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Martes, 23 junio 2026
Argentina
23 de junio de 2026
ANTE LA JUSTICIA

Del olvido inmobiliario a la Mar del Plata de excepción: la reveladora confesión de Jerónimo Mariani

En una audiencia clave, el arquitecto del polémico proyecto de 35 pisos admitió ser copropietario de las tierras, dejó al descubierto los hilos económicos detrás de la iniciativa y reavivó el debate sobre los límites de las excepciones urbanísticas en la ciudad.

Del olvido inmobiliario a la Mar del Plata de excepción: la reveladora confesión de Jerónimo Mariani
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El litigio judicial en torno al proyecto inmobiliario en la manzana de Alem al 2500, impulsado por las ONG Mirada Ciudadana y Surfrider Argentina, posee un capítulo de enorme gravedad institucional. Durante la audiencia virtual, a la que tuvo acceso La Tecla Mar del Plata y fue celebrada ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, a cargo del juez Simón Isacch, las declaraciones de los testigos clave arrojaron luz sobre los controvertidos mecanismos de validación oficial y las verdaderas motivaciones de sus impulsores. Sin duda, el testimonio más esperado y que terminó por sacudir el expediente fue el del arquitecto Jerónimo Mariani, proyectista y figura central del desarrollo inmobiliario impulsado por Fiduciaria Paisajes Urbanos MdP S.A.. Lo que debió haber sido una exposición estrictamente técnica derivó en una sorprendente confesión que debilitó la pretendida neutralidad del profesional y expuso las profundas contradicciones de un modelo de planificación urbana hecho a la medida de los desarrolladores privados.


Desde el inicio de su declaración, Mariani intentó posicionarse en un rol meramente externo, afirmando haber sido contratado a principios de 2022 junto a su estudio de arquitectura con el único propósito de llevar adelante el anteproyecto y la presentación municipal en una manzana que reconoció como "muy compleja" por la presencia de bienes patrimoniales. En su reconstrucción de los hechos, detalló cómo la propuesta original de edificar dos torres de unos 20 pisos mutó hacia el diseño actual de una sola torre de gran altura —32 plantas tipo más áreas comunes— tras una serie de "idas y vueltas" y negociaciones directas con el poder ejecutivo municipal, específicamente con las áreas de obras, planeamiento y patrimonio. Según el propio arquitecto, el primer paso indispensable en estas dinámicas de excepción consiste en "convencer" a los equipos técnicos de la comuna para que validen el proyecto y habiliten su elevación al Concejo Deliberante, donde finalmente se transformaría en ordenanza.


Sin embargo, el eje de la audiencia cambió drásticamente cuando el juez Isacch interrogó formalmente a Mariani sobre si poseía algún tipo de participación societaria en Alem 2500 S.A. o intereses económicos directos en el pleito. Tras un titubeo que marcó el quiebre de la jornada, el arquitecto ensayó una inédita justificación: afirmó que un video de Instagram que acababa de ver casualmente en el hall del juzgado instantes antes de testificar le había hecho "recordar" que, en realidad, sí poseía intereses financieros en el negocio. Ante la mirada atónita de las partes, Mariani admitió que junto a su hermano Agustín Mariani eran propietarios de un porcentaje de una de las cuatro parcelas que componen la manzana afectada, la cual aportaron en los orígenes de la fiduciaria a cambio de futuras unidades edilicias. Entre disculpas al tribunal y muestras de una visible incomodidad, argumentó que simplemente "no se acordó antes" de su condición de socio fiduciante aportante de tierras, calificando el episodio como una omisión involuntaria que lo hacía sentir "medio avergonzado".
 




Más allá de la insólita anécdota de la amnesia corporativa remediada por una red social, el sincericidio de Mariani posee una enorme gravedad institucional y política. La revelación desarma la narrativa que presentaba al prestigioso estudio como un consultor técnico independiente y lo coloca en el terreno de la especulación inmobiliaria directa, donde el diseñador de la norma de excepción es, al mismo tiempo, el beneficiario directo de los metros cuadrados excedentes que esa misma norma le otorga. Este cruce de intereses adquiere mayor relevancia frente a las denuncias previas de Mirada Ciudadana y Surfrider sobre las inconsistencias en la titularidad de las tierras, que incluyen lotes a nombre de terceras firmas e incluso un "sobrante fiscal" de órbita municipal que jamás fue regularizado antes de exigir los millonarios beneficios urbanísticos.


La declaración de Mariani también ratificó la controvertida filosofía con la que ciertos sectores corporativos conciben el desarrollo de Mar del Plata. Al ser consultado por las normativas vigentes, el arquitecto reconoció abiertamente que en ningún otro distrito catalogado como zona de baja densidad (R7) se conocen alturas semejantes, coincidiendo implícitamente con los cuestionamientos de la vecindad y los peritos. No obstante, justificó la transgresión argumentando de forma unilateral que la manzana "tiene características más de R3 que de R7" debido a sus bordes, concluyendo que la drástica restricción de altura que el código impone a la costa debía ser modificada por "buena práctica" constructiva. 


Esta postura reactiva las denuncias de particulares y organizaciones civiles respecto a que las corporaciones privadas se arrogan la facultad de decidir y reconfigurar la morfología urbana por fuera de los canales democráticos, transformando las excepciones patrimoniales en “un traje a medida”. Con el avance de las causas penales por fraude ideológico y las graves fisuras éticas expuestas en las testimoniales, el caso de La Robla deja al descubierto un entramado donde las reglas públicas parecen ceder ante el “olvido conveniente” de los poderosos.

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