11 de abril de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
La ciudad volvió a la rutina. Con un balance pobre tras Semana Santa, el Concejo regresó a la actividad con disputas y polémicas en sus comisiones. Asimismo, entre reclamos por las apps de transporte, los ediles trataron expedientes significativos por Punta Mogotes y el traslado de empresas al Parque Industrial. El retiro de Shell del CAN 109, la Mesa de Trabajo “Escuelas Libres de Violencias” y mucho más, al estilo La Tecla Mar del Plata.
Semana Santa dejó 131 mil turistas en Mar del Plata, con consumo débil y señales de alerta
El municipio mostró cifras de afluencia, pero el consumo contenido marcó el pulso real de la actividad. La ocupación hotelera rondó el 50% y el gasto fue medido, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y menor consumo.
El último fin de semana largo por Semana Santa dejó en Mar del Plata la llegada de alrededor de 131.000 turistas de acuerdo a información difundida por el municipio, en un contexto marcado por un movimiento moderado, consumo contenido y ocupación por debajo de los niveles históricos.
Lejos de otros años en los que esta fecha funcionaba como uno de los puntos más fuertes del calendario turístico, el balance dejó una postal más austera, atravesada por un escenario económico complejo, con costos de transporte elevados y “bolsillos flacos” que condicionaron el gasto.
En ese marco, el Ente Municipal de Turismo y Cultura buscó primero ampliar la lectura y difundió un balance conjunto de los últimos dos fines de semana largos, incluyendo el del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Que según informaron desde el ente a lo largo de estas fechas, arribó un total de 251.000 turistas, un 9% más que el año pasado.
Sin embargo, esa estrategia también terminó exponiendo el dato de fondo: la afluencia se sostiene, pero el consumo no logra despegar.
Desde UTHGRA señalaron que la actividad estuvo “bastante lejos de otros años” y definieron el fin de semana como “uno más” dentro del calendario. El relevamiento del sector marcó una ocupación hotelera cercana al 50%, con realidades dispares según la zona.
Mientras los corredores céntricos, Güemes y el Puerto concentraron la mayor actividad —especialmente durante el Viernes Santo—, en otros sectores el movimiento fue mucho más tenue.
El punto central del diagnóstico pasa por el consumo. Según indicaron desde el gremio, el gasto fue “muy cuidado”, en línea con la pérdida del poder adquisitivo y una tendencia que ya se había manifestado durante el verano.
En la misma línea, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa advirtió que, pese a la afluencia turística, el gasto total cayó un 18,9% interanual en términos reales, reflejando el impacto de la inflación sobre las decisiones de consumo.
El saldo, así, deja una señal clara de cara a los próximos meses: la ciudad mantiene su capacidad de convocatoria, pero la crisis redefine el comportamiento de quienes llegan, en la antesala de un invierno que genera incertidumbre en el sector.
Compensaciones urbanísticas: cuatro años de espera y sin señales de avances
El plazo de la última prórroga para presentar el anteproyecto venció en febrero y los desarrolladores siguen solicitando excepciones, dejando en evidencia la falta de reglas claras. Al 6 de abril, el Concejo sigue sin dar indicios sobre el marco regulatorio.
A más de cuatro años de la ordenanza que debía fijar un esquema de compensaciones urbanísticas, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon todavía no cuenta con una regulación definitiva. Mientras tanto, los pedidos de cambios en el Código de Ordenamiento Territorial (COT) siguen llegando con contraprestaciones para el Municipio.
El último plazo para la presentación del anteproyecto venció el 10 de febrero, tras una prórroga de 180 días aprobada por el oficialismo y bloques aliados. La fecha coincidió con el feriado por el aniversario de Mar del Plata, y hasta hoy, 6 de abril, no hubo novedades sobre la presentación del texto, ni de una nueva prórroga y tampoco señales de que la Comisión Especial de Compensaciones Urbanísticas se vaya a reunir. Desde el oficialismo deslizaron que no hay novedades “de arriba”.
El retraso mantiene abierto un vacío normativo que genera incertidumbre sobre si finalmente se presentará el anteproyecto o si habrá una nueva prórroga. Sin un marco que defina criterios y parámetros para calcular las compensaciones, cada expediente se analiza caso por caso, lo que para algunos sectores deja dudas sobre transparencia y equilibrio.
Mientras tanto, continúan tramitándose proyectos con excepciones urbanísticas y acuerdos de compensación en un contexto donde la regulación de fondo sigue sin aparecer. La expectativa está puesta en si el anteproyecto ingresará al recinto o si la demora volverá a extenderse.
Apps de transporte: taxistas y remiseros reclamaron igualdad de condiciones
En el marco del debate de las aplicaciones, los representantes de los trabajadores al volante que participaron de la comisión, reclamaron medidas que garanticen condiciones equivalentes a las que rigen para los servicios tradicionales, incluyendo cupos de vehículos, licencias profesionales y controles periódicos.
El debate por la regulación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata se intensifica en la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, presidida por el edil de la Coalición Cívica, Guido García. Durante la reunión, representantes de taxistas y remiseros reclamaron que cualquier avance normativo contemple cupos de vehículos, licencias profesionales y requisitos equivalentes a los que ya se exigen para los servicios habilitados.
Este lunes, la comisión tenía para analizar la nota presentada por el Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (SI.M.PE.TAX) sobre las apps, pero ningún representante estuvo presente, por lo que el expediente quedó pendiente de tratamiento.
Luego, representantes de taxistas y remiseros expusieron sus críticas ante la falta de regulación y exigieron que cualquier iniciativa contemple cupos de vehículos, licencias profesionales y reglas equivalentes a las que hoy rigen para los servicios habilitados. “A igual actividad, mismos requisitos. Hoy las plataformas trabajan de manera ilegal, con una competencia desleal hacia nuestra actividad. Hay que cuidar a los servicios regulados”, sostuvo Donato Cirone, secretario general de Supetax.
Desde el sector remís, Guillermo Messina comparó la situación con otras profesiones reguladas. “Si esto sale sin reglas, mañana puedo abrir una inmobiliaria o una farmacia sin cumplir normas. A mí no me molesta que me controlen, pero que todos lo hagan bajo el mismo criterio”, afirmó.
Por su parte, Pablo Sánchez, de Servitaxi, remarcó que la apertura sin límites podría impactar negativamente en la economía local: “Cuando se den cuenta de que la actividad no es rentable, nos vamos a fundir todos”.
En paralelo, los sindicatos del sector presentaron una nota con un proyecto propio que será incorporado al expediente del bloque de la Coalición Cívica. La propuesta contempla medidas concretas, como la fijación de cupos de vehículos de uno de app cada tres, la obligación de licencias profesionales para conductores de apps, límites de horarios y zonas de circulación, así como la exigencia de cumplir con inspecciones y requisitos similares a los de taxis y remises. Sánchez destacó que “el objetivo es garantizar igualdad de condiciones y proteger al servicio regulado, sin impedir la innovación tecnológica”.
El concejal Guido García defendió su proyecto de crear un registro municipal de prestadores de apps, asegurando que “no tiene ninguna animosidad ni va en contra de nadie” y que busca “beneficiar a los usuarios ampliando la oferta de movilidad”. Por su parte, la concejal de la Libertad Avanza, Noelia Ríos, propuso unificar los múltiples expedientes y notas sobre el tema en un solo expediente para ordenar la discusión.
El debate se mantiene abierto y condicionado a los informes técnicos solicitados al Ejecutivo, y la comisión continuará analizando los proyectos antes de avanzar con definiciones. Mientras tanto, el sector tradicional del transporte insiste en la necesidad de reglas claras para evitar la competencia desleal y proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores.
Otra prórroga para Marbella S.A.I.C.: el Concejo vuelve a estirar una mudanza que nunca llega
Con el aval de la comisión que preside Ariel Bordaisco, el Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó 24 meses más para la empresa, que lleva más de siete años postergando su traslado al Parque Industrial entre excusas y falta de control político.
En la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, presidida por Ariel Bordaisco, se trató una nueva prórroga por 24 meses para la fábrica de conservas de pescado de Marbella SAIC. En este caso se reduce al año y medio, ya que transcurrió ese tiempo hasta que se aprobara en el concejo. Sin mayor debate ni tensiones, el expediente avanzó y fue aprobado por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, consolidando otro capítulo de una historia que ya lleva años de dilaciones.
