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Tras el vencimiento de la Ordenanza 25.113, el Ejecutivo respondió y defendió el régimen de incentivos
El secretario de Obras, Jorge “Guasa” González, envió las respuestas al Concejo en medio del debate por la extensión del régimen, que venció el 14 de junio y busca ser prorrogado hasta 2027.
Con la última prórroga de la Ordenanza 25.113 ya vencida —el pasado 14 de junio— el debate por la continuidad del Régimen de Incentivos a la Construcción volvió a escalar en el Concejo Deliberante, en un escenario atravesado por pedidos de informes, críticas opositoras y la expectativa de una nueva extensión hasta 2027.
El expediente había quedado en comisión en la última reunión de Legislación (Bordaisco-UCR-NA) del 8 de junio, a la espera de las respuestas solicitadas por la Comisión de Obras (Muro-Pro) a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y a Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE). Los pedidos habían sido impulsados tras la reunión del 26 de mayo, cuando se aprobó el giro a informes sobre distintos puntos clave del régimen.
La oposición, con el acompañamiento del radicalismo, planteó dudas sobre el alcance real de la herramienta. Entre los ejes solicitados se incluyeron la cantidad de proyectos aprobados, los metros cuadrados efectivamente construidos, el impacto en el empleo, la recaudación municipal, la presión sobre la infraestructura urbana y los servicios, además de las consecuencias ambientales y la eventual actualización del Código de Ordenamiento Territorial.
En ese marco, el Ejecutivo respondió formalmente el 26 de junio a través del polémico secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge “Guasa” González, quien defendió el régimen y detalló su impacto acumulado.
En relación a la cantidad de obras, el funcionario informó que “se han superado ampliamente los dos millones de metros cuadrados (2.000.000 m2) de obra a construir aprobados y registrados en el Partido de General Pueyrredon”, desagregando cifras anuales entre 2021 y 2025 que, según el detalle oficial, alcanzan en total más de 2,6 millones de metros cuadrados.
Sobre el empleo, González sostuvo que la Secretaría no cuenta con estadísticas propias, aunque señaló que “las declaraciones de orden público de los distintos actores que componen la industria de la construcción —gremio (UOCRA), Cámara Argentina de la Construcción, Centro de Constructores y Anexos— manifiestan el pleno empleo en la ciudad en los últimos años”.
En cuanto a la recaudación, el informe indicó que “se ha incrementado la recaudación municipal en concepto de Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción en un 25%”, agregando además aumentos en la TSU vinculados a nuevas superficies incorporadas al catastro municipal.
Respecto del impacto en la infraestructura, el Ejecutivo afirmó que “en todos los expedientes constan informes favorables de las empresas prestadoras de servicios (OSSE, EDEA, Camuzzi)”, mientras que en materia ambiental aseguró que el régimen permitió “reducir el consumo energético” y prevenir obras paralizadas con riesgo de convertirse en pasivos ambientales.
Finalmente, González defendió la vigencia del esquema al señalar que, aunque fue diseñado en el contexto de la pandemia, “sus sucesivas prórrogas han contemplado una adecuación y actualización respecto del ajuste de indicadores urbanísticos”.
En paralelo, la propuesta oficial en discusión busca extender el régimen por otros 18 meses, hasta diciembre de 2027. En sus fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la herramienta permitió dinamizar la actividad de la construcción, sostener el empleo y promover la inversión privada en el distrito.
Con el esquema ya vencido y las respuestas sobre la mesa, el Concejo deberá ahora definir si avanza con una nueva prórroga o si abre la discusión para revisar integralmente el régimen de incentivos a la construcción.