La Tecla Mar del Plata
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¿Se suma FATE?
Sigue la tensión por el cierre y el posible desalojo de la empresa de neumáticos ubicada en San Fernando. Desde el gremio pidieron que la provincia intervenga y que se haga cargo de los destinos de la compañía y pase a manos de la administración bonaerense. Un repaso del estado de las empresas recuperadas.
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La industria está atravesando uno de sus peores momentos desde el regreso a la democracia. Desde que asumió Javier Milei a la presidencia, son muchos los factores por los cuales el sector industrial sufre pérdidas tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, que es el principal territorio afectado por las políticas del gobierno nacional.
De acuerdo a los últimos datos que brindó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se perdieron 31.342 empresas en los primeros 31 meses de la gestión libertaria. En la provincia de Buenos Aires los datos son realmente tremendos. De acuerdo a la estadística que brindó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se perdieron un total de 8789 unidades productivas en toda la Provincia.
Sin ir más lejos, durante el transcurso de la última semana se produjeron cierres de empresas importantes en el Conurbano, que demuestra el tamaño de la crisis que sufre la industria manufacturera. La planta de Dorada SA (ex Dánica) de Llavallol bajará la persiana definitivamente y deja en la calle a una treintena de trabajadores. A su vez, la textil Alter de Berazategui, también cerrará sus puertas y crece la incertidumbre por la estabilidad laboral de los trabajadores de la histórica planta.
Pero hay dos empresas que mantienen un fuerte conflicto en la actualidad, sobre todo por la magnitud de las firmas. Tanto Granja Tres Arroyos como FATE, mostraron intenciones de cerrar y la estabilidad laboral de cientos de personas es una incógnita. Con respecto a la Granja, desde la empresa insinuaron con pagar parte de los salarios con pollos y crece la tensión. Se espera un acampe en Pilar en protesta por esta situación y en reclamo por la continuidad laboral.
Mientras que en FATE la tensión es extrema y el conflicto que tiene años de capítulos parece no llegar a su fin. La empresa que comanda Javier Madanes Quintanilla cerró su producción y hay 920 personas que pueden perder su puesto de trabajo. Según la empresa, el escenario de los últimos años había deteriorado fuertemente la competitividad de la planta. Entre los antecedentes señalados aparecen conflictos gremiales prolongados, reestructuraciones y pedidos de Procedimiento Preventivo de Crisis.
Por su parte, el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), rechaza la explicación empresarial y considera que el cierre constituye un lockout patronal. Para el gremio, no se trata simplemente de una empresa que dejó de ser rentable, sino de una decisión patronal que implica la destrucción de cientos de puestos de trabajo y de una planta industrial histórica.
Desde febrero, trabajadores despedidos mantienen una permanencia en la planta de Virreyes y reclaman la reapertura de la fábrica y la recuperación de los puestos de trabajo. El sindicato sostiene que el conflicto debe resolverse mediante una salida que permita mantener la actividad productiva. Sin embargo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta y su restitución a FATE, luego de hacer lugar al planteo presentado por la empresa. La resolución se produjo después de que vencieran las instancias de conciliación obligatoria sin que las partes alcanzaran un acuerdo.
La Cámara entendió que, una vez agotadas las instancias de conciliación, la permanencia en el establecimiento ya no constituía una herramienta eficaz para destrabar la negociación. Al mismo tiempo, el fallo no resolvió el fondo de la disputa laboral: las cuestiones vinculadas con indemnizaciones y compensaciones quedan fuera del ámbito penal en el que se dictó la medida.
Ante esta situación sumamente desesperante para los trabajadores, desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), realizaron una propuesta interesante que ya fue presentada en la Legislatura. La intención es declarar de “utilidad pública” la producción de la planta FATE con el fin de garantizar la continuidad de la firma y que base a la órbita de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa que elaboraron desde el gremio tiene como meta que se declare la “ocupación temporaria” de FATE y se preserven la producción y los puestos de trabajo, con el objetivo de evitar el cierre de la planta anunciada por la empresa y “salvar las fuentes de empleo de 920 empleados”. El Sutna sostuvo que una de las alternativas es que la provincia se haga cargo de FATE y así garantizar el “el funcionamiento del sistema logístico y del transporte público en todo el país”.