Desde hace más de siete años, la empresa solicita prórrogas de 12 y 24 meses para concretar su traslado al Parque Industrial de Mar del Plata–Batán. Sin embargo, entre demoras en la construcción, costos de traslado y argumentos cambiantes según el contexto, la mudanza nunca se concretó.
Pero más allá de las justificaciones empresariales, el foco vuelve a posarse sobre el rol del Concejo. Desde 2019, el cuerpo deliberativo viene avalando sistemáticamente cada extensión sin establecer condiciones firmes ni mecanismos de control efectivos. Lejos de exigir el cumplimiento de los plazos, el Concejo optó por una postura permisiva que terminó transformando una situación transitoria en un esquema prácticamente permanente.
En esta última prórroga, incluso se deslizó que sería la definitiva. Sin embargo, el historial reciente pone en duda esa afirmación. Cada vencimiento vino acompañado de una nueva extensión, sin consecuencias concretas ante los incumplimientos. De no cumplirse esta vez, la empresa podría enfrentar la paralización de su planta, aunque el antecedente inmediato abre interrogantes sobre si efectivamente habrá una decisión política de avanzar en ese sentido.
Durante el tratamiento del expediente, se remarcó que, en el marco de otras comisiones, se trabajará junto a la empresa para coordinar con el colegio ubicado frente a la planta actual los horarios de ingreso y egreso de los camiones, con el objetivo de evitar congestionamientos y posibles accidentes.
Sin embargo, más allá de estas gestiones puntuales, lo que queda expuesto es una dinámica repetida: prórrogas que se acumulan, controles que no aparecen y un Concejo que, lejos de ordenar el proceso, vuelve a convalidar la excepción como regla.
Punta Mogotes encendió al Concejo: cruces, pases de factura y presión a la Provincia
El expediente impulsado por la UCR+NA para municipalizar el complejo desató tensiones entre oficialismo y oposición, con críticas a Guillermo Montenegro y reclamos al gobierno bonaerense por la falta de soluciones y deudas pendientes.
El tratamiento del expediente para avanzar en el traspaso del complejo de Punta Mogotes al ámbito municipal volvió a exponer las tensiones políticas dentro del Concejo Deliberante. La iniciativa, impulsada por la Unión Cívica Radical junto a Nuevos Aires, se debatió en la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento que preside Ariel Bordaisco, y derivó en un fuerte cruce entre oficialismo y oposición.
Lo que en un inicio parecía un debate técnico, terminó escalando en tono político. Tras la presentación del expediente y su defensa por parte de Bordaisco, la oposición salió al cruce y reavivó viejas declaraciones del intendente en licencia, Guillermo Montenegro, quien había asegurado que “el municipio no es una inmobiliaria”. Con esa frase como bandera, cuestionaron la coherencia del oficialismo y pusieron en duda la viabilidad del proyecto.
Además, desde los bloques opositores marcaron una contradicción de fondo. Señalaron que el propio Montenegro había optado por judicializar la situación de Punta Mogotes, un camino que, por su naturaleza, implica plazos largos e incertidumbre. En ese marco, interpretaron la avanzada del expediente como un gesto político que tensiona la estrategia original del Ejecutivo.
Del lado del oficialismo, el concejal Julián Bussetti recogió el guante, respaldó la iniciativa y buscó trasladar la presión hacia la Provincia. En ese sentido, apuntó contra el gobierno bonaerense por la falta de respuestas a lo largo de los años y desafió a los concejales alineados con el kicillofismo a gestionar soluciones concretas.
“Queremos pagar. ¿Cuánto es lo que hay que pagar?”, lanzó Bussetti en medio del debate, al tiempo que propuso abrir una mesa de diálogo con la Provincia. Incluso fue más allá, planteó que en esa discusión también deberían incluirse las deudas por coparticipación y otros compromisos pendientes con el municipio.
Así, el expediente por Punta Mogotes dejó de ser un trámite administrativo para agregar otro capítulo de la disputa política local, donde se cruzan estrategias y una discusión de fondo sobre el vínculo entre el municipio y la Provincia.
Al final, el expediente presentado por Bordaisco fue aprobado por mayoría y se llevará a sesión.
Velimirovich: "Mar del Plata tiene todo"
El titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredón, Ricardo Velimirovich, dialogó con La Tecla. El referente habló sobre la situación del sector, los caminos rurales y la seguridad, entre otros temas.
-En la actualidad, ¿cómo se encuentra el sector?
-La verdad es que venimos con un descenso, pero no en la cantidad de productores, porque hacemos un trabajo social para tratar de no perder a nadie. Lo que sí ha disminuido es la producción, debido a una caída significativa del consumo. En los últimos años, además, enfrentamos un problema muy serio de costos: al haber poca comercialización y valores muy bajos, claramente se pierde capital. Por eso se ha sembrado mucho menos, aproximadamente un 20% menos de superficie, y no menos productores. Es importante aclararlo: no se pierde gente, sino variedades.
-¿Qué variedades fueron las más perjudicadas?
-Siempre la que más inversión requiere. A ver, normalmente la de mayor inversión es el tomate, el morrón, todo lo que se cultiva en invernadero. Calculá que un productor, para poder tener un invernadero, hoy necesita disponer de casi 25 mil dólares, más o menos, y además dentro hay que invertir un monto similar en producción. La verdad es que la producción está volviendo a prosperar en el campo, donde el costo del plantío es menor y también el riesgo. Al invertir menos y no poder venderlo, se arriesga menos. Lo que está ocurriendo es una especie de readaptación de los productores, pero se nota un estancamiento, porque Mar del Plata podría haberse desarrollado mucho más. Así que hoy nos encontramos con la problemática de simplemente sostenernos. Esto es lo que está sucediendo actualmente.
-La ciudad tiene el segundo cordón frutihortícola más grande de la provincia, ¿cuánto falta para poder llegar a ser primeros?
-La verdad es que eso se va a saber durante este año, porque se está haciendo un censo frutihortícola y ahora se va a realizar en Mar del Plata, por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia. Creo que vamos a pasar a primer lugar, te lo digo por una estadística propia que vamos llevando y por conocer el cordón de La Plata. Pero va más allá de la competencia: no se trata de quién está primero o segundo, nuestra intención es que haya producción en nuestro país, que crezca. Y le digo por qué: la ciudad de La Plata está siendo llevada por la urbanización, algo que también nos preocupa porque aquí la urbanización crece sobre tierras productivas, y eso es un problema que debería discutirse en una mesa de diálogo donde los suelos estén protegidos para la producción. En Laguna de los Padres, por ejemplo, hay un loteo con reglamento que protege la producción, pero existen excepciones: estaciones de servicio, camping, centros recreativos y un polo logístico. Esto reduce el suelo productivo y luego se espera que ese suelo rinda igual, cuando debería haber un equilibrio entre urbanización y producción. Lo que ha sucedido este último año es que se hicieron emprendimientos como barrios privados que ni siquiera tienen cloacas; el desagüe terminará en los arroyos porque no hay otra solución. Se acercaron tanto a los productores que ahora ellos son vistos como el problema, cuando estaban antes. Esto no se debate adecuadamente, ni siquiera en el Concejo Deliberante. Es necesario revisar el COT y pensar en la ciudad completa: qué queremos y dónde ubicar barrios privados, para que el crecimiento no sea desordenado.
-¿Una reflexión sobre el sector?
- Si no valoramos a los productores como parte fundamental del partido, hay un problema. Se trabaja mucho, produciendo gran cantidad de alimentos en un espacio reducido, comparado con el sector extensivo, con menos hectáreas producimos más. La mayoría de las quintas tienen entre 80 y 100 años en el mismo lugar. Cuando se habla de producción sustentable, esta es la mejor que existe: la sustentabilidad es el tiempo. Quien produce en la misma tierra desde hace décadas lo hace porque cuidó el agua y el suelo; de lo contrario, los suelos estarían destruidos. El problema es el análisis parcial de Mar del Plata: se avanza sobre una parte sin considerar el conjunto. Necesitamos visión de futuro, inversión y planificación. Claramente, no hay una visión integral del cordón frutihortícola por parte de las autoridades.
