18 de julio de 2026
POLÍTICA EDUCATIVA
El Concejo Deliberante convalidó la restricción de los celulares en las secundarias municipales
La sanción del expediente regula los dispositivos digitales en las aulas de General Pueyrredon. Aunque la norma alcanzó un amplio consenso político, su aplicación en el territorio expone los desafíos estructurales de un sistema que carece de infraestructura propia y delega la responsabilidad operativa en los docentes.
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon dio un paso decisivo en la configuración del entorno escolar local al sancionar la ordenanza correspondiente al expediente 1144/26. Durante la quinta Sesión Pública Ordinaria del 111° Período Legislativo, el cuerpo deliberativo aprobó casi por unanimidad la regulación del uso de teléfonos móviles, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo personal de comunicación digital en las escuelas secundarias de gestión municipal. La iniciativa, que solo registró la abstención del edil Guido García de la Coalición Cívica —quien argumentó en favor de sostener la autonomía de cada comunidad educativa por sobre un criterio homogéneo—, establece que las pantallas deberán permanecer guardadas y fuera de uso durante la jornada de clases, permitiendo su utilización únicamente cuando medie un requerimiento explícito del docente con fines pedagógicos específicos.
La propuesta se inscribe en una corriente regulatoria global y nacional que ya encuentra correlato en once jurisdicciones del país. La fundamentación legislativa se apoyó firmemente en diagnósticos sobre el retroceso de la atención en el aula provocado por los estímulos constantes de las aplicaciones y las redes sociales. Indicadores de organizaciones técnicas elaborados sobre las evaluaciones PISA señalan que el 54 por ciento de los alumnos reconoce dispersarse con sus propios terminales en clase, mientras que el 46 por ciento sufre la desconcentración por el uso que hacen sus compañeros. Con esta medida, la comuna profundiza un sendero normativo que comenzó a finales de 2024 con la restricción en el nivel primario municipal, puesta en vigencia a partir de mayo de 2025, y que se acopla a las leyes dispuestas por la Legislatura bonaerense para los colegios de jurisdicción provincial.
Sin embargo, la aprobación del proyecto reactiva los interrogantes técnicos y sociales que tiñeron su tratamiento previo. El texto definitivo no solo fija la limitación en las aulas, sino que encomienda a la Secretaría de Educación el diseño de jornadas de formación sobre bienestar digital destinadas a familias y docentes, junto con un mecanismo de monitoreo periódico para evaluar el impacto de la norma sobre el aprendizaje y la convivencia interna. Es precisamente en este punto analítico donde la viabilidad de la política pública se topará con la fisonomía real del distrito. En los cordones periféricos de Mar del Plata y en la localidad de Batán, la pantalla comercial suele funcionar como el soporte exclusivo para la lectura de apuntes y materiales didácticos ante la escasez de recursos físicos, por lo que la aplicación rígida de la norma corre el riesgo de colisionar con la vulnerabilidad material de ciertas comunidades.
La ordenanza, en su concepción final, asume que la tecnología es un recurso válido siempre que esté subordinada a una estrategia pedagógica clara, distanciándose de una mirada puramente prohibitiva. No obstante, la normativa tiende a depositar la carga de la ejecución directamente sobre los equipos directivos y los educadores a través de las adecuaciones en los Acuerdos Institucionales de Convivencia. Ante la falta de partidas presupuestarias explícitas para el reequipamiento material de las instituciones o para el despliegue de programas continuos de formación docente en alfabetización digital avanzada y gestión de adicciones conductuales, el personal escolar queda expuesto a resolver de forma aislada las fricciones de la abstinencia digital dentro de la dinámica diaria. El éxito de esta nueva regla de convivencia no dependerá únicamente del rigor formal del texto aprobado, sino de la capacidad real de la administración local para acompañar con financiamiento real una transición que excede la mera guarda de un dispositivo móvil.