Ante esta situación, surge el interrogante sobre si la provincia de Buenos Aires puede hacerse cargo de los destinos de la empresa que mantiene en vilo a los trabajadores, Se trata de una empresa gigante que puede ser estratégica para el gobierno bonaerense. Sin embargo, hay un ejemplo reciente de una empresa de gran calibre que quedó en manos del estado y trajo varios dolores de cabeza: el Astillero Río Santiago.
El dirigente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Esteban Marcioni, se refirió a la posibilidad de que FATE pase en manos de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que es bastante difícil que FATE pase a ser una empresa recuperada. Allí expresó: “A nosotros no nos han pedido asesoramiento al IPAC, por lo menos desconozco a otros. Probablemente haya habido diálogo con otras áreas del gobierno de la provincia, a nosotros como IPAC no nos han solicitado hasta el momento, por ahora, ni asesoramiento, ni que podamos acompañar a algún grupo de trabajadores que quieran constituirse como cooperativa para hacerse cargo de la producción”.
“Entiendo que la demanda de los trabajadores viene en otro sentido, creo que estaban planteando algo más como estatización o alguna línea más así”, añadió el dirigente.
Con toda esta situación, parece complicado que la administración de Kicillof pueda tomar las riendas de FATE. Si bien es una empresa importante en suelo bonaerense, la crisis económica que atraviesa el gobierno provincial, sumado a que no se considera como una actividad estratégica, hacen que esta posibilidad quede nada más que en un posible proyecto de Ley.
Empresas recuperadas: los trabajadores al mando
El Censo de Empresas y Fábricas Recuperadas de la Provincia de Buenos Aires 2024-2025, elaborado por el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), relevó la situación de las cooperativas de trabajo surgidas a partir de empresas que atravesaron procesos de cierre, quiebra, abandono o vaciamiento. El relevamiento identificó 130 empresas recuperadas que se encuentran actualmente en actividad y que, en conjunto, reúnen a 4.155 trabajadores y trabajadoras.
El informe parte de un universo de 188 empresas recuperadas registradas como activas en la Provincia. Durante el trabajo de campo se detectaron además 10 nuevas cooperativas que no figuraban en el registro oficial. Al mismo tiempo, 25 cooperativas no estaban realizando actividades, otras ocho no registraban impuestos activos en ARCA y 25 no pudieron ser encontradas durante el relevamiento.
La distribución territorial muestra una fuerte concentración en el conurbano bonaerense. El 68% de las empresas recuperadas censadas tiene allí su espacio de trabajo, mientras que el 32% restante se encuentra en otros municipios de la Provincia. Los distritos con mayor cantidad son Avellaneda, con 17 cooperativas; Quilmes, con 15; General San Martín y La Matanza, con 11 cada uno; Lanús, con 9; Vicente López, con 7; y La Plata, con 6.
En cuanto a las actividades económicas, la industria manufacturera ocupa un lugar predominante: representa el 74,6% de las cooperativas censadas, con 97 empresas. Dentro de este sector se destacan la producción de alimentos, que representa el 25% de las actividades manufactureras; la industria metalúrgica, con el 22%; la actividad gráfica y textil, con el 8% cada una; y el cuero y calzado, con el 5%. También aparecen sectores como información y comunicaciones, comercio, salud, construcción y enseñanza.
El perfil de los asociados muestra una fuerte presencia masculina. El 76,7% son varones, el 23,3% mujeres y el 0,1% corresponde a otras identidades. En materia etaria, el 13,7% tiene entre 18 y 29 años, el 34,2% entre 30 y 45, el 42% entre 46 y 65 y el 10,1% más de 65 años. De esta manera, el 52,1% de los trabajadores tiene más de 46 años y el 86,3% supera los 30 años. Además, solamente 23 de las 130 cooperativas manifestaron necesitar incorporar nuevos asociados.
Otro de los problemas centrales detectados es el estado de la maquinaria. El 84% de las empresas considera que necesita renovar o incorporar equipamiento, mientras que una proporción importante también requiere reparar sus máquinas. En cuanto a la producción, el 58,5% realiza producción propia, el 12,3% trabaja exclusivamente a fason y el 29,2% combina ambas modalidades.
Respecto de los ingresos, el 80% proviene de la actividad productiva principal de las cooperativas. El resto se origina principalmente en alquileres, asistencia estatal, donaciones, reventa de productos y apoyo de federaciones u otras entidades. En materia de comercialización, el 66% cuenta con una marca propia. Todas las recuperadas venden dentro de la provincia y el 41% comercializa sus productos en varias provincias o en todo el país.
