La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Prisión preventiva para el comerciante que mató a un adolescente que intentó robarle: las repercusiones políticas
La decisión judicial sobre Ulises Cristiano generó una fuerte reacción entre dirigentes marplatenses. El presidente del Concejo, Emiliano Recalt, cuestionó el fallo y reclamó cambios en el Código Penal. Desde el PRO, Emiliano Giri también salió a expresarse.
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La decisión de la Justicia marplatense de dictar la prisión preventiva para Ulises Cristiano, el comerciante que mató de tres disparos a un adolescente durante un intento de robo, volvió a instalar la discusión sobre la legítima defensa en la agenda política local. El expediente avanzó luego de que el Juzgado de Garantías N°3 hiciera lugar al planteo de la fiscal Costanza Mandagarán y dispusiera la prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.
La resolución judicial generó una rápida reacción dentro del Concejo Deliberante. Su presidente, Emiliano Recalt, cuestionó con dureza la decisión y vinculó el caso con otro episodio que también había provocado fuertes cruces políticos. “Un retroceso total. Esto es tan lamentable como lo de la jueza de lomas”, expresó. Y fue más allá al reclamar una modificación de la legislación: “¿Qué estamos esperando para modificar el código penal? La legítima defensa acá no puede estar en duda”.
El planteo político se produjo mientras Cristiano continúa bajo arresto domiciliario y la investigación sigue su curso. La jueza Rosa Frende rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa al considerar que no estaba acreditada con certeza absoluta la causal de legítima defensa invocada. Además, ordenó el análisis del teléfono celular del imputado como parte de las medidas para avanzar en el expediente.
La reacción también llegó desde el PRO marplatense. Su titular, Emiliano Giri, fue todavía más escueto y resumió su postura: “Hijos de puta, hijos de puta”.
Una decisión estrictamente judicial volvió a trasladar la discusión al terreno político, con dirigentes locales que pusieron el foco en los alcances de la legítima defensa y en la necesidad de revisar las herramientas legales frente a hechos de inseguridad. El caso Cristiano, mientras tanto, continúa bajo investigación y con una definición judicial que todavía no implica una condena.