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Apps de transporte: se promulgó la ordenanza y ahora la atención estará puesta en la reglamentación
El Ejecutivo oficializó la normativa aprobada por el Concejo, aunque todavía resta definir aspectos centrales para su aplicación efectiva. Mientras persisten interrogantes sobre los controles y el cumplimiento de los requisitos.
La regulación de las aplicaciones de transporte comenzó a tomar forma apenas unas horas después de su aprobación en el Concejo Deliberante. El gobierno interino encabezado por Agustín Neme avanzó con la promulgación de la ordenanza y puso en marcha el nuevo esquema que buscará ordenar la actividad de plataformas como Uber, DiDi y Cabify en General Pueyrredon.
La rapidez con la que se movió el Ejecutivo contrastó con los más de siete años en los que estas aplicaciones funcionaron en la ciudad en medio de cuestionamientos, sanciones y una normativa que incluso llegó a prohibirlas formalmente.
Con la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial, el municipio dejó habilitado el marco legal para el funcionamiento de las denominadas Empresas de Tecnología de Movilidad (ETM), aunque todavía resta un paso clave: la reglamentación definitiva de distintos aspectos operativos que determinarán cómo será la implementación efectiva del sistema.
Uno de los ejes centrales de la norma es la creación de un registro municipal obligatorio para las empresas que intermedian entre pasajeros y conductores mediante plataformas digitales. Las firmas deberán acreditar domicilio en el distrito y establecer canales formales de comunicación con el municipio.
Además, la ordenanza deposita gran parte de las responsabilidades de control en las propias plataformas, que deberán verificar que los choferes y los vehículos cumplan con las condiciones exigidas para prestar el servicio.
Entre los requisitos previstos aparecen la licencia profesional radicada en General Pueyrredon, la presentación de antecedentes penales actualizados y la acreditación de la titularidad o autorización de uso de los vehículos. En paralelo, las unidades deberán contar con seguro para transporte de pasajeros, Verificación Técnica Obligatoria vigente y una antigüedad máxima de 15 años.
La normativa también establece que los viajes deberán gestionarse exclusivamente a través de las aplicaciones, descartando la posibilidad de captar pasajeros directamente en la vía pública.
Sin embargo, la aprobación de la ordenanza no cerró el debate. Por el contrario, abrió una nueva etapa cargada de interrogantes. Una de las principales incógnitas es cómo responderán las plataformas a las exigencias municipales y si adecuarán sus sistemas a requisitos que hoy no forman parte de sus condiciones habituales de funcionamiento.
También persisten dudas sobre algunos servicios específicos, como la modalidad de traslado en motocicleta, y sobre la capacidad real de fiscalización de un esquema que delega buena parte de los controles en las propias empresas.
Desde sectores de la oposición ya advirtieron que el éxito de la regulación dependerá de la capacidad del municipio para garantizar su cumplimiento. El antecedente de años de funcionamiento sin controles efectivos alimenta las dudas sobre el alcance que tendrá la nueva normativa.
Por lo pronto, una vez que se complete la reglamentación, comenzará a correr el plazo de 90 días previsto para que las empresas se adapten al nuevo régimen y definan si están dispuestas a ajustarse a todas las condiciones fijadas por el municipio.