Astillero Río Santiago: el eterno problema de la administración bonaerense
El Astillero Río Santiago (ARS) concentra una de las partidas más altas del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, destinado fundamentalmente a sostener su masa salarial en un contexto de baja actividad productiva. Respecto a los números del presupuesto, el organismo cuenta con alrededor de 105.175 millones de pesos asignados para el ejercicio. El gasto en personal consume cerca de 98.376 millones de pesos, lo que representa el 93% de los fondos totales para una planta de trabajadores de aproximadamente 2.700 a 2.900 empleados.
Como contrapartida, el margen de inversión y los fondos destinados a obras, bienes de uso o capital operativo son mínimos en comparación con el costo salarial. En cuanto a la situación operativa y conflictos, el astillero enfrenta una parálisis y baja actividad, donde la construcción naval y los contratos productivos de envergadura se encuentran reducidos a su mínima expresión.
Los gremios como ATE mantienen tensiones y protestas debido a desacuerdos paritarios, reclamando aumentos e ingresos básicos superiores frente a la inflación, mientras sectores de la oposición cuestionan la relación entre el alto gasto y la escasa producción. Esto alimenta un fuerte debate político, ya que el ARS funciona principalmente como una estructura de pago de haberes con dependencia total del Estado provincial, lo que genera cuestionamientos sobre su reconversión o sustentabilidad a largo plazo.
Esteban Marcioni: “Vivimos una catástrofe productiva”
Esteban Marcioni, del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, describió el complejo escenario que atraviesan las 182 empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires. Tarifas, caída de la producción y nuevos trabajadores que buscan organizarse en cooperativas. Además, se refirió al caso FATE y a la posibilidad de que la Provincia intervenga en la empresa.
La crisis que atraviesa buena parte del entramado industrial bonaerense también golpea a las empresas recuperadas. El aumento de los costos, la caída de la actividad y el impacto de las importaciones configuran un escenario cada vez más complejo para las cooperativas que surgieron luego del cierre o abandono de fábricas por parte de sus antiguos propietarios.
Así lo planteó Esteban Marcioni, integrante del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), quien señaló que la situación de las empresas recuperadas no escapa al panorama general de la industria argentina. “La apertura indiscriminada de importaciones afectó bastante en algunos sectores más fuertes que en otros”, explicó.
Uno de los principales problemas que enfrentan actualmente las empresas recuperadas está relacionado con el incremento de las facturas de los servicios públicos. Según Marcioni, en la mayoría de estos establecimientos los costos de electricidad y gas llegaron a multiplicarse por tres o cuatro.
El funcionario puso como ejemplo el caso de una empresa que pasó de afrontar una factura de luz de $30 millones a otra de $120 millones en apenas un mes. “Es un delirio”, afirmó.
En este contexto, las cooperativas deben decidir cómo administrar recursos cada vez más escasos para evitar el cierre. Según explicó, en algunas asambleas de trabajadores incluso aparece el dilema de priorizar el pago de los servicios o garantizar los salarios.
A diferencia de una empresa tradicional, agregó Marcioni, en las recuperadas el ajuste no suele traducirse en despidos, sino en una reducción de los ingresos de quienes permanecen trabajando. De esta manera, una fábrica que en otro momento podía garantizar ingresos dignos para un centenar de trabajadores puede terminar generando recursos insuficientes para la subsistencia de esas mismas familias.
El escenario también está generando un fenómeno que comienza a repetirse con mayor frecuencia: trabajadores de empresas en crisis que consultan al IPAC para organizarse y constituirse como cooperativas.
Marcioni explicó que, durante las primeras grandes olas de despidos, esa demanda no llegaba con tanta frecuencia al organismo. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a aparecer nuevos casos de trabajadores que buscan asesoramiento para hacerse cargo de las unidades productivas.
Desde el IPAC remarcan que la decisión corresponde exclusivamente a los trabajadores. “Nosotros, desde el Instituto, lo que hacemos es acompañar la decisión que toman los trabajadores”, explicó Marcioni. En caso de que decidan avanzar con una cooperativa, el organismo ofrece las herramientas disponibles para acompañar el proceso.