Muro eleva la tensión por Punta Mogotes y agita el "operativo retorno" de Guillermo Montenegro
El concejal del PRO endureció el discurso contra la gestión de Axel Kicillof y cerró las puertas a cualquier negociación por el complejo balneario. En plena licencia del intendente, el mensaje de uno de sus máximos alfiles refuerza los rumores sobre una vuelta inminente de Montenegro al despacho principal de la Comuna.
La tensión política en General Pueyrredon no se toma licencia. Mientras Agustín Neme ocupa el sillón de la calle Hipólito Yrigoyen de manera interina y Guillermo Montenegro hace pie en el Senado bonaerense, las fichas locales se mueven en el tablero. El último movimiento lo ejecutó Fernando Muro, uno de los hombres con mayor peso específico dentro del esquema montenegrista, quien utilizó sus redes sociales para plantar una bandera de guerra respecto a la autonomía de Punta Mogotes.
Con un tono tajante, Muro sentenció que el tiempo del diálogo con la Provincia se terminó. Para el oficialismo local, la administración de Axel Kicillof sobre el complejo es vista como un "pozo oscuro" que frena el desarrollo de la ciudad. El mensaje es claro: la municipalización de Mogotes no es un deseo, es una decisión tomada que ahora descansa en los estrados judiciales tras el pago de la deuda que el municipio efectuó para recuperar el control del área.
"Acá no hay que dialogar porque no hay nada que negociar: es de Mar del Plata o es de Mar del Plata", disparó Muro, en lo que se como una respuesta directa a los sectores de la oposición local —a quienes apodó como empleados de la "Ciudad del NO"— que cuestionan la estrategia judicial y financiera del Ejecutivo.
La narrativa de Muro busca polarizar la gestión del desarrollo urbano frente al "abandono" que, según el PRO, propone La Plata. Al denunciar que se busca prohibir que la zona genere trabajo privado y actividad durante todo el año, el concejal no solo defiende una porción de territorio, sino un modelo de ciudad que Montenegro ha intentado consolidar desde su llegada al poder.
¿El preludio de un regreso?
Más allá de la cuestión técnica de los balnearios, las palabras de Muro funcionan como un termómetro político. Que uno de los principales alfiles del intendente —hoy en uso de licencia— salga a marcar la cancha de forma tan tajante y haga énfasis en que Montenegro "fue determinante" para pagar la deuda, alimenta las versiones que circulan en los pasillos del Palacio Municipal: el operativo retorno está en marcha.
En un momento donde la ciudad necesita liderazgos fuertes para enfrentar la pulseada judicial y política con la Provincia, el posteo de Muro parece ser la alfombra roja para que el Montenegro retome las riendas del Ejecutivo, capitalizando el reclamo por la autonomía de Punta Mogotes como su principal caballito de batalla.
La moneda está en el aire, pero para el montenegrismo la consigna es una sola: no hay lugar para grises en la ciudad.
Software millonario, hardware de segunda mano: la brecha municipal
Con la apertura de licitaciones millonarias para servicios de nube y mantenimiento de aplicaciones, la administración de General Pueyrredon busca fortalecer su estructura lógica y digital. Sin embargo, la reciente aceptación de computadoras usadas para áreas operativas vuelve a poner de manifiesto la brecha entre la inversión en sistemas y la fragilidad del equipamiento físico en las dependencias municipales.
La estrategia de modernización tecnológica de la Municipalidad de General Pueyrredon ha sumado en las últimas horas hitos fundamentales en su búsqueda por jerarquizar la gestión digital. Durante este comienzo de abril, el Palacio Comunal fue escenario de dos actos de apertura de sobres que definen el rumbo de la infraestructura virtual del distrito. Por un lado, la Licitación Privada Nº 03/26 para la contratación de un servicio de nube y, por otro, la Licitación Pública Nº 08/26 orientada al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones bajo la modalidad de "Software Factory". Ambos procesos, que involucran cifras millonarias, buscan dotar al Estado local de una capacidad operativa superior en términos de conectividad y gestión de datos.
En el caso del servicio de nube, el acto de apertura registró una única oferta por parte de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Batán, con una cotización de 47,4 millones de pesos. Por su parte, la licitación para el desarrollo de software, que cuenta con un presupuesto oficial de referencia de 425 millones de pesos, atrajo a tres firmas interesadas: Tres Cubos SA, SDC SRL y Red Informática de Pagos SA, cuyas ofertas oscilaron entre los 340 y los 371 millones de pesos. Estas contrataciones se presentan como el soporte lógico necesario para una administración que intenta desburocratizar sus procesos y mejorar la atención ciudadana a través de herramientas digitales.
No obstante, esta fuerte inversión en la "capa virtual" del municipio contrasta con la realidad de su infraestructura material. Mientras el Ejecutivo avanza en la contratación de servicios de vanguardia, el Boletín Oficial publicó simultáneamente el Decreto 647/26, mediante el cual el intendente interino promulgó la Ordenanza O-21071. Esta norma acepta la donación de tres CPU y dos monitores usados por parte de la ONG Asociación Civil Género Animal MDP. Los equipos, que cuentan con procesadores Intel Core i3 y ocho gigabytes de memoria RAM, han sido destinados a la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal para su incorporación al patrimonio municipal, previa verificación de su estado.
Esta convivencia entre licitaciones de software de alto nivel y la recepción de hardware de segunda mano para áreas descentralizadas refleja una disparidad que genera incertidumbre y enciende alarmas en diversos sectores. El parque informático municipal arrastra una antigüedad promedio de diez años, una obsolescencia que no solo ralentiza la labor diaria, sino que también representa un desafío de seguridad informática. El problema se agrava ante la proximidad de octubre de 2026, fecha en la que finalizará el soporte oficial de Microsoft para las versiones de Windows que operan en gran parte de las computadoras del municipio, lo que obligaría a una renovación masiva que hoy parece suplirse, en parte, a través de la filantropía de organizaciones civiles.
El escenario plantea un interrogante sobre la sostenibilidad de la modernización iniciada. Si bien el fortalecimiento del equipo técnico mediante concursos internos y la contratación de fábricas de software son pasos necesarios para una gestión eficiente, la base física sobre la cual deben correr estos programas presenta signos de agotamiento. La apuesta política parece priorizar la inteligencia de los sistemas y la conectividad inalámbrica, mientras que la renovación de las terminales de trabajo y el cableado de fibra óptica continúan siendo asignaturas pendientes. El éxito de los nuevos servicios contratados dependerá, en última instancia, de que el municipio logre equilibrar su ambiciosa agenda digital con una inversión estructural que garantice que el hardware esté a la altura de los sistemas que se pretenden implementar.
Mar del Plata entre el récord de construcción privada y el freno en la obra pública
Mientras el sector inmobiliario y comercial experimentó una expansión de 625.000 metros cuadrados durante 2025, la Rendición de Cuentas municipal revela la otra cara de la gestión: solo se ejecutó el 31,7% del presupuesto destinado a infraestructura. Esta brecha profundiza el debate sobre el modelo de desarrollo local y el repliegue del Estado municipal en la provisión de servicios básicos en un contexto de crecimiento urbano dispar.
La fisonomía de General Pueyrredon atraviesa una transformación paradójica que queda expuesta con nitidez en los números del último ejercicio contable. Por un lado, la ciudad exhibe una musculatura privada envidiable: según la Memoria 2025 del Departamento Ejecutivo, la Dirección General de Obras Privadas aprobó la construcción de 625.000 metros cuadrados de superficie, abarcando desde viviendas multifamiliares hasta grandes emprendimientos comerciales e industriales. Este fenómeno, alentado por regímenes de promoción y la digitalización de trámites, es presentado por la administración local como el motor del empleo y la modernización. Sin embargo, los documentos financieros de la Contaduría General muestran que, mientras el cemento privado avanza, el esqueleto de la infraestructura pública parece haberse estancado bajo una lógica de austeridad que prioriza el equilibrio de caja sobre la inversión en la calle.
