11 de abril de 2026
DISPUTA
Las Prunas atribuye la contaminación a un problema histórico del Bosque Peralta Ramos
En medio de una investigación judicial por el presunto vertido de efluentes cloacales, la administración del barrio privado presentó peritajes propios que sitúan el origen de la contaminación años antes de la instalación de su planta de tratamiento. Entre el contraataque técnico y la histórica desidia estatal en la zona sur, la disputa por el Cañadón Las Machis abre un nuevo capítulo que pone bajo la lupa a los propios sistemas domiciliarios del Bosque Peralta Ramos.
La controversia ambiental que rodea al desarrollo inmobiliario Las Prunas ha dado un giro significativo, desplazando el eje de la discusión desde la presunta negligencia operativa hacia una batalla de cronologías y datos técnicos. Tras meses de señalamientos vecinales y una causa penal en curso en la Fiscalía de Delitos Culposos y Ambientales, la firma administradora del country, Magical Forest SA, rompió su hermetismo para presentar una defensa que no solo busca deslindar responsabilidades, sino que también interpela la integridad sanitaria de todo el sector residencial circundante. La tesis de la empresa es tan contundente como polémica: la degradación del Cañadón Las Machis no es una consecuencia de su actividad, sino una condición preexistente que el emprendimiento heredó de un entorno carente de infraestructura pública.
El núcleo del argumento defensivo se apoya en una serie de relevamientos que datarían de 2015, periodo previo a la puesta en marcha de la planta de tratamiento del barrio privado. Según la documentación aportada por los responsables del desarrollo, ya en aquel entonces los niveles de coliformes fecales en el curso de agua superaban con creces los límites permitidos por la normativa provincial, lo que sugeriría que el foco infeccioso ya estaba activo antes de la consolidación del proyecto inmobiliario. Esta lectura política de la situación pretende desactivar la acusación de que los vuelcos actuales son el agente contaminante primario, sugiriendo que la cuenca del arroyo Corrientes arrastra un pasivo ambiental crónico derivado de las filtraciones de pozos ciegos y sistemas precarios del propio Bosque Peralta Ramos.
Esta nueva postura defensiva introduce una tensión inédita entre los actores locales. Al sugerir que los propios vecinos denunciantes podrían ser, a través de sus instalaciones domiciliarias, los generadores de los olores y la contaminación que hoy se les atribuye a ellos, la administración de Las Prunas ha elevado el tono del conflicto. El descargo, avalado por perfiles con experiencia en la gestión de servicios sanitarios públicos, sostiene además que los controles más recientes realizados por laboratorios privados y las inspecciones de rutina de la Autoridad del Agua (ADA) muestran parámetros de funcionamiento adecuados. Estos datos entran en colisión directa con los informes oficiales que, en años anteriores, detectaron irregularidades y sustancias malolientes en los puntos de vertido, alimentando una parálisis técnica que la Justicia aún no logra destrabar.
Más allá del cruce de informes de laboratorio, el trasfondo del problema sigue siendo la fragilidad del modelo de expansión urbana en el sur de Mar del Plata. El caso de Las Prunas es el síntoma de una zona que ha crecido a un ritmo que la inversión pública en saneamiento no ha podido —o no ha querido— seguir. La dependencia de plantas de tratamiento privadas para suplir la ausencia de redes estatales coloca a los desarrolladores en un rol de gestores de servicios críticos, una función que a menudo excede sus capacidades técnicas o sus prioridades financieras.
Mientras la Fiscalía aguarda los informes periciales definitivos que confirmen si existió una violación a la Ley de Residuos Peligrosos, el escenario político local observa con cautela. La estrategia de Magical Forest SA de "socializar" la responsabilidad de la contaminación pone al Estado municipal y provincial en una posición incómoda, ya que obliga a revisar no solo el funcionamiento de una planta privada, sino la gestión ambiental de toda una cuenca hídrica que ha sido sistemáticamente ignorada por la planificación urbana. Por ahora, el efluente de la duda sigue fluyendo hacia el arroyo Corrientes, mientras los vecinos y la empresa se observan con una desconfianza que ya no solo es técnica, sino profundamente territorial.