El caso FATE y la posible estatización
En medio de este escenario aparece el conflicto de FATE y el planteo de los trabajadores para que el Estado provincial se haga cargo de la empresa.
Marcioni aclaró que, hasta el momento, el IPAC no recibió un pedido de asesoramiento por parte de los trabajadores de la compañía. Según señaló, la propuesta que trascendió públicamente estaría vinculada más con una eventual estatización que con la conformación de una empresa recuperada bajo gestión obrera.
Respecto de la posibilidad de convertir FATE en una empresa recuperada, el dirigente evitó aventurar una definición sin contar con mayor información. Consideró que debería analizarse la situación particular del sector, el nivel de productividad y las posibilidades de inserción de la empresa en el mercado.
En cuanto a una eventual estatización, directamente señaló que no conoce en profundidad la propuesta de los trabajadores y que el tema excede el ámbito específico del IPAC. “No sé, la verdad que no sería serio. Si te dijera, sí se puede o no se puede, me parece que hay que medirlo en cuanto a sector, a qué nivel de productividad tiene ese sector, qué posibilidad de inserción en el mercado”, sostuvo.
182 empresas recuperadas en la Provincia
Actualmente, el IPAC contabiliza 182 empresas recuperadas en territorio bonaerense, pertenecientes a una amplia variedad de actividades productivas. Marcioni destacó que cada experiencia tiene características propias y que no existe un único modelo para explicar cómo se desarrolla un proceso de recuperación.
Entre las experiencias que destacó aparecen Aceitera Matanza, Serial Coop, Durax y Textiles Pigüé. En el caso de Durax, resaltó que los trabajadores lograron poner nuevamente en funcionamiento una fábrica que había quedado sin servicios y recuperar parte del mercado nacional, además de acceder a mercados del Mercosur.
El funcionario también puso en valor el vínculo de estas cooperativas con sus comunidades. Según explicó, muchas recuperadas dejaron de ser solamente unidades productivas para convertirse en actores con participación activa en sus localidades.
En ese sentido, mencionó el caso de Durax, que donó kits de vajilla para viviendas construidas por la Provincia, y el de Textiles Pigüé, cuyos trabajadores impulsaron un proyecto de lotes para vivienda que también contempla a docentes e instituciones de la comunidad.
Para Marcioni, ese entramado constituye uno de los principales valores de las empresas recuperadas: además de sostener puestos de trabajo, pueden convertirse en una herramienta de desarrollo para las comunidades donde funcionan.
De acuerdo a los últimos datos que brindó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se perdieron 31.342 empresas en los primeros 31 meses de la gestión libertaria. En la provincia de Buenos Aires los datos son realmente tremendos. De acuerdo a la estadística que brindó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se perdieron un total de 8789 unidades productivas en toda la Provincia.
Sin ir más lejos, durante el transcurso de la última semana se produjeron cierres de empresas importantes en el Conurbano, que demuestra el tamaño de la crisis que sufre la industria manufacturera. La planta de Dorada SA (ex Dánica) de Llavallol bajará la persiana definitivamente y deja en la calle a una treintena de trabajadores. A su vez, la textil Alter de Berazategui, también cerrará sus puertas y crece la incertidumbre por la estabilidad laboral de los trabajadores de la histórica planta.
Pero hay dos empresas que mantienen un fuerte conflicto en la actualidad, sobre todo por la magnitud de las firmas. Tanto Granja Tres Arroyos como FATE, mostraron intenciones de cerrar y la estabilidad laboral de cientos de personas es una incógnita. Con respecto a la Granja, desde la empresa insinuaron con pagar parte de los salarios con pollos y crece la tensión. Se espera un acampe en Pilar en protesta por esta situación y en reclamo por la continuidad laboral.
Mientras que en FATE la tensión es extrema y el conflicto que tiene años de capítulos parece no llegar a su fin. La empresa que comanda Javier Madanes Quintanilla cerró su producción y hay 920 personas que pueden perder su puesto de trabajo. Según la empresa, el escenario de los últimos años había deteriorado fuertemente la competitividad de la planta. Entre los antecedentes señalados aparecen conflictos gremiales prolongados, reestructuraciones y pedidos de Procedimiento Preventivo de Crisis.