La brecha se traduce en cifras que interpelan la capacidad de respuesta del municipio ante las demandas de los barrios. Bajo el rubro de "Bienes de Uso", el ítem contable que agrupa la obra pública y la adquisición de equipamiento, el Ejecutivo disponía de un presupuesto vigente de 8.377 millones de pesos. No obstante, al cerrar el año, la ejecución real fue de apenas 2.652 millones. En términos prácticos, esto significa que solo 3 de cada 10 pesos que el propio municipio planificó invertir en infraestructura llegaron efectivamente a transformarse en asfalto, luminarias o mejoras en centros de salud. Esta subejecución, que sitúa la inversión pública en un magro 31,7%, contrasta con la eficiencia mostrada para autorizar desarrollos inmobiliarios, dejando al descubierto una gestión que parece haber delegado la expansión de la ciudad casi exclusivamente en manos de la inversión privada.
Este desbalance no es un dato menor en el análisis político de la Rendición de Cuentas, ya que define el modelo de ciudad que se está consolidando. El discurso oficial justifica estas cifras bajo el paraguas de las "limitaciones presupuestarias" y la necesidad de sostener un orden fiscal en un contexto económico complejo, donde el gasto en personal y servicios esenciales como la higiene urbana absorben la mayor parte de los recursos. Sin embargo, la parálisis de la obra pública municipal sugiere un cambio de prioridades: el municipio se repliega de su rol de constructor y planificador del entorno urbano, dejando que la iniciativa privada marque el ritmo del crecimiento. El riesgo de este esquema es la profundización de una Mar del Plata fragmentada, donde los indicadores de desarrollo se disparan en los sectores de mayor rentabilidad pero se congelan allí donde el Estado no llega con su propia inversión.
El análisis de la ejecución presupuestaria permite observar que esta baja inversión pública no es una casualidad aritmética, sino una consecuencia de la rigidez de las cuentas locales. Con un superávit de caja que se sostiene sobre la postergación de pagos y una deuda flotante que representa el 8,6% del presupuesto, la obra pública se ha convertido en una de las variables de ajuste más visible.
Mientras el sector privado celebra un año de récords en aprobación de planos, la administración municipal enfrenta el desafío de explicar por qué, en una ciudad que crece hacia arriba y hacia los márgenes, el Estado ha decidido invertir solo una fracción de lo prometido. La pregunta que queda latente tras la lectura de los estados contables es si General Pueyrredon puede sostener su desarrollo a largo plazo bajo un modelo donde el esfuerzo privado avanza a una velocidad que la infraestructura pública, hoy en un virtual apagón, no alcanza a seguir.
Al borde de desaparecer: Acción Marplatense, Enlace y Crear
La Junta Electoral bonaerense les dio un plazo improrrogable de 90 días para alcanzar el piso legal de 2.395 afiliados o perderán su personería política. Creciendo Juntos ya sufrió sanciones previas por no participar en elecciones y seguirá existiendo solo como persona de derecho privado.
En General Pueyrredon, varias agrupaciones municipales están a un paso de perder su personería política por no alcanzar el mínimo de afiliados exigido por la ley. La Junta Electoral bonaerense les otorgó un plazo de 90 días para regularizar su situación, bajo apercibimiento de declarar la caducidad definitiva.
Según el informe de la Dirección Técnico Electoral, Acción Marplatense cuenta con 2.287 afiliados, a 108 del piso legal de 2.395; Agrupación Municipal Enlace tiene 2.319, 76 por debajo del mínimo; Crear Mar del Plata registra 2.328, a 67 de la cifra requerida, y Creciendo Juntos suma 2.312, con 83 faltantes.
El mecanismo de control se basa en el artículo 46 del decreto ley 9889/82, modificado por la ley 14.086, que establece como causal de caducidad no mantener el número mínimo de afiliados. La Junta verifica anualmente esta condición cada 1° de marzo y, antes de aplicar sanciones definitivas, otorga una instancia de intimación para garantizar el debido proceso.
Creciendo Juntos ya había sufrido una resolución previa: la Junta Electoral provincial le había quitado la personería política por no presentarse en las elecciones generales de 2023 y 2025. Aún así, seguirá existiendo como persona de derecho privado.
Con estas cifras, la política local se enfrenta a un escenario donde varias fuerzas corren el riesgo de desaparecer formalmente, lo que podría modificar la dinámica electoral en la ciudad.
El oficialismo en vilo, Pulti salió a copiar y dudas sobre el Ariston
La incertidumbre surge por el déficit récord de la comuna y la posibilidad de abstenciones de los libertarios por la rendición de cuentas. El concejal vecinalista repite viejas estrategias del pasado en lugar de proponer soluciones innovadoras para la industria pesquera. El futuro del emblemático edificio y el hotel proyectado generan preguntas sobre viabilidad y plazos.
Rendición de cuentas 2025: incertidumbre en el oficialismo
Con el primer tratamiento de los expedientes de la rendición de cuentas de la Administración Central y los entes descentralizados, las dudas sobre el acompañamiento de todos los bloques del oficialismo comienzan a crecer. Los números del ejercicio del año pasado muestran un déficit de $7.437 millones, un 155% más que en 2024, y generan preocupación dentro del gobierno local.
El escenario político se torna incierto: los libertarios estarían evaluando si acompañan o se abstienen frente a los resultados de los números, ya que difieren de la prédica del gobierno nacional que encabeza Javier Milei de “déficit cero”. En caso de abstención o voto en contra, el oficialismo podría verse obligado a negociar, ya que solo con los votos del Pro y UCR-NA no alcanzaría a aprobar los expedientes. Lo que ocurra en las próximas horas podría definir la fuerza del bloque oficialista y marcar la estrategia del Concejo para el tratamiento del cierre del 2025.
Mientras tanto, concejales y funcionarios anticipan un debate político más que técnico, en el que se evaluará la ejecución presupuestaria del año pasado y las consecuencias de un rojo récord que podría impactar en la percepción pública sobre la gestión municipal.
Dudas sobre el Ariston
Luego del anuncio de la restauración del Parador Ariston, los desarrolladores adelantaron que el proyecto no se limitará a recuperar el emblemático edificio: también prevén la construcción de un hotel de cinco estrellas con seis pisos. La noticia generó expectativas y cierto misterio entre especialistas y vecinos, dado que aún no se definieron todos los detalles sobre los terrenos aledaños ni el tipo de suelo permitido según el Código de Ordenamiento Territorial (COT).
En los últimos días, los empresarios de La Fonte D’Oro se reunieron con arquitectos y expertos en patrimonio para evaluar los avances de la puesta en valor del Ariston, ubicado en Playa Serena. El parador, la única obra en Latinoamérica del arquitecto húngaro Marcel Breuer y un ícono de la Bauhaus, volverá a tener un local gastronómico, recuperando uno de sus usos históricos, y sumará una nueva cafetería junto al hotel proyectado, diseñado por el mismo estudio que intervino en el centro comercial Bendú.
A nivel institucional, en el Concejo Deliberante se presentó un proyecto para incorporar el Parador Ariston al régimen de preservación patrimonial local. La iniciativa busca complementar la declaración de Monumento Histórico Nacional que recibió en 2019 y avanzar en una protección efectiva desde el ámbito local.
A pesar del entusiasmo, algunos inversores aún dudan sobre si es el momento de avanzar, recordando los problemas de costos que se registraron en desarrollos como Plaza Rumencó, cuyos lotes comenzaron a venderse antes de que el cambio de suelo fuera aprobado, quedando el trámite trabado en el recinto del HCD.
Los rumores de la vuelta de Montenegro ponen en vilo a Bonifatti
Con los rumores crecientes sobre la posible vuelta de Guillermo Montenegro a la intendencia, tanto el Palacio Municipal como el Concejo Deliberante se encuentran en estado de expectativa y tensión. Entre los que “deshojan la margarita” ante el eventual regreso se encuentra Santiago Bonifatti.
El expultista tendría el “boleto picado” con Montenegro, pero su rol fue revitalizado por el interino Agustín Neme, quien tras la salida de Bonifatti del EMSUR le creó la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos.
Sin embargo, si el exjuez regresara a la gestión, Bonifatti podría ser desplazado, según comentan pasillos del municipio y del Concejo. Y obligaría al "saltibanqui" de la política local a desempolvar el cv. La situación mantiene en vilo a los equipos internos y abre interrogantes sobre cómo se reorganizaría la administración ante la posible vuelta del exintendente.
