24 de enero de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
Fueron días intensos en la ciudad. A pesar de que el Concejo Deliberante sigue en modo vacaciones y las comisiones no arrancan, la política marplatense dejó su huella. Cruces por Punta Mogotes, polémicas como la bandera sin sublimar y la concesión del Minella, los temores por la reforma laboral, la caída del turismo en temporada estival, las promesas de obras, entre otros temas. Todo eso y más, al mejor estilo La Tecla Mar del Plata.
Tras la constitución de las comisiones, el Concejo sigue sin arrancar la actividad
Aunque ya se designaron autoridades, las 13 comisiones del Concejo Deliberante aún no se reunieron y acumulan 99 expedientes sin tratar. Obras, Movilidad y Ambiente concentran la mayor cantidad de expedientes en un Concejo que todavía no activó.
A más de un mes de la asunción de los nuevos concejales y tras la formal constitución de las 13 comisiones internas del Concejo Deliberante, el motor legislativo sigue apagado. Las autoridades ya están designadas, los cargos repartidos y las carpetas armadas, pero las comisiones todavía no se reunieron y la actividad de fondo continúa en pausa.
Por ahora, el funcionamiento del Concejo se limita a la presentación de expedientes, proyectos y reconocimientos, mientras los debates de peso siguen sin fecha. En ese escenario, las comisiones permanecen en stand by, a la espera de que sus presidentes convoquen a la primera reunión del año.
Según el relevamiento que realizamos desde La Tecla sobre el digesto del HCD, entre el 10 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 ingresaron 99 expedientes. El dato no es menor: hay comisiones con agendas cargadas y otras prácticamente vacías, pero ninguna se puso en marcha. El conteo se realizó con los expedientes girados durante ese periodo, sin contar aquellos que vienen de períodos anteriores y siguen a la espera de pedidos de informes o nuevo tratamiento.
La comisión con mayor volumen de trabajo pendiente es Obras y Planeamiento, que acumula 18 expedientes. Está presidida por Fernando Muro, del PRO, y suele concentrar debates sensibles vinculados al desarrollo urbano y la planificación territorial.
Le sigue Movilidad Urbana, con 15 expedientes en carpeta. La preside Guido García, de la Coalición Cívica, en un contexto donde el tránsito y el transporte aparecen entre los temas más demandados por la agenda pública con el pliego de transporte como el más importante.
En tercer lugar aparece Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios, con 13 expedientes, bajo la presidencia de Vanesa Benavídez, de La Libertad Avanza, una comisión clave que, por ahora, no tuvo ni siquiera reunión constitutiva ampliada.
Muy cerca se ubica Educación, Cultura, Ciencia e Investigación, que suma 12 expedientes. La encabeza Melisa Centurión, de Acción Marplatense – Movimiento Derecho al Futuro, y concentra iniciativas vinculadas al sistema educativo local y la política cultural.
Más atrás, con 4 expedientes cada una, aparecen Salud Comunitaria y Desarrollo Humano, presidida por Diego García (Unión por la Patria), y Derechos Humanos, Igualdad de Oportunidades y Discapacidad, a cargo de Valeria Crespo, del mismo bloque.
Con 3 expedientes figuran Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo, presidida por Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador); Legislación, Interpretación y Reglamento, que conduce Ariel Martínez Bordaisco (UCR); y Turismo, encabezada por Noelia Álvarez Ríos, de La Libertad Avanza.
Más abajo en el ranking aparece Seguridad Pública y Protección de la Comunidad, con 2 expedientes, presidida por María Florencia Ranellucci (PRO), al igual que Deportes y Recreación, que también tiene 2 expedientes y es conducida por Ricardo Liceaga Viñas (UCR).