Por su parte, el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), rechaza la explicación empresarial y considera que el cierre constituye un lockout patronal. Para el gremio, no se trata simplemente de una empresa que dejó de ser rentable, sino de una decisión patronal que implica la destrucción de cientos de puestos de trabajo y de una planta industrial histórica.
Desde febrero, trabajadores despedidos mantienen una permanencia en la planta de Virreyes y reclaman la reapertura de la fábrica y la recuperación de los puestos de trabajo. El sindicato sostiene que el conflicto debe resolverse mediante una salida que permita mantener la actividad productiva. Sin embargo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta y su restitución a FATE, luego de hacer lugar al planteo presentado por la empresa. La resolución se produjo después de que vencieran las instancias de conciliación obligatoria sin que las partes alcanzaran un acuerdo.
La Cámara entendió que, una vez agotadas las instancias de conciliación, la permanencia en el establecimiento ya no constituía una herramienta eficaz para destrabar la negociación. Al mismo tiempo, el fallo no resolvió el fondo de la disputa laboral: las cuestiones vinculadas con indemnizaciones y compensaciones quedan fuera del ámbito penal en el que se dictó la medida.
Ante esta situación sumamente desesperante para los trabajadores, desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), realizaron una propuesta interesante que ya fue presentada en la Legislatura. La intención es declarar de “utilidad pública” la producción de la planta FATE con el fin de garantizar la continuidad de la firma y que base a la órbita de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa que elaboraron desde el gremio tiene como meta que se declare la “ocupación temporaria” de FATE y se preserven la producción y los puestos de trabajo, con el objetivo de evitar el cierre de la planta anunciada por la empresa y “salvar las fuentes de empleo de 920 empleados”. El Sutna sostuvo que una de las alternativas es que la provincia se haga cargo de FATE y así garantizar el “el funcionamiento del sistema logístico y del transporte público en todo el país”.
Ante esta situación, surge el interrogante sobre si la provincia de Buenos Aires puede hacerse cargo de los destinos de la empresa que mantiene en vilo a los trabajadores, Se trata de una empresa gigante que puede ser estratégica para el gobierno bonaerense. Sin embargo, hay un ejemplo reciente de una empresa de gran calibre que quedó en manos del estado y trajo varios dolores de cabeza: el Astillero Río Santiago.
El dirigente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Esteban Marcioni, se refirió a la posibilidad de que FATE pase en manos de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que es bastante difícil que FATE pase a ser una empresa recuperada. Allí expresó: “A nosotros no nos han pedido asesoramiento al IPAC, por lo menos desconozco a otros. Probablemente haya habido diálogo con otras áreas del gobierno de la provincia, a nosotros como IPAC no nos han solicitado hasta el momento, por ahora, ni asesoramiento, ni que podamos acompañar a algún grupo de trabajadores que quieran constituirse como cooperativa para hacerse cargo de la producción”.
“Entiendo que la demanda de los trabajadores viene en otro sentido, creo que estaban planteando algo más como estatización o alguna línea más así”, añadió el dirigente.
Con toda esta situación, parece complicado que la administración de Kicillof pueda tomar las riendas de FATE. Si bien es una empresa importante en suelo bonaerense, la crisis económica que atraviesa el gobierno provincial, sumado a que no se considera como una actividad estratégica, hacen que esta posibilidad quede nada más que en un posible proyecto de Ley.
Empresas recuperadas: los trabajadores al mando
El Censo de Empresas y Fábricas Recuperadas de la Provincia de Buenos Aires 2024-2025, elaborado por el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), relevó la situación de las cooperativas de trabajo surgidas a partir de empresas que atravesaron procesos de cierre, quiebra, abandono o vaciamiento. El relevamiento identificó 130 empresas recuperadas que se encuentran actualmente en actividad y que, en conjunto, reúnen a 4.155 trabajadores y trabajadoras.
El informe parte de un universo de 188 empresas recuperadas registradas como activas en la Provincia. Durante el trabajo de campo se detectaron además 10 nuevas cooperativas que no figuraban en el registro oficial. Al mismo tiempo, 25 cooperativas no estaban realizando actividades, otras ocho no registraban impuestos activos en ARCA y 25 no pudieron ser encontradas durante el relevamiento.
