La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
27 de septiembre de 2026
Cripto, $27 mil millones y lavado: la ruta del dinero bajo análisis
La investigación de la Justicia platense indaga una presunta estructura vinculada al juego clandestino y la defraudación. El expediente incorpora operaciones con USDT, movimientos bancarios y la declaración de Mauro Perrotta, mientras busca determinar qué parte del volumen registrado terminó como rentabilidad.
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Un número impactante suele convertirse en el anzuelo perfecto para inaugurar una megacausa. En La Plata, la cifra de $27.000 millones quedó asociada a una investigación por una presunta estructura de juego clandestino, defraudación y lavado de activos, con movimientos financieros que incluyen operaciones bancarias y criptoactivos. El expediente tramita en la UFI N.º 2, encabezada por la fiscal Betina Lacki, y tiene intervención del juez de Garantías Agustín Carlos Crispo. Pero detrás del impacto de los números aparece una discusión mucho más técnica: qué representan realmente esos fondos, cómo circularon y qué elementos permiten vincularlos con una eventual maniobra delictiva.
La causa comenzó a adquirir una dimensión mayor a partir del análisis de los movimientos de dinero y de las declaraciones incorporadas al expediente. En ese entramado aparece Mauro Perrotta, detenido e imputado, cuya declaración terminó adquiriendo un peso relevante para las medidas posteriores. Perrotta había sido señalado en relación con la administración de un panel vinculado a apuestas informales y, tras negarse inicialmente a declarar, amplió su exposición ante la Justicia. Su testimonio incorporó nombres, vínculos y referencias que pasaron a formar parte de la hipótesis investigativa, aunque el alcance probatorio de esas afirmaciones deberá ser contrastado con evidencia independiente.
Ahí aparece uno de los principales puntos de discusión del expediente: la interpretación de los flujos financieros. En una investigación penal, sumar débitos y créditos de una cuenta no equivale automáticamente a determinar una ganancia neta ni, mucho menos, a demostrar que todo ese dinero tuvo procedencia ilícita.
La matemática del spread no es lavado
Para comprender la diferencia entre volumen y rentabilidad hay que mirar la dinámica de las operaciones con activos digitales. En determinadas estrategias de arbitraje, un operador compra y vende activos virtuales para aprovechar diferencias de cotización entre mercados. Un mismo capital puede utilizarse sucesivamente y generar una rotación elevada sin que el monto total movilizado represente la ganancia obtenida.
El circuito puede comenzar con el ingreso de pesos a una cuenta bancaria, continuar con la adquisición de un activo como USDT, seguir con una transferencia hacia otra plataforma y finalizar con una nueva venta. Si la operatoria se repite durante semanas, la suma de todas las entradas y salidas puede alcanzar cifras millonarias aunque el capital utilizado sea muy inferior y el margen obtenido constituya apenas una fracción del volumen total.
En la causa platense, la cifra vinculada al operador Ignacio Marchioni aparece precisamente en ese debate. Una cosa es el flujo bruto acumulado y otra, muy diferente, la rentabilidad efectiva. Algo similar ocurre con otros intermediarios mencionados en el expediente, entre ellos Catriel Taubenschlag, cuya defensa sostiene que sus operaciones durante 2023 y 2024 estuvieron bancarizadas, trazadas y con sus obligaciones fiscales cumplidas.
La regulación argentina contempla obligaciones específicas para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, incluidos mecanismos de identificación y prevención del lavado de activos. Por eso, analizar una operatoria cripto exige reconstruir el recorrido del dinero, identificar las cuentas y billeteras involucradas, establecer quién realizó cada operación y determinar el origen y destino de los fondos. La existencia de múltiples movimientos no constituye, por sí sola, una explicación sobre su legalidad o ilegalidad.
Perrotta, una pieza central bajo análisis
La otra arista sensible de la causa aparece en el valor otorgado a la declaración de Perrotta. El imputado declaró en una condición procesal diferente a la de un testigo neutral y sus dichos deben ser ponderados teniendo en cuenta también su situación dentro del expediente. Su aporte, según surge de la investigación, fue utilizado para profundizar determinadas líneas y orientar nuevas medidas.
El problema jurídico aparece cuando una declaración de un imputado pasa a convertirse en un elemento relevante para avanzar sobre terceros. Si esas afirmaciones no son acompañadas por documentación objetiva, pericias informáticas, registros fiscales, movimientos bancarios y trazabilidad de los activos digitales, el peso de ese relato queda necesariamente sujeto a discusión.
La causa deberá resolver, entonces, dos cuestiones diferentes pero conectadas: qué significan realmente los $27.000 millones que aparecen en el expediente y cuánto valor probatorio puede asignarse a las declaraciones utilizadas para reconstruir la presunta estructura. En una investigación donde intervienen dinero tradicional, plataformas digitales y criptoactivos, los números pueden ser el punto de partida. La prueba, en cambio, debe explicar el recorrido completo.