Tras siete años del desembarco de las plataformas en General Pueyrredon, el Concejo aprobó un marco regulatorio. Los detalles de la ordenanza. El premio consuelo para los taxistas.
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Siete años después de la llegada de las primeras aplicaciones de transporte a Mar del Plata, el Concejo saldó una de las discusiones más largas y conflictivas de los últimos tiempos. La cuarta Sesión Pública Ordinaria terminó con la aprobación de una ordenanza que regula el funcionamiento de las plataformas digitales y pone fin a un vacío normativo que la política local nunca había logrado resolver.
La iniciativa fue aprobada con los votos del PRO, La Libertad Avanza, la UCR-Nuevos Aires y la Coalición Cívica. Del otro lado quedaron Unión por la Patria, Acción Marplatense Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador, que rechazaron el expediente y cuestionaron aspectos centrales de la regulación.
El recorrido hasta llegar a ese desenlace estuvo lejos de ser lineal. Cuando Uber, Cabify y otras plataformas comenzaron a operar en la ciudad, la reacción de taxistas y remiseros fue inmediata. El conflicto escaló rápidamente y se transformó en uno de los principales focos de tensión del sistema de transporte local.
Con la llegada de Guillermo Montenegro a la intendencia, la situación cambió parcialmente. Aunque no hubo una regulación específica, la postura municipal fue menos rígida y las plataformas siguieron funcionando de hecho.
Los primeros intentos para ordenar el tema aparecieron en 2022. Ese año ingresó el expediente 1222 impulsado por la Coalición Cívica para crear un registro municipal de prestadores. También surgieron otras iniciativas vinculadas a la actividad. Ninguna prosperó. La falta de acuerdos y luego el proceso electoral terminaron congelando el debate.
La situación comenzó a modificarse tras la renovación del Concejo luego de las elecciones de 2025. Con cambios en las presidencias de las comisiones y la llegada de Agustín Neme a la intendencia, el expediente volvió a escena. El titular de Movilidad Urbana, Guido García, retomó la discusión y abrió una nueva etapa de intercambios con distintos sectores.
Conductores de aplicaciones, representantes del sector de taxis y remises y concejales de diferentes bloques acerca ron propuestas para intentar construir una regulación. Pero cuando el tema parecía encaminarse, una reunión de comisión terminó en un escándalo.
A comienzos de junio, una discusión entre taxistas y trabajadores de plata formas derivó en una pelea dentro del recinto. Las imágenes se viralizaron rápidamente y pusieron al HCD en el centro de la escena nacional. El episodio generó repudios generalizados.
Tras el conflicto, el oficialismo aceleró definiciones. El Ejecutivo municipal respondió planteos pendientes y propuso modificaciones al proyecto original. Entre ellas, que la responsabilidad principal recaiga sobre las empresas tecnológicas y no sobre los conductores individuales.
Con esos cambios incorporados, una reunión conjunta de las comisiones de Movilidad y Legislación (Bordaisco-UCR) otorgó des pacho favorable. La oposición cuestionó la velocidad del trámite y advirtió que una discusión postergada durante años se resolvía ahora en apenas unos días. También expresó dudas sobre los controles que tendrá el Municipio y sobre el compromiso efectivo de las empresas para cumplir las exigencias de la ordenanza.
Los cuestionamientos no alcanzaron para modificar el resultado. Durante la sesión, el oficialismo defendió la iniciativa como una adaptación necesaria frente a una realidad que ya existe en las calles. Además, sostuvo que la nueva normativa brinda mayor libertad de elección para vecinos y turistas.
Finalmente, la mayoría oficialista impuso su número y convirtió el proyecto en ordenanza. Junto con la regulación de las plataformas, el Concejo también aprobó modificaciones a las normas que rigen para taxis y remises.
Después de la votación llegaron las celebraciones y las críticas. Neme des tacó que quedó “atrás una normativa que había quedado vieja, generaba conflictos y le daba la espalda a una realidad que ya existía”. Desde la oposición, en cambio, insistieron en que persisten interrogantes sobre la aplicación efectiva del nuevo esquema.
La ordenanza comenzará a regir una vez reglamentada y otorgará un plazo de 90 días para que empresas, vehículos y conductores se adapten a las nuevas condiciones. Así, tras años de discusiones, prohibiciones, proyectos archivados, presentaciones judiciales y enfrentamientos, General Pueyrredon decidió regular una actividad que ya formaba parte de la vida cotidiana. El debate político terminó; ahora comienza el desafío de demostrar si la norma puede funcionar en la práctica.
