En su declaración judicial por el caso La Robla, la consultora María Müller desnudó que el Concejo Deliberante convalidó las excepciones del eje Mariani-Miconi de forma condicional. El evidente conflicto de intereses con su conviviente, el secretario Jorge "Guasa" González, y la falta de aprobaciones definitivas en el grueso de los proyectos suntuosos locales.

La pareja del secretario de Obras admitió que se aprobaron megatorres sin la declaración de impacto ambiental

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El engranaje político-corporativo que moldea el perfil urbano de Mar del Plata cruje en sede judicial. Así como la amnesia selectiva de Jerónimo Mariani, la defensa del "ABC del capitalismo" ensayada por Oscar Cañadas y la ofensiva para evitar el archivo de la causa penal contra el suspendido Ricardo Rodríguez, la declaración testimonial de la ingeniera María Müller asestó un golpe sistémico. Müller, la consultora ambiental estratégica de los emprendimientos del estudio Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas y de la Fiduciaria Paisajes Urbanos de Florencia Miconi, tuvo que responder ante el juez Simón Isacch en el marco del litigio por el predio de La Robla. Su testimonio no solo ratificó una fractura ética en la cúpula de la gestión municipal, sino que dejó al descubierto que la ciudad concede excepciones multimillonarias prescindiendo de las aprobaciones ambientales básicas que exige la ley.

El primer eje de su comparecencia bajo juramento confirmó el conflicto de intereses que anida en el corazón del aparato estatal. Müller admitió ante el magistrado que mantiene un vínculo de pareja con Jorge "Guasa" González, quien se desempeña como secretario de Obras y Planeamiento Urbano de la comuna. Se trata de la cartera que recibe, tramita y filtra técnicamente cada uno de los expedientes que solicitan indicadores de altura y excepciones constructivas antes de ser girados al Concejo Deliberante. En términos prácticos, el funcionario político encargado de velar por el cumplimiento del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y evaluar la viabilidad de los rascacielos costeros valida las carpetas técnicas suscritas por su propia esposa.

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Frente a esta intromisión en los asuntos públicos, la estrategia de la defensa intentó erigir un muro de contención formal. A través de su cuestionario, buscó instalar que las intervenciones de Müller se limitaban exclusivamente al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), ante la Dirección de Gestión Ambiental, despegando su actividad de la Secretaría de su marido. Sin embargo, ese intento de coartada se estrella contra la realidad administrativa de General Pueyrredon. El EMSUR y la Secretaría de Obras no funcionan como compartimentos estancos, sino como dos autoridades concurrentes y complementarias en el desarrollo urbano: el expediente ambiental tramitado ante el Ente es un insumo obligatorio para que la cartera de Obras autorice la viabilidad de los proyectos. La teoría de las ventanillas separadas es una ficción burocrática destinada a maquillar un esquema circular donde el Estado actúa de ambos lados del mostrador.

La gravedad de la declaración de Müller sobrevino cuando el juez Isacch le preguntó si alguna de sus evaluaciones de impacto ambiental había sido rechazada por el municipio. Si bien la testigo contestó negativamente, su aclaración posterior desnudó la absoluta precariedad legal del desarrollo inmobiliario local. Müller confesó textualmente que, de todo el listado de megaproyectos patrimoniales en altura que coordinó, el único que completó el proceso de evaluación y obtuvo la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue el Château Frontenac.

El resto de las obras emblemáticas que alteran la morfología costera y residencial de la ciudad —como el Unkanny Residence y el actual foco de conflicto en La Robla, entre otros— se encuentran enteramente en proceso de aprobación y con carácter de pendientes. Esto demuestra que la mayoría automática del Concejo Deliberante votó y sancionó ordenanzas de excepción definitivas en favor del cartel Mariani-Miconi basándose en meros estudios preliminares y adendas parciales, sin contar con la habilitación ambiental terminada. Al normalizar la aprobación de indicadores urbanos con el proceso ambiental en trámite, el municipio optó por postergar el cuidado del entorno y la infraestructura de servicios, transformándolos en un mero trámite burocrático supeditado a la urgencia de la renta inmobiliaria.

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