La reconfiguración del mapa político marplatense iniciada en diciembre de 2025 dejó un balance legislativo cruzado por acuerdos estratégicos, reordenamientos partidarios y proyectos de fondo sin resolver.

La maquinaria legislativa que sostuvo a Neme pero frenó los cambios

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El cierre de los 301 días de interinato de Agustín Neme al frente del Ejecutivo de General Pueyrredon abre una instancia de balance sobre la actuación del Concejo Deliberante durante uno de los períodos de mayor transformación en su dinámica interna.

La salida de Neme de la presidencia de la bancada oficialista para asumir la intendencia no solo alteró el organigrama municipal. En el recinto, el movimiento catapultó a Julián Bussetti al liderazgo del bloque oficialista y derivó en la posterior reidentificación partidaria de la bancada, que abandonó la denominación Vamos Juntos para asumir formalmente la sigla PRO. En simultáneo, el recambio parlamentario de la mitad del cuerpo ubicó al libertario Emiliano Recalt en la presidencia del Concejo y configuró un escenario político bien distinto al de los años anteriores. Para sostener la gobernabilidad, la gestión articuló un esquema parlamentario de 14 votos articulado entre el PRO, la UCR + Nuevos Aires (UCR+NA), la Coalición Cívica (CC) y La Libertad Avanza (LLA), garantizando una mayoría propia de 14 votos sobre el total de 24 concejales que resultó determinante para los expedientes centrales del Ejecutivo.

Esa mayoría numérica fue el motor para la convalidación del paquete económico y fiscal de la administración municipal. En febrero se logró la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva 2026, ámbito donde se dio el debate por la creación de la tasa de Alumbrado Público y su mecanismo de cobro a través de la factura de la empresa distribuidora de energía EDEA, un punto fuertemente cuestionado por la oposición. Pocas semanas después, el oficialismo hizo valer sus números para sancionar el Presupuesto 2026 de la Administración Central, de los entes descentralizados y el cuadro tarifario de Obras Sanitarias Sociedad del Estado. Asimismo, el recinto convalidó las rendiciones de cuentas del ejercicio 2025, un trámite que estuvo marcado por las duras críticas de las bancadas opositoras ante el déficit presupuestario de más de 7.400 millones de pesos informado en los balances del ejercicio previo.

Sin duda, la victoria legislativa de mayor volumen político e impacto ciudadano durante el ciclo interino fue la sanción de la Ordenanza 27.001, que creó el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad para regular las aplicaciones digitales de transporte. Luego de años de expedientes archivados y tras una jornada caracterizada por incidentes en las barras entre taxistas y choferes de plataformas, el bloque de 14 volvió a alinearse para darle luz verde a la norma. Sin embargo, el aval definitivo a las aplicaciones expuso también las limitaciones del proceso normativo: la regulación fue aprobada, pero la confección de un régimen sancionatorio y de infracciones impulsado desde la propia bancada radical debió continuar su trámite en comisiones, evidenciando que el tema no quedó saldado de manera integral.

El rendimiento del Concejo Deliberante durante estos diez meses mostró además los límites de la cohesión interna del espacio gobernante y la imposibilidad de transformar en ordenanzas varias de las promesas de gestión. Si bien los 14 votos funcionaron de forma uniforme para el paquete impositivo y la regulación del transporte, el bloque oficialista no actuó como un frente monolítico en otros debates de alta sensibilidad local y nacional. La bancada oficialista votó de manera dividida o divergente frente a reclamos por el régimen de Zona Fría —donde La Libertad Avanza quedó aislada sosteniendo la postura nacional— y ante las resoluciones sobre el financiamiento universitario, en las que el PRO optó por la abstención mientras el radicalismo y la Coalición Cívica acompañaron los planteos opositores.

A este escenario de fricciones internas se sumó el estancamiento de proyectos de alto impacto urbano y económico que habían signado el discurso inaugural del interinato en marzo de 2026. La reforma estructural de la Ordenanza 14.000 para desregular la nocturnidad y habilitar nuevos usos en locales gastronómicos, centros culturales y hoteles, impulsada desde el propio oficialismo, continuó su gira por comisiones ante la acumulación de objeciones de vecinos y entidades sectoriales. Ocurrió algo similar con el programa de renovación integral de la Peatonal San Martín, este último anunciado por el Ejecutivo como una intervención junto al sector privado pero tramitado en paralelo como una iniciativa opositora que no logró dictamen. Tampoco avanzaron las definiciones sobre el Sistema Unificado de Movilidad Individual ni el pliego del transporte público de pasajeros. En paralelo, el papel del cuerpo respecto al Estadio José María Minella se limitó a expedientes de control y pedidos de informes sobre la ejecución de la concesión otorgada en 2025 y el cumplimiento del pago de cánones, sin generar nuevas normas al respecto.

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Un análisis sobre el volumen de expedientes ingresados durante el período refleja que una porción ampliamente mayoritaria de la producción parlamentaria correspondió a minutas de comunicación, declaraciones y resoluciones sin fuerza de reforma estructural. El Concejo Deliberante garantizó la gobernabilidad económica y destrabó la histórica discusión del transporte digital, pero funcionó fundamentalmente como un ámbito de contención política y de transición hacia el escenario electoral, dejando abiertas las grandes reformas urbanas que definirán el futuro de Mar del Plata.

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