Pulti sale a copiar viejas recetas en lugar de proponer soluciones nuevas
Gustavo Pulti, concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, puso el foco en la industria pesquera en medio de la crisis que atraviesa con una convocatoria “del siglo XXI”. Sin embargo, más allá del lenguaje moderno audiovisual, su estrategia hace eco en sucesos del pasado: muchos recuerdan inevitablemente el barcazo que encabezó el exintendente radical Elio Aprile a principios del siglo pasado, cuando 100 embarcaciones bloquearon el Río de la Plata y 15 mil trabajadores marcharon hasta la Casa Rosada. La teatralidad del gesto histórico parece inspirar hoy la puesta en escena de Pulti, más que la implementación de soluciones innovadoras.
El concejal y exintendente presentó dos proyectos en el HCD relacionados con el sector: una resolución dirigida al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a ambas Cámaras del Congreso, reclamando medidas urgentes; y la convocatoria a una Mesa de Diálogo para que todas las organizaciones empresariales y gremiales sean escuchadas. En redes sociales, Pulti enfatizó: “Proponemos unir a toda la familia marplatense para reclamarle al presidente Milei medidas de protección de esta industria”. También subrayó que proteger la pesca es proteger “el trabajo de nuestros vecinos, que después se nota en toda la economía local”.
Pero la pregunta que queda flotando es si detrás de la propuesta hay verdadera estrategia para el sector o solo un intento de visibilizarse replicando fórmulas del pasado. Mientras Pulti hace gala de un discurso de unión y modernidad, la sombra del barcazo de Aprile recuerda que, en política, muchas veces los gestos grandilocuentes superan a las soluciones concretas. La historia de la pesca en Mar del Plata demuestra que los conflictos requieren medidas serias y diálogo sostenido, no solo la puesta en escena de quien busca “copar” la agenda política.
Neme cumplió 41
El pasado lunes 6 de abril, el intendente interino de General Pueyrredon, Agustín Neme, celebró sus 41 años. Los saludos no se hicieron esperar: funcionarios, concejales y allegados se volcaron a las redes sociales para felicitarlo en su día, destacando tanto su rol político como su cercanía con colegas y colaboradores.
Entre los mensajes que más repercusión tuvieron se destacó el del presidente del PRO, Emiliano Giri, quien compartió en su cuenta de X una foto junto a Neme y escribió: “Feliz cumpleaños Agustín Neme, te queremos mucho, amigo”.
Versiones extraoficiales sobre una app municipal de transporte
El debate sobre las aplicaciones de transporte volvió a la agenda del Concejo Deliberante, mientras crecen los rumores sobre una posible app municipal. La iniciativa, todavía en etapa conceptual, despertó curiosidad y escepticismo entre los ediles y actores del sector: la comuna, se dice, podría usarla como una herramienta para recaudar y aliviar el rojo de sus cuentas. Por ahora, ni el Ejecutivo ni los desarrolladores confirmaron detalles, pero la expectativa por la regulación y las propuestas alternativas se mantiene alta.
Fuentes del sector privado aseguran que la competencia directa con las apps existentes sería un desafío, pero reconocen que una aplicación propia permitiría al municipio controlar tarifas, comisiones y datos, algo que hoy queda en manos de empresas privadas. Mientras tanto, en el Concejo, los debates sobre el marco regulatorio continúan: desde la limitación de horarios y zonas hasta la fiscalización de los conductores, todo apunta a encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y ordenamiento urbano.
Parque de los Deportes: la oposición denuncia falta de control y el oficialismo dilata definiciones
En la comisión de Deportes, los expedientes por el estado del predio y el futuro del pebetero panamericano quedaron frenados. Reclaman inspecciones, informes y mayor transparencia sobre la gestión de Minella Stadium S.A., mientras el municipio evita avanzar con definiciones concretas.
En la comisión de Deportes y Recreación presidida por el concejal perteneciente al bloque de la Unión Cívica Radical más Nuevos Aires (UCRNA), Ricardo Liceaga Viñas, se trataron trece expedientes, de los cuales, dos de ellos fueron los que más dieron para hablar en toda la comisión. El expediente presentado por la oposición, que es tanto una comunicación como un decreto, para pedir informes y hacer una inspección presencial sobre qué es lo que se está haciendo en el parque de los deportes desde que se adjudicó. También se dio la situación incómoda de no saber cómo proseguir por un pedido de la oposición para ver cuál será el destino del Pebetero panamericano ubicado en el estadio José María Minella.
El expediente número 1182 contiene tanto un comunicado como un decreto. En resumidas palabras, lo que pide es hacer una inspección presencial sobre los trabajos que está llevando a cabo la empresa que adjudicó el parque de los deportes, ya que desde el bloque de la oposición critican que las obras no se ven. También, pide que los adjudicatarios del parque de los deportes se presenten a una reunión con la comisión de Deportes y Recreación e informen sobre las obras a realizar y el estado actual en que se encuentran la totalidad de las instalaciones.
En la comisión, este expediente fue presentado por Diego García, del bloque opositor, defendiendo su postura para pedir estas cosas. “No sabemos qué es lo que va a pasar, o qué tienen pensado hacer estos próximos meses”, dijo García. Además recrimino que Minella Stadium S.A. le está cobrando a los clubes que utilizan el predio para disputar sus partidos, pero aún así, no ve que se realice ningún tipo de obras dentro del predio.
Por su parte, el presidente de la comisión le hizo un arreglo en el momento al expediente diciendo que es “es mejor hacer todo en uno, la visita y reunión con los adjudicatarios, no la visita y después verlos”. Además, Liceaga Viñas agregó que en la última comisión de deportes hicieron un reporte a Legal y Técnica con un expediente similar de la otra rama de la oposición. Diego Garcia remarcó que el expediente al que se refería no era similar en lo absoluto a lo que él está pidiendo, lo que se pedía era un informe para poder conocer el contrato que se firmó en relación con el convenio. “Lo único que tenemos son gacetillas que hacen ciertos avances y nada más” agregó García.
Este expediente ha quedado en comisión con la clásica movida del oficialismo de poner alguna que otra traba a todos los expedientes que propone la oposición. Por lo que la visita al parque de los deportes, va a tener que esperar a un informe y ser tratado en comisión nuevamente para poder realizarse.
El próximo expediente, el 1190, presentado por la oposición, tiene como petición un “informe sobre varios puntos con relación al destino del Pebetero Panamericano ubicado en el Estadio José M. Minella”. Este pebetero es emblemático para los juegos panamericanos que se realizaron en 1995. Hoy en día se encuentra en total desuso y, de acuerdo a la oposición, corre peligro.
Al igual que el expediente anterior, el oficialismo pido que el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) realice un informe y comunique de que manera se va a proseguir con el Pebetero, si se mantiene o está a disposición de la voluntad de Minella Stadium S.A.
Por lo que deja de vuelta una imagen un tanto opaca por parte del Municipio de General Pueyrredon sobre cómo tratan a los patrimonios de la ciudad. Un parque de los deportes totalmente abandonado por el municipio es mirado con otros ojos de la oposición una vez que lo adquiere un privado. Por otro lado, el oficialismo prácticamente vende con rebajas el parque de los deportes sin hacer un análisis claro sobre qué es lo que está sucediendo con el predio, menos en qué términos y condiciones se ha firmado la licitación de todo el predio.
Plaza Rocha, la postal del abandono en el corazón de Mar del Plata
El espacio verde, un ícono histórico de la ciudad, hoy refleja dejadez y falta de cuidado. La presencia de los llamados "fisuras", robos y violencia genera temor entre los vecinos. Los juegos infantiles se encuentran en mal estado y, hasta ahora, no ha llegado el prometido padrinazgo de espacios públicos que debía mejorar la plaza.
La inseguridad y el deterioro marcan el día a día de los espacios públicos en Mar del Plata. Desde la Peatonal hasta la Plaza San Martín, pasando por explanadas verdes como la Plaza Rocha, los vecinos y comerciantes denuncian el abandono de lugares que deberían ser el orgullo de la ciudad.
