Una exhaustiva investigación judicial radicada en la capital bonaerense derivó en un amplio despliegue de la Policía Federal Argentina que sacudió el panorama institucional y empresarial de Mar del Plata, La Plata, Quilmes y la provincia de Córdoba. La causa, que pisa sobre las presuntas figuras de lavado de dinero y explotación de juego clandestino, expuso una sofisticada arquitectura financiera diseñada para ingresar sumas astronómicas provenientes de apuestas informales al circuito económico formal.
El origen de la pesquisa, encabezada por la fiscal platense Betina Lacki, se remonta a la denuncia de una trabajadora de limpieza del fuero judicial. La mujer descubrió que, tras ceder sus datos a cambio de una retribución económica para la apertura de una cuenta digital, figuraba como titular de movimientos por más de 172 millones de pesos, situación que derivó en la suspensión de sus asistencias estatales. Ese hilo conductor permitió a los investigadores reconstruir una red de "mulas financieras" reclutadas en sectores vulnerables. Entre los tres aprehendidos figura un agente del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, señalado como una pieza clave en la captación de identidades para canalizar los fondos.
El esquema operaba mediante el fraccionamiento sistemático de capitales —modalidad conocida en la jerga financiera como smurfing— para sortear las alertas informáticas y los controles de organismos reguladores. Según las estimaciones judiciales, la organización habría movilizado cerca de 27.000 millones de pesos en el lapso de un año, fondos que posteriormente se vinculaban a la operatoria de casinos virtuales no autorizados y al correo electrónico institucional de plataformas de apuestas ilegales.
La onda expansiva de la causa tuvo un fuerte impacto territorial en Mar del Plata. En esa ciudad balnearia se concretó la detención de un hombre de iniciales M.P., presuntamente ligado a la firma comercial Red Line. Los efectivos de la División Unidad de Investigación Federal (DUIF) inspeccionaron tres sedes de dicha cadena de gimnasios —ubicadas sobre las avenidas Constitución, Peralta Ramos y la calle Dorrego—, además de concretar allanamientos en propiedades de alto perfil, entre las que destaca un departamento del complejo residencial Torres Pelli, una unidad en la zona céntrica y una finca en el barrio Montemar.
Durante los procedimientos, las fuerzas federales incautaron material informático, dispositivos móviles y documentación contable orientada a precisar la ruta final del dinero y la eventual participación de otros actores societarios. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas de prueba a medida que se analicen las evidencias digitales recabadas