En el fondo de la tabla se ubica Hacienda, Presupuesto y Cuentas, una de las comisiones más sensibles del Concejo, que por ahora tiene solo 1 expediente y que espera con ansias la llegada del Presupuesto 2026, que tuvo su cuarta prórroga de presentación. La preside Marcelo Cardoso, del PRO, en momentos donde el debate presupuestario sigue siendo uno de los grandes ausentes del recinto.
El dato más llamativo lo aporta Políticas de Género, Mujer y Diversidad, que no registra expedientes ingresados en el período analizado. La comisión está presidida por Eva Ayala, de Acción Marplatense – Movimiento Derecho al Futuro.
Con expedientes acumulándose y sin reuniones convocadas, el mapa de comisiones muestra un Concejo que ya tiene estructura, pero todavía no puso primera. La incógnita no pasa por cuántos proyectos hay en carpeta, sino por cuándo empezarán a debatirse.
Sigue paralizada la Planta Compresora de Las Armas: una obra esencial para el suministro de gas en Mar del Plata
El Sindicato de la Industria del Gas de la Costa Atlántica advirtió que la falta de definiciones sobre el último tramo del Gasoducto de la Costa compromete el servicio en la ciudad y la región. Señalaron que la paralización de la planta, que tiene un avance cercano al 80%, afecta la presión de la red, limita la incorporación de nuevos usuarios y provoca el deterioro del equipamiento ya instalado.
La Planta Compresora de Las Armas, una obra estratégica del Gasoducto de la Costa, permanece paralizada con un avance cercano al 80% y sin definiciones oficiales sobre su continuidad. Se trata de una infraestructura clave para el sistema gasífero regional, cuya finalización requería apenas el tramo final de los trabajos y que hoy continúa inconclusa.
La obra fue proyectada para aumentar la capacidad de transporte y mejorar la presión del gas natural en Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica, aportando previsibilidad al servicio, mayor seguridad operativa y una respuesta adecuada frente a los picos de consumo. Sin embargo, el proyecto quedó frenado y posteriormente abandonado, en el marco de la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno Nacional, sin que hasta el momento se haya informado un plan concreto para su reactivación.
En ese contexto, desde el Sindicato de la Industria del Gas de la Costa Atlántica denunciaron el estado de abandono de la Planta Compresora de Las Armas y advirtieron sobre las consecuencias que esta situación genera tanto en el sistema energético como en los usuarios y trabajadores del sector.
“La Planta Compresora de Las Armas es una obra fundamental para el desarrollo energético de la región. Dejarla inconclusa cuando estaba prácticamente terminada implica un enorme desaprovechamiento de recursos públicos y una señal muy negativa para el futuro de la infraestructura gasífera”, sostuvo el secretario general de STIGAS, Ezequiel Serra.
Desde el sindicato remarcaron que, en el caso de Mar del Plata, el principal beneficio de la obra estaba vinculado a la posibilidad de garantizar mayor presión en la red, evitar cortes y ampliar la factibilidad para la incorporación de nuevos usuarios. De haberse concluido, la planta hubiera permitido robustecer el sistema, mejorar la calidad del servicio y facilitar la conexión de más hogares e industrias en una ciudad que suele enfrentar limitaciones durante los períodos de mayor demanda.
La denuncia sindical también puso el foco en el deterioro progresivo de las instalaciones y del equipamiento ya montado como consecuencia del abandono, además de la pérdida económica que implica dejar inconclusa una obra de estas características. Según advirtieron, la paralización limita la expansión del gas por redes y compromete la calidad del servicio en decenas de localidades que dependen de este refuerzo del sistema.
Asimismo, desde STIGAS señalaron que la falta de una decisión política clara impacta directamente en los trabajadores del sector y en miles de usuarios. “Mientras se habla de ajuste y recorte, se deja abandonada una obra clave que podría estar prestando un servicio esencial a la comunidad”, cuestionó Serra.
