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La crisis de la OAM se profundiza: renunció el tesorero y los asociados exigen explicaciones
La dimisión de uno de los integrantes del Consejo Directivo se conoció luego de que un grupo de asociados presentará un extenso requerimiento para acceder a documentación sobre la administración de la mutual y el acuerdo firmado con ROISA S.A. Además, anticiparon que recurrirán al INAES si no obtienen respuestas.
La salida del tesorero de la Obra Asistencial Mutual (OAM), Edgardo Alberti, volvió a dejar expuesta la delicada situación institucional que atraviesa la entidad. La renuncia se produjo en medio de un creciente malestar entre los asociados, quienes presentaron un requerimiento formal para que la Junta Fiscalizadora brinde información detallada sobre la administración de la mutual y, especialmente, sobre el acuerdo suscripto con la firma ROISA S.A.
El pedido, impulsado por un grupo de afiliados, reúne una extensa serie de consultas vinculadas al funcionamiento económico y administrativo de la institución. Entre otros puntos, solicitan acceder al contrato firmado el 19 de febrero del 2026 con la empresa, conocer el estado financiero de la mutual, las condiciones en las que se negoció ese convenio, las actas que autorizaron su aprobación y los informes de auditoría realizados.
También reclamaron datos sobre la deuda con prestadores, la evolución del padrón de asociados, los desembolsos efectuados por la entidad, los despidos registrados durante la actual gestión y diferentes actuaciones administrativas relacionadas con el manejo de la OAM.
Uno de los ejes del planteo gira en torno al vínculo contractual con ROISA. Los asociados sostienen que existe una contradicción entre las explicaciones públicas brindadas por las autoridades de la mutual y la documentación suscripta. Mientras la conducción afirmó en distintas oportunidades que la empresa actúa simplemente como un prestador de servicios, el contrato la define como un "gerenciamiento de prestación de servicios médico-asistenciales", una figura que, entienden, podría implicar obligaciones estatutarias diferentes y requerir procedimientos específicos para su aprobación.
En ese marco, también solicitaron que la Junta Fiscalizadora explique por qué el convenio no fue sometido a consideración de una Asamblea Extraordinaria. Según argumentan, el estatuto de la mutual establecería ese mecanismo para resolver cuestiones vinculadas con el gerenciamiento del servicio de salud, el comodato del inmueble sede y otros aspectos incorporados en el acuerdo.
El requerimiento incluye además pedidos de información sobre las auditorías efectuadas respecto del convenio, la integración de la comisión de fiscalización prevista en el propio contrato, la remisión de antecedentes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y a la Superintendencia de Servicios de Salud, así como el acceso a los anexos y eventuales modificaciones incorporadas con posterioridad.
Los firmantes otorgaron un plazo para recibir una respuesta completa. En caso contrario, advirtieron que avanzarán con presentaciones tanto en el ámbito judicial como administrativo y anticiparon que solicitarán la intervención del INAES al considerar que la situación institucional de la mutual amerita la actuación del organismo nacional encargado de supervisar este tipo de entidades.
La renuncia del tesorero, se dió tras el reclamo de los asociados, suma un nuevo elemento de incertidumbre en un escenario marcado por cuestionamientos internos y pedidos de mayor transparencia sobre la gestión y el futuro de la OAM.