31 de agosto de 2026
CAUSA POR LAVADO
La Justicia intervino la sociedad que administra Vorterix en Mar del Plata
El Juzgado Federal N° 4 de Rosario dispuso la intervención de VTX Rosario S.A., la firma a cargo de espacios teatrales y gastronómicos en la ciudad y en Rosario. La medida investiga si la estructura comercial fue utilizada para blanquear fondos de la organización criminal liderada por Brian Bilbao.
La sombra del narcotráfico y el lavado de activos volvió a posarse sobre el entramado comercial y nocturno de la región. En una resolución de fuerte impacto institucional y político, el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, conducido por el juez Carlos Vera Barros, ordenó la intervención judicial por un plazo de 90 días sobre la firma VTX Rosario S.A. Se trata de la sociedad anónima encargada de administrar el teatro Vorterix de la ciudad santafesina y de explotar comercialmente un reconocido recinto cultural y de espectáculos en Mar del Plata.
La medida fue promovida a partir de una exhaustiva labor llevada adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Contravencional, bajo las firmas de los fiscales Matías Scilabra, Diego Velasco y Juan Argibay Molina. Las actuaciones judiciales apuntan a determinar si la infraestructura legal de la empresa, así como sus ramificaciones gastronómicas en la Costa Atlántica, sirvió como pantalla para incorporar dinero proveniente del tráfico de cocaína al circuito financiero legal.
En el centro de las sospechas se ubica la organización liderada por Brian Walter Bilbao, un presunto capo narco con capacidad logística para operar aeronaves y hangares propios en el sur santafesino. Según se desprende del expediente, la vinculación entre el esquema criminal y la administración de los espacios artísticos y gastronómicos no era directa en los papeles. Ni Bilbao ni su allegado Germán Antonio Urán figuraban formalmente en la composición societaria aprobada por los organismos de control. Sin embargo, las escuchas telefónicas y el entrecruzamiento de datos patrimoniales permitieron a la Justicia establecer la existencia de un control de hecho ejercido a través de terceros.
El desembarco de esta red en Mar del Plata se hace visible en el análisis de las sociedades satélite ligadas al grupo. Entre ellas destaca la firma Muchamerde SRL, abocada a la explotación de bares en el ámbito local. La investigación judicial detectó que los titulares formales de dicha sociedad carecían de la capacidad económica necesaria para justificar sus aportes y tenencias. En intervenciones telefónicas incorporadas a la causa, los propios involucrados reconocían maniobras para ocultar a los verdaderos dueños debido a la imposibilidad de justificar el origen de los fondos ante los organismos tributarios.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal se sostiene en cuatro pilares: la existencia de un delito determinado previo, un crecimiento patrimonial sin justificativo formal, la falta de ingresos lícitos que fundamenten las erogaciones y la ausencia de actividades comerciales legítimas en los supuestos inversores. En el caso del líder de la banda, las declaraciones ante el fisco se limitaban a servicios de transporte de pasajeros, registro incongruente con el flujo de capitales, adquisición de vehículos de alta gama e inmuebles detectados durante la pesquisa.
Frente al riesgo de que los activos bajo investigación sean redirigidos o transferidos antes de culminar las actuaciones, la Justicia designó un síndico interventor que asumirá facultades de recaudación y confeccionará un inventario detallado de los bienes. La causa, que combina elementos del crimen organizado, la logística del narcotráfico regional y las sombras de la economía informal en centros turísticos y culturales, abre un nuevo capítulo sobre los controles vigentes en la habilitación y transferencia de firmas comerciales en Mar del Plata.