Finalmente, el sindicato exigió la inmediata reactivación y finalización de la Planta Compresora de Las Armas y reclamó una decisión política urgente que priorice la inversión en infraestructura energética, el empleo y el derecho de la población a contar con un servicio de gas seguro, confiable y de calidad. La obra forma parte de los proyectos iniciados en 2017 en el Gasoducto de la Costa y quedó paralizada tras la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública.
La postal del olvido: una bandera argentina a medio imprimir en el corazón de Mar del Plata
La colocación de una insignia nacional sublimada de un solo lado en uno de los puntos más visibles de la costa marplatense desató una fuerte controversia. Entre la desidia estética y el incumplimiento de decretos nacionales, el interinato de Agustín Neme enfrenta ahora un pedido de informes en el Concejo Deliberante por lo que muchos consideran una falta de respeto a los símbolos patrios en plena temporada.
La postal de Mar del Plata, esa que se promociona con orgullo hacia el resto del país, sufrió en los últimos días un traspié difícil de explicar desde la lógica de la gestión pública. En la rotonda de la avenida Patricio Peralta Ramos y la calle Guardavidas Guillermo Volpe, en el corazón de Playa Grande, la nueva bandera argentina que debería flamear con gallardía se ha convertido en el centro de las burlas y la indignación. El problema no es el viento, habitual protagonista de la ciudad, sino la calidad del paño: la bandera está sublimada de una sola cara. Esto provoca que, según el capricho de las ráfagas, el máximo emblema nacional se transforme de un segundo a otro en una superficie blanca, similar a una bandera de rendición, justo en uno de los puntos más transitados por turistas y residentes.
Este error de ejecución ocurre bajo el interinato de Agustín Neme, cuya gestión parece haber descuidado los controles más elementales en la ornamentación del espacio público. Resulta paradójico que, mientras desde las redes oficiales se jactaban de mantener la bandera "presente, cuidada y respetada", la realidad material de la insignia colocada dictara todo lo contrario. Lo que debería haber sido un acto de reafirmación de los valores locales terminó exponiendo una ligereza administrativa que no se condice con la importancia del sitio, una ubicación históricamente ligada a actos oficiales y a la identidad visual de la costa marplatense.
La desprolijidad no pasó desapercibida en el ámbito legislativo, donde la falta de rigurosidad técnica del Ejecutivo ya tiene consecuencias. En las últimas horas, se presentó un expediente en el Concejo Deliberante que pone la lupa sobre esta "reproducción de una sola cara". El documento subraya que la colocación de esta pieza ignora de manera flagrante el Decreto Nacional Nº 1650/2010, una normativa que establece con precisión técnica las características que deben tener las banderas de izar, fruto de investigaciones del INTI y el Instituto Belgraniano. La norma es clara: no se puede improvisar con el paño nacional, y mucho menos instalar una versión que desaparece visualmente según el lado desde donde se la mire.
El reclamo opositor, que ya tomó estado parlamentario, no solo exige la sustitución inmediata de la bandera por una que cumpla con la impresión en ambas caras, sino que también requiere explicaciones sobre el proceso de compra. El pedido de informes apunta a conocer la orden de compra detallada y el costo que representó para las arcas municipales esta adquisición defectuosa. En un contexto donde la gestión busca mostrar eficiencia, el episodio de la "bandera blanca" en Playa Grande queda como un testimonio de la falta de atención al detalle de un interinato que, en su afán por la comunicación rápida, olvidó revisar lo más básico: que el sol y las franjas celestes estuvieran donde deben estar, de ambos lados.
El Concejo de los "likes": entre el ajuste y la obsesión por vivir del Estado
Mientras el discurso de la austeridad domina la escena nacional, en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon la prioridad parece no ser el centenar de expedientes trabados ni la falta de presupuesto, sino el reparto de cargos para la planta política. En un distrito paralizado, los asesores de imagen parecen pesar más que los técnicos, alimentando una estructura que se resiste a soltar la caja pública mientras los vecinos esperan soluciones que no llegan.