En pleno centro, delimitada por San Martín, 25 de Mayo, Dorrego y 20 de Septiembre, la Plaza Rocha muestra signos evidentes de descuido. Considerada una de las siete plazas fundacionales, hoy se convirtió en un espacio que perdió gran parte de su valor histórico y estético, con veredas rotas, césped irregular y mobiliario urbano en mal estado.
Además del deterioro físico, la inseguridad se convirtió en un problema cotidiano. En la plaza se hace evidente la presencia de los “fisuras”, como los denomina el Ejecutivo local. Los vecinos denuncian la presencia de personas que pernoctan y consumen sustancias en la vía pública, así como robos y episodios de violencia que generan temor, especialmente al atardecer y durante los fines de semana. Esta situación desalienta el tránsito familiar y la permanencia de turistas en la zona, debilitando el valor histórico y social de la plaza.
El lugar alberga una feria que convoca a cientos de marplatenses y batenenses, con ventas que van desde ropa usada hasta objetos nuevos que compiten con los locales habilitados. Los vecinos reclaman hace años el traslado de los feriantes a otro sector, señalando que el desorden afecta la imagen de la ciudad.
La calesita de la Plaza Rocha, uno de los íconos de “La Feliz”, celebra este año su 60 aniversario, pero se encuentra rodeada por juegos infantiles oxidados y deteriorados, sin mantenimiento adecuado. Mientras el Ejecutivo local avanza con el padrinazgo privado de otros espacios, el estado de los juegos y la seguridad de la Plaza Rocha parece quedar relegado.
Para muchos vecinos, lo que alguna vez fue orgullo de Mar del Plata hoy muestra su peor cara: abandono, inseguridad y falta de cuidado en pleno centro de la ciudad.
Rendición de cuentas: la oposición destacó los problemas que señaló el informe de OSSE sobre empleo y economía
El expediente quedó en comisión y será tratado en la próxima reunión de Ambiente. Desde el bloque kirchnerista destacaron que el propio gobierno señala los datos que reflejan la caída del trabajo y la desaceleración económica local.
En Ambiente se comenzó a tratar la rendición de cuentas de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Durante la presentación del expediente, este quedó finalmente en comisión para ser analizado. Desde la oposición señalaron los problemas económicos y laborales que expone el informe de OSSE.
El concejal de Unión por la Patria, Diego García, leyó el informe de OSSE que acompañó la rendición de cuentas. En él, el edil destacó que, según la publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, diciembre cerró con una inflación del 2,8%, y que la inflación total de 2025 alcanzó el 31,5%, siendo la más baja en ocho años.
“En cuanto a la situación particular de Mar del Plata, el nivel de empleo actual ya es inferior al mismo período de 2023, lo cual representa una alerta importante para el mercado de trabajo local. En materia laboral, la ciudad acumula ocho meses consecutivos de caída del empleo registrado”, leyó García.
“El comercio, los restaurantes y los hoteles mostraron una desaceleración en la creación de empleo, mientras que los servicios financieros y las empresas lograron apenas una leve mejora”, agregó.
“¿Quién escribió esto? Uno podría pensar en el Instituto Patria, pero lo escribieron acá, desde la gerencia comercial de OSSE”, subrayó García. Luego señaló que, según la empresa estatal, estos datos se utilizan para justificar la cobrabilidad, “los números que no terminan cerrando” y “por qué se deben aumentar las tasas”.
El concejal también indicó que, al marcar que “hay menos actividad económica, claramente, eso repercute de manera negativa en la estructura de Obras Sanitarias”. “Es la propia gerencia la que señala el problema del desempleo, la desaceleración de la economía y cómo los números se complican a la hora de poder cobrar las tasas municipales”, concluyó el edil peronista.
Desde el oficialismo no respondieron a los cuestionamientos, y el expediente quedó en comisión para ser tratado en la próxima reunión de Ambiente.
Mesa de trabajo: “La violencia en las escuelas es una herida social”
Con participación de funcionarios, ediles, gremios y docentes, se realizó el primer encuentro de la mesa intersectorial. Allí se planteó avanzar en un Observatorio y se coincidió en que la problemática excede el ámbito escolar.
El recinto del Concejo Deliberante fue escenario del primer encuentro de la mesa intersectorial “Escuelas Libres de Violencias”. La reunión se llevó a cabo este jueves desde las 11:30, con la participación de concejales, sindicatos, autoridades educativas y docentes.
Durante el encuentro se planteó que la violencia no se limita al ámbito escolar, sino que atraviesa a toda la sociedad y tiene su origen en múltiples niveles, incluido el estatal. En ese marco, también se mencionó la intención de avanzar en la creación de un Observatorio Educativo.
Además, se destacó la presentación de proyectos impulsados por los bloques de la UCR + Nuevos Aires y de Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro. A su vez, se remarcó la necesidad de un abordaje integral de la problemática, que exceda la esfera pública o privada y contemple la articulación entre las distintas jurisdicciones: municipal, provincial y nacional.
Carla Mancuso, secretaria general de Sadop Mar del Plata, expresó que “la violencia está atravesando la sociedad”. Por su parte, la consejera escolar Luciana Baldini apuntó que “la violencia en las escuelas es una herida social”.
En la misma línea, Baldini sostuvo que las escuelas son “una caja de resonancia” donde la violencia “se ve y se traduce”, y remarcó: “La escuela es un territorio de paz”.
A su turno, Alejandra Gallardo, subsecretaria de Educación del STM, hizo hincapié en la importancia de la salud mental. “Estamos haciendo un campo de batalla con personas que no están preparadas”, señaló, en referencia a los docentes y la falta de herramientas.
Asimismo, advirtió sobre el deterioro de los establecimientos educativos y el aumento de las exigencias sobre los trabajadores del sector, lo que, según indicó, “también es violencia”.
La crudeza del territorio: el caso de la Primaria 21
La mesa no fue solo un espacio de diagnósticos teóricos; la realidad golpeó el recinto con el testimonio de Mabel, directora de una institución vecina a la Primaria 21, establecimiento cuyo reciente y grave episodio de violencia fue el detonante de esta convocatoria. Se relataron escenas de una "turba" desatada, una preceptora con una costilla fisurada y un niño de 10 años escondido en un baño para salvar su vida. “A cinco meses, las heridas siguen abiertas. Funcionamos como si fuéramos una cárcel”, sentenció, evidenciando que la respuesta estatal hasta el momento ha sido insuficiente para devolver la paz a los barrios.
Desde los gremios, Claudia Rey (ATE) sumó una capa de análisis socioeconómico: el desempleo y la falta de un plato de comida en las familias son formas de "violencia institucional" que terminan estallando en las escuelas. La discusión incluso llegó a la necesidad de "disputarle los pibes al transa", reconociendo que la escuela hoy compite contra redes delictivas que captan a niños cada vez más jóvenes.
¿Transformación real o oportunismo legislativo?
Si esta mesa de trabajo será la herramienta efectiva que General Pueyrredon necesita o simplemente un álbum de fotos para sus participantes, es algo que comenzará a vislumbrarse, aproximadamente, en un mes, cuando las partes vuelvan a encontrarse para evaluar acciones concretas. Por lo pronto, el diagnóstico está hecho y las heridas, como se dijo en el recinto, siguen abiertas y sangrando.
Eficiencia administrativa o visibilidad política: el dilema reglamentario en el Concejo Deliberante
La comisión de Ambiente fue escenario de un intenso debate sobre la metodología de trabajo legislativo. Mientras el oficialismo impulsó la unificación de expedientes similares para agilizar la gestión parlamentaria, la oposición defendió el tratamiento individual de los reclamos como una herramienta de representación territorial. La controversia puso de manifiesto dos visiones contrapuestas sobre el rol del Concejo y la eficacia de los canales de comunicación directa con el municipio.
La última reunión de la comisión de Ambiente, presidida por la concejal de La Libertad Avanza (LLA), Vanesa Benavídez, derivó en una discusión que trascendió el orden del día para centrarse en las formas y el fondo del quehacer legislativo. El detonante fue la presencia de 17 expedientes de tenor idéntico que solicitan intervenciones por microbasurales en distintos puntos de la ciudad. Lo que para un sector representa una oportunidad de optimizar los tiempos administrativos, para otro constituye un intento de invisibilizar la escala de las demandas vecinales que llegan al recinto.
