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Redacción
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Serga.NET
19 de septiembre de 2026
Playa Redonda: la Justicia citó al ambientalista Kanki Alonso por la toma del predio
La Fiscalía sostiene que existen motivos suficientes para sospechar que el integrante del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur fue coautor de los hechos investigados. La audiencia fue fijada para el 2 de octubre bajo el artículo 308 del Código Procesal Penal. El expediente investiga el ingreso al lugar, la obstrucción de los accesos y el cierre del establecimiento.
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La discusión por la Playa Redonda sumó un nuevo capítulo judicial. Cuatro meses después de que la concesionaria Santiago de Compostela 1943 S.A. denunciara penalmente a integrantes de los sectores que resistieron la entrega de la UTF, la Fiscalía avanzó ahora con una citación para el integrante del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, Kanki Alonso, a quien investiga por la presunta “turbación de la posesión o tenencia de un inmueble”.
La resolución de la UFIJ N°12, fechada el 16 de septiembre, sostiene que existen “motivos suficientes para sospechar” que Alonso fue coautor de los hechos investigados. La audiencia fue fijada para el 2 de octubre, a las 11, y será en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense.
Según la Fiscalía, antes del 26 de mayo un grupo de personas ingresó al predio, rompió el candado de la tranquera, colocó pancartas y obstruyó el acceso con ramas y escombros. Luego, siempre de acuerdo con el expediente, el lugar quedó cerrado con una cadena y un candado para impedir el ingreso y egreso de quienes ejercían la posesión. Entre los elementos incorporados aparecen fotografías, informes policiales, declaraciones testimoniales e inspecciones oculares.
En junio, tras la toma de posesión de la UTF, la presidenta de Santiago de Compostela 1943 S.A., había presentado una denuncia penal por presunta usurpación contra integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados.
Ahora, el expediente coloca a Alonso en el centro de la disputa.o Y detrás de la pelea por la playa aparece una discusión más amplia: qué ocurre cuando la resistencia a un proyecto de desarrollo pasa de la protesta y el reclamo institucional a acciones que, según la investigación fiscal, podrían configurar un delito.
La UTF fue adjudicada a Santiago de Compostela 1943 S.A. con un canon anual de $90 millones y una inversión prevista de $2.521 millones en obras e infraestructura. El proyecto, por su parte, fue presentado por la concesionaria como una propuesta de desarrollo turístico de bajo impacto y con preservación del carácter natural del lugar.
La controversia adquiere otra dimensión si se tiene en cuenta que detrás de la UTF existe un desarrollo que, como cualquier emprendimiento turístico, puede implicar inversión, actividad económica y generación de puestos de trabajo. La discusión sobre qué modelo de ciudad se quiere no debería confundirse con la posibilidad de impedir por vías de hecho un proyecto que atravesó los procedimientos administrativos correspondientes.
La discusión ambiental y sobre el modelo de explotación de la costa seguirá abierta. Pero la Justicia ya abrió otro frente: determinar si, en el intento por frenar la llegada de la concesionaria, algunos actores cruzaron la línea que separa la oposición y la protesta de una conducta con consecuencias penales. Y en ese escenario, Kanki Alonso deberá dar explicaciones ante la Fiscalía.