A más de un mes de la renovación de bancas, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon ofrece hoy, 19 de enero de 2026, una postal de contradicciones profundas. Mientras el país atraviesa un clima de ajuste y cuestionamiento al gasto estatal, en los pasillos de la Municipalidad la preocupación no parece ser cómo optimizar recursos, sino cómo llenar las vacantes de la generosa planta política. El Artículo 22 del Reglamento Interno, ese manual de supervivencia de la clase política local, permite que cada concejal cuente con hasta nueve agentes a su disposición. En un cuerpo de 24 ediles, la cuenta es obscena: un ejército de cerca de 200 personas destinadas, en teoría, a "asesorar", pero que en la práctica funcionan como el primer escalón para consolidar una carrera viviendo de los impuestos ajenos.
La parálisis administrativa que mantiene en el limbo la oficialización de estos cargos no es un síntoma de prolijidad, sino de una negociación de "rosca" que no termina de cerrar. La Dirección de Administración todavía espera los formularios completados con la rigurosidad de la tinta azul o negra, pero el verdadero escollo es político. ¿Cuántos de esos futuros agentes están destinados a pensar soluciones para el colapsado sistema de transporte o el caótico desarrollo urbano? Muy pocos. La tendencia que sobrevuela el Palacio Municipal indica que la prioridad hoy es la estética por sobre la ética. Los equipos que hoy operan en un interinato de hecho están más poblados de "Community Managers", editores de video y especialistas en redes sociales que de técnicos capaces de destrabar el centenar de expedientes que ya juntan polvo en las comisiones.
Resulta cínico que, en un contexto donde el Ejecutivo municipal ya solicitó su cuarta prórroga para presentar el Presupuesto 2026, la energía legislativa esté puesta en ver quién se queda con la Secretaría de Bloque o cuántos auxiliares le corresponden a cada firma. Los concejales parecen más preocupados por tener a alguien que les sostenga el aro de luz para grabar un reel de Instagram o unos tweets para X que por el estudio de los marcos teóricos que fundamenten una ordenanza útil. Se ha instalado en el Concejo una suerte de "marketing de la gestión" donde lo que importa es la "vista" en redes sociales y no la visión estratégica de la ciudad.
Esta falta de formalización de la planta política pone de manifiesto que el Concejo funciona hoy como una agencia de publicidad financiada por el Estado. Mientras las comisiones permanentes no arrancan y la actividad de fondo continúa en pausa, la única maquinaria que no se detiene es la de la conveniencia propia. Al final del día, la incógnita sigue siendo la misma: ¿cuándo empezarán a tratarse los proyectos sensibles para los marplatenses?
El enfrentamiento por Punta Mogotes
Con las concesiones venciendo en agosto, el laberinto judicial enciende el conflicto entre el gobierno bonaerense y General Pueyrredón. Arde la pulseada por administrar el complejo
Enero de 2026. Mientras Mar del Plata bulle en el epicentro de su temporada estival, una sombra de incertidumbre se proyecta sobre los 2,5 kilómetros de carpas y cemento que definen la bahía más famosa del sur. No es una sombra climática, sino política y judicial. El Complejo Punta Mogotes ha ingresado en su cuenta regresiva final: en agosto de este año vencen las concesiones de las 24 unidades balnearias que lo integran, y la disputa por quién tendrá la llave para decidir su futuro ha escalado hasta la máxima instancia judicial de la Nación. El conflicto, que enfrenta frontalmente a la administración municipal con el gobierno provincial de Axel Kicillof, ha dejado de ser una simple diferencia administrativa para convertirse en un caso testigo de autonomía municipal y federalismo. La premisa del Municipio es tan simple como contundente: tras casi 40 años de un esquema interjurisdiccional nacido “transitoriamente”, General Pueyrredon ha decidido pagar para recuperar lo suyo.
