pagar más por la electricidad, mientras continúa la disputa institucional por la forma en que se autorizan los incrementos. Para quienes llegan con lo justo a fin de mes, la diferencia no es solamente jurídica: se mide en cuánto queda disponible después de cubrir los servicios básicos.