La distribución territorial muestra una fuerte concentración en el conurbano bonaerense. El 68% de las empresas recuperadas censadas tiene allí su espacio de trabajo, mientras que el 32% restante se encuentra en otros municipios de la Provincia. Los distritos con mayor cantidad son Avellaneda, con 17 cooperativas; Quilmes, con 15; General San Martín y La Matanza, con 11 cada uno; Lanús, con 9; Vicente López, con 7; y La Plata, con 6.
En cuanto a las actividades económicas, la industria manufacturera ocupa un lugar predominante: representa el 74,6% de las cooperativas censadas, con 97 empresas. Dentro de este sector se destacan la producción de alimentos, que representa el 25% de las actividades manufactureras; la industria metalúrgica, con el 22%; la actividad gráfica y textil, con el 8% cada una; y el cuero y calzado, con el 5%. También aparecen sectores como información y comunicaciones, comercio, salud, construcción y enseñanza.
El perfil de los asociados muestra una fuerte presencia masculina. El 76,7% son varones, el 23,3% mujeres y el 0,1% corresponde a otras identidades. En materia etaria, el 13,7% tiene entre 18 y 29 años, el 34,2% entre 30 y 45, el 42% entre 46 y 65 y el 10,1% más de 65 años. De esta manera, el 52,1% de los trabajadores tiene más de 46 años y el 86,3% supera los 30 años. Además, solamente 23 de las 130 cooperativas manifestaron necesitar incorporar nuevos asociados.
Otro de los problemas centrales detectados es el estado de la maquinaria. El 84% de las empresas considera que necesita renovar o incorporar equipamiento, mientras que una proporción importante también requiere reparar sus máquinas. En cuanto a la producción, el 58,5% realiza producción propia, el 12,3% trabaja exclusivamente a fason y el 29,2% combina ambas modalidades.
Respecto de los ingresos, el 80% proviene de la actividad productiva principal de las cooperativas. El resto se origina principalmente en alquileres, asistencia estatal, donaciones, reventa de productos y apoyo de federaciones u otras entidades. En materia de comercialización, el 66% cuenta con una marca propia. Todas las recuperadas venden dentro de la provincia y el 41% comercializa sus productos en varias provincias o en todo el país.
Astillero Río Santiago: el eterno problema de la administración bonaerense
El Astillero Río Santiago (ARS) concentra una de las partidas más altas del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, destinado fundamentalmente a sostener su masa salarial en un contexto de baja actividad productiva. Respecto a los números del presupuesto, el organismo cuenta con alrededor de 105.175 millones de pesos asignados para el ejercicio. El gasto en personal consume cerca de 98.376 millones de pesos, lo que representa el 93% de los fondos totales para una planta de trabajadores de aproximadamente 2.700 a 2.900 empleados.
Como contrapartida, el margen de inversión y los fondos destinados a obras, bienes de uso o capital operativo son mínimos en comparación con el costo salarial. En cuanto a la situación operativa y conflictos, el astillero enfrenta una parálisis y baja actividad, donde la construcción naval y los contratos productivos de envergadura se encuentran reducidos a su mínima expresión.
Los gremios como ATE mantienen tensiones y protestas debido a desacuerdos paritarios, reclamando aumentos e ingresos básicos superiores frente a la inflación, mientras sectores de la oposición cuestionan la relación entre el alto gasto y la escasa producción. Esto alimenta un fuerte debate político, ya que el ARS funciona principalmente como una estructura de pago de haberes con dependencia total del Estado provincial, lo que genera cuestionamientos sobre su reconversión o sustentabilidad a largo plazo.
Esteban Marcioni: “Vivimos una catástrofe productiva”
Esteban Marcioni, del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, describió el complejo escenario que atraviesan las 182 empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires. Tarifas, caída de la producción y nuevos trabajadores que buscan organizarse en cooperativas. Además, se refirió al caso FATE y a la posibilidad de que la Provincia intervenga en la empresa.
La crisis que atraviesa buena parte del entramado industrial bonaerense también golpea a las empresas recuperadas. El aumento de los costos, la caída de la actividad y el impacto de las importaciones configuran un escenario cada vez más complejo para las cooperativas que surgieron luego del cierre o abandono de fábricas por parte de sus antiguos propietarios.
Así lo planteó Esteban Marcioni, integrante del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), quien señaló que la situación de las empresas recuperadas no escapa al panorama general de la industria argentina. “La apertura indiscriminada de importaciones afectó bastante en algunos sectores más fuertes que en otros”, explicó.