El oficialismo abrió el debate proponiendo una unificación metodológica. Su argumento central se basó en la economía de recursos: agrupar los reclamos en un único pedido de informes para evitar discusiones redundantes sobre una misma problemática. En dichas intervenciones se sugirió que la proliferación de este tipo de proyectos podría evitarse si se potenciara el uso de la línea de atención al vecino 147, entendiendo que el Concejo Deliberante no debería funcionar necesariamente como una mesa de entradas de reclamos operativos que cuentan con canales institucionales específicos.
Desde la oposición, el rechazo a esta propuesta fue tajante y se fundamentó en la naturaleza del vínculo entre el concejal y el vecino. Los bloques opositores sostuvieron que cada expediente representa un caso particular, una reunión en un barrio y un compromiso asumido con la comunidad. Para la oposición, el tratamiento individual no es un capricho procedimental, sino una forma de dar testimonio de la frecuencia y la extensión de los problemas en el territorio. Además, se cuestionó la eficacia de derivar los reclamos exclusivamente al sistema telefónico municipal, argumentando que la alta cantidad de expedientes presentados es, en realidad, un síntoma de que los canales directos de gestión no están cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía.
La discusión también rozó la sensibilidad sobre el esfuerzo laboral dentro del cuerpo. La respuesta oficialista fue directa para defender la postura de la unificación, aclarando que simplificar el trámite administrativo no implica una disminución en la carga de trabajo ni una falta de compromiso. Y se planteó que una respuesta unificada por parte del Ejecutivo podría ser incluso más clarificadora y funcional para el seguimiento de los temas, rechazando la idea de que la acumulación de debates individuales garantice mejores resultados prácticos para los vecinos.
En este marco, la presidenta Benavídez sometió la moción a votación, logrando imponer la unificación por mayoría oficialista. De esta manera, se justificó la decisión en la necesidad de "agilizar la comisión" para permitir el tratamiento de otros asuntos que requieren debates más profundos. A pesar del voto negativo de las bancadas opositoras, que insistieron en que este método diluye la identidad de cada reclamo, la comisión sentó un precedente sobre cómo se procesarán los expedientes reiterativos.
La resolución del conflicto dejó en claro que, más allá de los temas técnicos, el Concejo Deliberante se encuentra en plena disputa por definir si su prioridad debe ser la celeridad administrativa o la persistencia de la visibilidad política en cada rincón del partido.
Presupuesto, fallos judiciales y cruces políticos: el debate por las tarifas de OSSE
En una tensa jornada en la comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, el oficialismo y la oposición protagonizaron un duro enfrentamiento dialéctico en torno a la actualización tarifaria de Obras Sanitarias de 2024. Entre acusaciones de "mala fe" e "irresponsabilidad", el Ejecutivo logró archivar un proyecto que buscaba prever fondos ante un posible revés judicial definitivo.
El recinto de la comisión de Ambiente de General Pueyrredon se convirtió este jueves en el epicentro de una disputa política que, aunque centrada en expedientes administrativos, dejó al descubierto las profundas diferencias en la interpretación de la gestión pública y la realidad judicial del municipio. El eje del conflicto fue el expediente 1804/25, un proyecto de resolución impulsado por la oposición que solicitaba al Departamento Ejecutivo realizar adecuaciones presupuestarias para el ejercicio 2026. El objetivo era dar cumplimiento a la medida cautelar del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, que oportunamente suspendió el aumento tarifario de OSSE aplicado en 2024. Sin embargo, en un contexto donde el presupuesto 2026 se encuentra aprobado y el fallo judicial permanece apelado por la comuna, la discusión derivó rápidamente en un intercambio de chicanas e ironías que elevaron la temperatura del debate.
Desde el inicio de la lectura del expediente, el oficialismo marcó su postura de enviar el proyecto directamente al archivo. El argumento central, esgrimido por los concejales que responden al Ejecutivo, se basó en que el municipio no puede reconocer tácitamente un fallo que todavía está bajo revisión en tribunales de alzada. El concejal Ariel Martínez Bordaisco, presidente del bloque de la UCR+Nuevos Aires, fue uno de los más vehementes al calificar la iniciativa opositora como un acto de "irresponsabilidad", señalando que presupuestar una devolución de fondos implicaría admitir la derrota en un proceso judicial aún abierto. El edil subrayó que el municipio está convencido de sus fundamentos y que actuar de manera preventiva, como sugería la oposición, perjudicaría la estrategia de defensa de los intereses locales.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Desde AM-MDF se defendió la pertinencia del proyecto vinculándolo con "la transparencia y el derecho de la ciudadanía a saber qué sucederá con el cuestionado aumento del 142%". Además, se cuestionó la falta de explicaciones de los funcionarios de Obras Sanitarias durante el tratamiento del presupuesto y sostuvo que el planteo no buscaba "festejar" una derrota judicial, sino anticiparse a un escenario que podría ser financieramente complejo para las arcas municipales y para los propios vecinos. Según la visión del bloque, el fallo judicial evidencia irregularidades en los pasos administrativos que el municipio decidió ignorar, y advirtió que la "transparencia" debería primar sobre la confrontación política.
El debate alcanzó su punto más álgido cuando las formas técnicas se mezclaron con valoraciones personales. Ante la insistencia de la oposición por tratar el proyecto como un pedido de informes encubierto, el oficialismo endureció el tono. Martínez Bordaisco ironizó sobre el desconocimiento de la normativa por parte de sus pares, lanzando una de las frases más punzantes de la mañana: “Vayamos al reglamento, o a estudiar las normas administrativas que nos regulan”, disparó, tras apuntar que el expediente era una resolución y no una comunicación. En ese mismo sentido, y con un tono de fastidio ante los argumentos opositores, sentenció: “Estamos en la era de la posverdad, donde inventamos una propia realidad y decimos cosas que no coincidimos con los hechos”.
La tensión continuó en aumento con la intervención del concejal Julián Bussetti, presidente del bloque del PRO, quien se sumó a las críticas hacia el proyecto, tildándolo de tener “mala fe”. Esta caracterización fue rechazada de plano por la edil Eva Ayala (AM-MDF), quien calificó de "absolutamente irrespetuoso" el trato recibido en el recinto. Lejos de retractarse, Bussetti reafirmó su postura antes de proceder a la votación, rematando su intervención con una frase lapidaria: “Mala fe, mala leche y mal intencionado el proyecto”.
En este marco, el oficialismo hizo valer su mayoría para imponer el archivo del expediente, contando con el voto negativo de AM–MDF y las abstenciones del Frente Renovador (FR) y de Unión por la Patria (UP), cerrando así un capítulo que, si bien terminó en el archivo legislativo, promete seguir resonando en los pasillos judiciales de Mar del Plata.
Shell completa su retiro de la Cuenca Argentina Norte con la devolución del bloque CAN-109
La Secretaría de Energía de la Nación formalizó la extinción del permiso de exploración que la petrolera anglo-neerlandesa operaba junto a su socia Qatar Petroleum. Con esta resolución, se cierra el esquema de trabajo que el consorcio mantenía frente a las costas de Mar del Plata, profundizando la retracción de la actividad privada tras los magros resultados geológicos en la región.
El mapa de la exploración petrolera en el Mar Argentino ha sufrido una nueva modificación de fondo que termina de configurar un escenario de repliegue para los grandes jugadores internacionales. A través de la Resolución 87/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, el Estado Nacional declaró formalmente la extinción del permiso de exploración sobre el área CAN-109. Esta decisión administrativa se produce apenas semanas después de que el mismo consorcio, integrado por Shell Argentina S.A. y QP Oil and Gas S.A.U., oficializara su salida del bloque lindero, el CAN-107, marcando así el fin de la presencia operativa de estas firmas en la Cuenca Argentina Norte (CAN).
