3 de julio de 2026
POLÉMICA
Contradicciones y giros normativos en el cuidado de los polideportivos
La empresa que días atrás había sido penalizada por el EMDER por abandonar sus tareas fundamentales en los barrios de Mar del Plata fue recompensada con un auxilio financiero exprés bajo el pretexto de que su labor era indispensable. El presidente del ente, Sebastián D’Andrea firmó las resoluciones desoyendo las advertencias de la Contaduría y esquivando las objeciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El manejo de los fondos públicos y el control de los proveedores del Estado en General Pueyrredon sumaron un capítulo de alta opacidad institucional y contradicción política. A través de dos resoluciones consecutivas firmadas por el presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, Sebastian D’Andrea, el Ejecutivo local expuso una llamativa ligereza para convalidar beneficios económicos a una empresa contratista que, de forma simultánea, acumulaba severos informes por incumplimiento de sus tareas esenciales en la ciudad. Los expedientes oficiales del caso exponen cómo la lógica de la discrecionalidad política terminó por imponerse sobre los mecanismos técnicos de control y los límites específicos que fija la legislación provincial para resguardar las arcas públicas.
El entramado administrativo comenzó a ventilarse de manera oficial a mediados de junio, cuando D’Andrea estampó su firma en la Resolución 165. Mediante ese acto, el funcionario debió convalidar una sanción punitiva y un descuento de haberes contra el proveedor Roberto Francisco Cappi, adjudicatario del servicio integral de limpieza en los natatorios del organismo. La medida no fue un arrebato burocrático, sino el resultado de minuciosas auditorías internas de los responsables de los complejos polideportivos barriales de Libertad y Centenario. Los informes técnicos detallaron un sistemático esquema de ausentismo del personal de limpieza durante el mes de abril de 2026, dejando turnos enteros descubiertos e incluso jornadas completas de fin de semana sin prestación alguna, una situación de abandono que obligó a las jefaturas de las áreas a ratificar las denuncias y rechazar los descargos defensivos de la empresa contratista.
Sin embargo, la firmeza punitiva exhibida por D’Andrea duró apenas una semana. Seis días después de sancionar a la firma de Cappi por dejar los polideportivos sin higiene, el propio presidente del EMDER firmó la Resolución 169, abriendo una polémica renegociación contractual que otorgó un incremento directo del 18 por ciento sobre los valores del servicio a partir de junio de 2026. El derrotero de este beneficio económico expone severas desprolijidades por parte del privado, que ingresó un reclamo inicial alegando desfases de costos superiores al 35 por ciento, para luego desistir imprevistamente y adecuar el pedido exacto al porcentaje que la cúpula política del ente estaba dispuesta a concederle.
Lo verdaderamente grave en términos de control institucional surge del dictamen de la Contaduría del EMDER. Al analizar la ruta del dinero y el expediente del aumento, la contadora del organismo público interpuso un freno técnico y dejó asentada una advertencia de máxima gravedad legal: el trámite impulsado por la presidencia incurría en una abierta inobservancia de los artículos 31 y 118 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, encuadrando la anomalía en los términos del artículo 186 de dicha ley, el cual regula las responsabilidades de los funcionarios por el uso indebido de los recursos del Estado.
Lejos de detener el expediente ante semejante advertencia legal del órgano auditor, Sebastian D’Andrea decidió avanzar y otorgar de puño y letra su visto bueno político para destrabar el desembolso a la empresa infractora. Para justificar la elusión de los reparos normativos provinciales, el funcionario recurrió al argumento de declarar la higiene de las piletas como un servicio esencial para mantener abiertos los escenarios deportivos.
La paradoja institucional expuesta es total: la misma empresa que días atrás había sido penalizada por abandonar sus tareas fundamentales en los barrios de Mar del Plata fue recompensada con un auxilio financiero exprés bajo el pretexto de que su labor era indispensable. El caso desnuda un modus operandi donde los controles técnicos ceden ante la conveniencia de la gestión de turno, dejando un peligroso precedente sobre cómo se administran y renegocian los contratos públicos en la ciudad.