Uno de los principales problemas que enfrentan actualmente las empresas recuperadas está relacionado con el incremento de las facturas de los servicios públicos. Según Marcioni, en la mayoría de estos establecimientos los costos de electricidad y gas llegaron a multiplicarse por tres o cuatro.
El funcionario puso como ejemplo el caso de una empresa que pasó de afrontar una factura de luz de $30 millones a otra de $120 millones en apenas un mes. “Es un delirio”, afirmó.
En este contexto, las cooperativas deben decidir cómo administrar recursos cada vez más escasos para evitar el cierre. Según explicó, en algunas asambleas de trabajadores incluso aparece el dilema de priorizar el pago de los servicios o garantizar los salarios.
A diferencia de una empresa tradicional, agregó Marcioni, en las recuperadas el ajuste no suele traducirse en despidos, sino en una reducción de los ingresos de quienes permanecen trabajando. De esta manera, una fábrica que en otro momento podía garantizar ingresos dignos para un centenar de trabajadores puede terminar generando recursos insuficientes para la subsistencia de esas mismas familias.
El escenario también está generando un fenómeno que comienza a repetirse con mayor frecuencia: trabajadores de empresas en crisis que consultan al IPAC para organizarse y constituirse como cooperativas.
Marcioni explicó que, durante las primeras grandes olas de despidos, esa demanda no llegaba con tanta frecuencia al organismo. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a aparecer nuevos casos de trabajadores que buscan asesoramiento para hacerse cargo de las unidades productivas.
Desde el IPAC remarcan que la decisión corresponde exclusivamente a los trabajadores. “Nosotros, desde el Instituto, lo que hacemos es acompañar la decisión que toman los trabajadores”, explicó Marcioni. En caso de que decidan avanzar con una cooperativa, el organismo ofrece las herramientas disponibles para acompañar el proceso.
El caso FATE y la posible estatización
En medio de este escenario aparece el conflicto de FATE y el planteo de los trabajadores para que el Estado provincial se haga cargo de la empresa.
Marcioni aclaró que, hasta el momento, el IPAC no recibió un pedido de asesoramiento por parte de los trabajadores de la compañía. Según señaló, la propuesta que trascendió públicamente estaría vinculada más con una eventual estatización que con la conformación de una empresa recuperada bajo gestión obrera.
Respecto de la posibilidad de convertir FATE en una empresa recuperada, el dirigente evitó aventurar una definición sin contar con mayor información. Consideró que debería analizarse la situación particular del sector, el nivel de productividad y las posibilidades de inserción de la empresa en el mercado.
En cuanto a una eventual estatización, directamente señaló que no conoce en profundidad la propuesta de los trabajadores y que el tema excede el ámbito específico del IPAC. “No sé, la verdad que no sería serio. Si te dijera, sí se puede o no se puede, me parece que hay que medirlo en cuanto a sector, a qué nivel de productividad tiene ese sector, qué posibilidad de inserción en el mercado”, sostuvo.
182 empresas recuperadas en la Provincia
Actualmente, el IPAC contabiliza 182 empresas recuperadas en territorio bonaerense, pertenecientes a una amplia variedad de actividades productivas. Marcioni destacó que cada experiencia tiene características propias y que no existe un único modelo para explicar cómo se desarrolla un proceso de recuperación.
Entre las experiencias que destacó aparecen Aceitera Matanza, Serial Coop, Durax y Textiles Pigüé. En el caso de Durax, resaltó que los trabajadores lograron poner nuevamente en funcionamiento una fábrica que había quedado sin servicios y recuperar parte del mercado nacional, además de acceder a mercados del Mercosur.
El funcionario también puso en valor el vínculo de estas cooperativas con sus comunidades. Según explicó, muchas recuperadas dejaron de ser solamente unidades productivas para convertirse en actores con participación activa en sus localidades.
En ese sentido, mencionó el caso de Durax, que donó kits de vajilla para viviendas construidas por la Provincia, y el de Textiles Pigüé, cuyos trabajadores impulsaron un proyecto de lotes para vivienda que también contempla a docentes e instituciones de la comunidad.
Para Marcioni, ese entramado constituye uno de los principales valores de las empresas recuperadas: además de sostener puestos de trabajo, pueden convertirse en una herramienta de desarrollo para las comunidades donde funcionan.