La Tecla Mar del Plata
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La empresa que perdió la compulsa por la Unidad Turística Fiscal Playa Redonda presentó un recurso de revocatoria ante el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) para impugnar la adjudicación de la UTF, ubicada en el kilómetro 14,7 de la ruta 11, a la firma Santiago de Compostela 1943 S.A. En su presentación, la compañía cuestiona la participación en el proceso de “una persona jurídica integrada por un sujeto condenado por delitos de fraude contra la administración pública (peculado) y sobre el que pesa una inhabilitación perpetua absoluta para ocupar cargos públicos”.
Entre los argumentos de Anjufa se señala también que la empresa adjudicada triplicó el monto de inversión tras el primer llamado a licitación, incorporando un SPA sin justificar cómo esa unidad adicional permitiría amortizar los 2.500 millones de pesos previstos. Además, denunciaron un error administrativo: la falta de una declaración jurada certificada por escribano, requisito calificado como esencial en el pliego.
En los pasillos del EmturyC y del Palacio Municipal circula que, de fondo, el recurso estaría más vinculado a un intento de “embarrar la cancha”, dado que Santiago de Compostela 1943 S.A. presentó una oferta más alta y competitiva. Por otro lado, por fuentes judiciales se confirmó que Roberto Fiocca, director de la firma adjudicada, no posee antecedentes penales, lo que habría eliminado cualquier impedimento legal para que la empresa se quedara con la concesión.
En el segundo llamado a licitación, Santiago de Compostela 1943 S.A. se impuso con 84 puntos frente a 77 de su competidora. El canon anual es de 90 millones de pesos, que no se cobrará durante los primeros 24 meses, período en que se desarrollarán las obras previstas. La unidad de Playa Redonda cuenta con 45.510 metros cuadrados y un sector apto para baño. El pliego permite actividades comerciales diversas, siempre que cumplan con criterios de innovación y calidad, y prohíbe locales bailables, recitales y grandes construcciones hoteleras.
El recurso presentado ahora abre un nuevo capítulo de controversia sobre la gestión de bienes estatales y la transparencia de los procesos de concesión en Mar del Plata, mientras Anjufa SA busca revertir el fallo que favoreció a su competidora.