El documento oficial detalla que la renuncia no responde a un incumplimiento de las obligaciones contractuales, sino a una decisión estratégica de las empresas tras haber agotado las instancias de análisis técnico. De acuerdo con los informes de la Dirección Nacional de Exploración y Producción, las permisionarias cumplieron con la totalidad de las inversiones comprometidas y abonaron los cánones correspondientes al período fiscal 2025, los cuales superaron los 361 millones de pesos. Sin embargo, tras la evaluación de los datos sísmicos y la falta de indicios de comercialidad suficientes para justificar el paso a un segundo período exploratorio, las compañías notificaron su decisión de no profundizar las tareas en un área que ahora revierte plenamente al control del Estado nacional.
Este movimiento administrativo termina por disipar las expectativas que aún se mantenían sobre la continuidad de Shell en la zona. Si bien tras la caída del bloque CAN-107 se especulaba con la posibilidad de que la operadora concentrara sus esfuerzos en el CAN-109, la resolución actual confirma que el desinterés es total sobre ambos cuadrantes. Este fenómeno se inscribe en un contexto de cautela extrema que domina a la industria tras el fallido pozo Argerich en el bloque CAN-100, operado por Equinor, el cual no halló hidrocarburos en cantidades explotables y funcionó como un "balde de agua fría" para las proyecciones que ubicaban a Mar del Plata como el epicentro de una nueva era energética.
Desde el punto de vista político y económico, la devolución del CAN-109 representa un nuevo golpe de realidad para el proyecto de desarrollo offshore en la costa bonaerense. El entusiasmo que despertó la Ronda 1 en 2018, diseñada para atraer inversiones en aguas ultraprofundas, se enfrenta hoy a una selectividad corporativa rigurosa donde los riesgos geológicos parecen pesar más que los incentivos normativos. Para Mar del Plata, que ya había comenzado a adaptar su estructura portuaria y logística para dar soporte a estas operaciones, la salida de Shell del tablero regional obliga a recalibrar los tiempos y las ambiciones de un polo productivo que, por el momento, ve cómo sus áreas más prometedoras regresan al inventario estatal a la espera de un nuevo ciclo de interés privado.
Los números que dejaron las comisiones en marzo
El tercer mes del año dio inicio al período 111° de sesiones ordinarias y registró tres plenarios. Entre las comisiones de reunión semanal, Movilidad, Educación y Salud fueron las únicas que se reunieron cuatro veces, mientras que, entre las quincenales, ninguna alcanzó los dos encuentros posibles.
Con abril en marcha, en La Tecla realizamos un repaso del trabajo realizado durante marzo por parte de las comisiones, en el tercer mes del año en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
Marzo dio inicio al periodo legislativo 111° del Concejo. En el mes hubo tres plenarios: la sesión preparatoria, la especial por el día de la memoria y la primera ordinaria.
El cuerpo legislativo cuenta con trece comisiones, espacios donde se analizan expedientes y notas que pueden transformarse en comunicaciones, resoluciones u ordenanzas. Estas instancias constituyen la base del trabajo legislativo que luego se formaliza en las sesiones.
En La Tecla repasamos las reuniones celebradas entre el 1 y el 31 de marzo y elaboramos un ranking de las comisiones que se reúnen de manera semanal o quincenal.
Semanales: Movilidad Urbana (G. García-Coalición Civica), Educación (Centurión-AM-MDF) y Salud (D.García - UP), tuvieron las cuatro reuniones posibles en el mes. Mientras que Obras (Muro-Pro) y Legislación (Bordaisco-UCR+NA) tuvieron tres reuniones. Hacienda (Cardoso-Pro) solo tuvo un único encuentro.
Quincenales: Turismo (Alvarez Rios-LLA), Deportes (Liceaga Viñas-UCR+NA), Género (Ayala-AM-MDF), Derechos Humanos (Crespo-UP) y Industria (Cheppi-FR) se reunieron en una sola oportunidad. Por otro lado, Ambiente (Benavidez-LLA) y Seguridad (Ranellucci-Pro) no fueron convocadas durante el mes.
Plaza Rumencó en tensión: obras, ventas anticipadas y cuestionamientos urbanísticos
Los trabajos en el predio comenzaron antes de la aprobación del Concejo Deliberante, despertando críticas de vecinos e inquietud entre inversores. La comercialización anticipada de unidades y la falta de controles aumentan la polémica sobre el proyecto. La repuesta del presidente del HCD y el silencio del titular de la comisión de Obras.
El proyecto para construir el shopping “Plaza Rumencó” suma capítulos y ya no solo está rodeado de cuestionamientos urbanísticos. A siete hectáreas de la avenida de los countries, los trabajos avanzan sin luz verde legislativa, generando críticas de vecinos y dudas entre inversores sobre actores, financiamiento y el entramado que sostiene la iniciativa.
Entre las principales críticas se señalan movimientos de suelo y tareas de desmonte en el predio sin contar con aval del Concejo Deliberante ni la Declaración de Impacto Ambiental. Además, se realiza la comercialización anticipada de espacios dentro del futuro shopping, pese a que el proyecto todavía no tiene aprobación legislativa.
Los desarrolladores comenzaron a recorrer los pasillos del Concejo para impulsar el expediente, tocando puertas y buscando apoyo entre los concejales, mientras la atención se centra en quiénes están detrás del emprendimiento. Pablo Palmisciano, vinculado históricamente a negocios con barrios privados, habría perdido protagonismo, mientras gana terreno la figura de Catriel Taubenshlag, señalado como parte de la estructura legal y financiera del proyecto.
Sobre el expediente 1154/2026, el presidente del Concejo, Emiliano Recalt, explicó por qué aún no se trata en el recinto. “Cualquier expediente que ingresa al Concejo depende su tratamiento por cada presidente de comisión”, apuntó el titular del HCD.
Sobre los proyectos que llegan al HCD con obras iniciadas antes de recibir el aval legislativo, Recalt dijo: “Nuestra competencia comienza cuando llega el expediente al Concejo Deliberante. De lo que sucede antes existen otras áreas de competencia”.
Luego, manifestó: “Con relación a este punto, hay que tener en cuenta de que cambios de indicadores estamos hablando, nosotros presentamos un régimen de simplificación para que se lleve adelante en las circunstancias que detalla el proyecto y en los términos previstos, el inicio de obra inmediato bajo un sistema de declaración jurada y seguro obligatorio para ampliación y construcción hasta 5 pisos y proyectos industriales hasta 1200 mts 2”.
“Cuando el expediente se ponga en tratamiento se evaluarán si efectivamente existieron cambios de indicadores y otros aspectos que a nosotros nos resulten contradictorios a nuestro pensamiento. Para La Libertad Avanza siempre ha sido importante acompañar inversiones y apostar por el desarrollo de la ciudad y seguiremos impulsando áreas en las que se vienen trabajando para su expansión”, sumó Recalt.
Por su parte, Fernando Muro, titular de la comisión de Obras, no respondió las consultas sobre la instancia que preside, que es clave para que el proyecto avance hacia el recinto. La instancia que preside el edil amarillo es el primer giro que tiene el expediente.
El foco también apunta al polémico secretario de Obras, Jorge “Guasa” González, quien dio luz verde para que el proyecto desembarque en el Concejo y, según vecinos e inversores, habría hecho la “vista gorda” para que los trabajos comiencen antes de recibir el aval legislativo. Su rol genera cuestionamientos sobre la transparencia y el control de los emprendimientos, mientras los movimientos de suelo y la venta anticipada de unidades siguen adelante en el predio de Plaza Rumencó.
El debate también se enfoca en las compensaciones urbanísticas contempladas en la ordenanza, como la instalación de luminarias sobre la avenida, que mejoran el acceso al shopping pero, según críticos, también potencian directamente la valorización del emprendimiento.
Entre los inversores ya comenzaron a circular consultas legales sobre posibles irregularidades, basándose en el artículo 172 del Código Penal sobre defraudación, debido a que muchos pusieron sumas altas de dinero por lotes y unidades que no se les dieron.
El expediente deberá pasar ahora por las comisiones de Obras y Legislación, que preside Ariel Bordaisco. La gran pregunta que queda es si los concejales avalarán la habilitación anticipada de obras, mientras vecinos e inversores exigen mayor transparencia y controles.
También los organismos de control aparecen como actores pendientes, mientras la polémica en torno a Plaza Rumencó sigue en aumento, y la ciudad observa con atención cada movimiento. En ese contexto, ¿qué hará la Justicia?