26 de mayo de 2026
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La comisión de Obras expone las grietas del oficialismo marplatense
El debate de los expedientes urbanísticos y de defensa desnudó las crecientes distancias entre la UCR+Nuevos Aires, La Libertad Avanza y el PRO. Entre chicanas cruzadas y advertencias de voto, la sintonía fina del interbloque se diluye ante el peso de la agenda legislativa.
La Comisión de Obras y Planeamiento del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, presidida por el concejal Fernando Muro (PRO), se ha convertido en el escenario donde se proyectan las tensiones y los reacomodamientos de las fuerzas políticas locales. Lejos de ser meros trámites técnicos, los expedientes tratados funcionan como el catalizador de una interna oficialista cada vez más expuesta, donde los alineamientos nacionales colisionan de frente con los intereses territoriales y las lógicas de poder dentro del propio interbloque de gobierno.
El primer gran foco de conflicto de la jornada se encendió con el tratamiento del expediente 1365/26, un conjunto de proyectos de resolución, comunicación y decreto que buscaban frenar el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 314/2026 del Ejecutivo Nacional sobre los bienes estatales ubicados en Mar del Plata, con especial preocupación sobre la Base Naval. En este terreno, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) asumió una defensa irrestricta de la gestión del presidente Javier Milei. El titular de la bancada libertaria, Rolando Demaio, no tardó en calificar la iniciativa opositora como una “injerencia inconstitucional e improcedente del municipio en competencias nacionales”. Con un discurso alineado a la retórica de Balcarce 50, Demaio sostuvo que el Gobierno nacional busca la eficiencia y que “no quiere mantener más elefantes blancos a costos que realmente a todos los contribuyentes nos implican mayores impuestos” , catalogando los rumores de venta de la base militar como una forma de “alarmar a una comunidad” de manera infundada.
Sin embargo, lo que inicialmente se perfilaba como el clásico choque entre el oficialismo nacional y la oposición terminó por exponer una profunda fisura en el frente gubernamental local. El bloque de la UCR+Nuevos Aires optó, una vez más, por tomar una distancia prudencial de sus socios libertarios y se plantó en la defensa de los recursos de la ciudad, mostrando que la relación entre violetas y boinas blancas es la más compleja dentro del oficialismo marplatense. Así, recordando los antecedentes de 2011, cuando también se evaluó el traslado de la unidad militar, la bancada radical marcó la cancha con pragmatismo histórico: “La verdad es que primero viene el traslado, después viene la venta de la tierra. Básico”. La advertencia caló hondo en la estrategia libertaria al sentenciar que “no se puede acompañar todo porque no da todo lo mismo” , exigiendo información clara al Ministerio de Defensa antes de convalidar cualquier medida dictada desde Buenos Aires. Esta postura forzó un repliegue táctico de Demaio, quien debió ceder ante la presión y reconocer que la solicitud de informes planteada por el radicalismo tenía “su lógica”, dejando finalmente el expediente en comisión.
La volatilidad de las relaciones políticas dentro del Concejo quedó aún más en evidencia durante el debate del expediente 1397/26, centrado en la prórroga por 18 meses del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción. En este caso, al tratarse de una iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo municipal, la sinergia y la sintonía política se reconfiguraron drásticamente. El PRO y La Libertad Avanza operaron en perfecta sincronía para intentar acelerar el trámite legislativo. Ante la necesidad del sector de contar con previsibilidad, Julián Bussetti (PRO) propuso avanzar de manera pragmática: “El sector necesita esta ordenanza así que propongo que pase de comisión con los pedidos de informe” , una moción que fue inmediatamente acompañada por el bloque libertario bajo el argumento de imprimirle “celeridad” al asunto de cara a la próxima sesión ordinaria.
Nuevamente, el escollo principal para las aspiraciones de máxima del Ejecutivo no provino de los cuestionamientos de las bancadas opositoras, sino del propio riñón de la coalición gobernante. La UCR+Nuevos Aires volvió a condicionar el avance del proyecto exigiendo precisiones extremas a la Secretaría de Obras y a Obras Sanitarias. Calificaron al Código de Ordenamiento Territorial (COT) vigente como “vetusto” y reclamaron un debate estructural y definitivo en lugar de continuar encadenando excepciones temporales surgidas en la postpandemia. Con esta postura, el radicalismo tendió puentes tácticos con la preocupación expresada por los bloques de Unión por la Patria (UP), AM–MDF y el Frente Renovador (FR) respecto al impacto ambiental y de infraestructura de las obras. El mensaje hacia el PRO y el Ejecutivo fue directo y sin concesiones: “Tienen que llegar los pedidos de informes antes de la sesión. Si no llegan antes de la sesión, sabemos cómo tenemos que votar”.
Al cierre del debate, el tablero político reflejó la complejidad del escenario actual. El expediente del régimen de construcción logró avanzar hacia la Comisión de Legislación con los votos del PRO, LLA y el aval condicionado de la UCR+NA, mientras que la oposición en su conjunto (UP, AM-MDF y FR) optó por la abstención ante la falta de datos técnicos previos.
La jornada legislativa dejó una certeza insoslayable para la política local: el interbloque oficialista muestra sus grietas de forma cada vez más regular. Dependiendo de si la discusión gira en torno a la ideología nacional o a la planificación del territorio local, las alianzas se vuelven elásticas, dejando al oficialismo en una deriva y a la oposición al acecho. Un escenario fragmentado que promete profundizarse con el correr de las semanas.