Para entender el presente, es obligatorio mirar el origen. El Complejo Punta Mogotes es un hijo arquitectónico de la última dictadura cívico-militar. Su construcción se aceleró entre 1978 y 1980, con la visión de crear una “mini ciudad” frente al mar que pudiera absorber el turismo de masas que ya saturaba el centro. Financiado originalmente por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el proyecto dejó una deuda monumental que la sociedad estatal incial no pudo honrar, lo que derivó en la intervención y posterior creación de la actual Administración de Punta Mogotes (APM) mendiante la Ley Provincial 10.233 en 1984.
Desde entonces, el ente se rige por un esquema de mayoría provincial (70% contra un 30% municipal), lo que ha permitido que, durante cuatro décadas, La Plata tomara las decisiones estratégicas sobre un recurso situado íntegramente en suelo marplatense. Para el Ejecutivo local, este modelo es hoy un “anacronismo” administrativo que impide la integración del complejo a la trama urbana de la ciudad, condenando a la zona a ser “un desierto de persianas bajas durante nueve meses al año”.
El detonante de la crisis actual fue un cálculo contable. Según los estados financieros de la APM, la deuda histórica que el ente mantiene con la provincia asciende a $14.069.819,46. Bajo el esquema de cuotas fijas que se venía pagando, ese pasivo no se cancelaría hasta el 2070. En un movimiento que sorprendió al tablero político, el intendente Guillermo Montenegro intentó depositar el total de la deuda en agosto de 2024 para formar la aplicación de la Cláusula Quinta del convenio fundacional, que estipula la disolución de la APM una vez extinguida la deuda.
La negativa de la provincia a recibir el pago inició un periplo judicial que, a inicios de 2026, mantiene los plazos procesales suspendidos. Aunque la Suprema Corte Bonaerense falló en diciembre de 2025 ratificando que el juicio por la “consagración de pago” debe tramitarse en los tribunales marplatenses, la Fiscalía de Estado provincial presentó un Recurso Extraordinario el pasado 26 de diciembre. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si interviene en lo que la Provincia califica como un “perjuicio institucional de gravedad”.
Mientras los jueces deliberan, el tiempo corre. Los 24 concesionarios, que operan un inventario de 7.166 carpas, observan con recelo el vencimiento de sus contratos en agosto. La provincia ha intentado avanzar con un “Masterplan” y un “Concurso de Ideas” para renovar el predio por otros 30 años, pero una medida cautelar ha ordenado preservar el status quo para evitar que se comprometa la explotación futura antes de que se defina la titularidad del predio. El transfondo es un choque de modelos: la Provincia defiente el patrimonio estatal y la planificación centralizada; el Municipio exige el fin de un tutelaje que considera agotado. Con el vencimiento en el horizonte, Punta Mogotes vive su verano más político, esperando el fallo que defina si finalmente podrá integrarse a Mar del Plata o si seguirá siendo un enclave provincial en la costa marplentese.
Tras el error con la bandera, impulsan una capacitación cívica obligatoria para Neme
Luego del revuelo por la bandera sublimada de un solo lado, el kicillofismo presentó un proyecto para que el intendente interino y su gabinete realicen una capacitación obligatoria en símbolos patrios. La iniciativa no solo alcanzaría a la gestión actual, sino que quedaría establecida para futuras administraciones.
La controversia por la bandera nacional sublimada de un solo lado que el Municipio colocó en la rotonda del Golf, en Playa Grande, sigue sumando capítulos y ahora escaló a un nuevo plano político. Tras las críticas iniciales y el pedido para reemplazar la insignia, sectores del kicillofismo impulsaron un proyecto de ordenanza que va más allá del símbolo: proponen una capacitación básica obligatoria en educación cívica para el intendente interino Agustín Neme y los integrantes del Departamento Ejecutivo.
El episodio ocurrió en uno de los paseos más emblemáticos y transitados de Mar del Plata y no tardó en viralizarse. La imagen de la bandera —celeste y blanca de un lado y completamente blanca del otro— generó burlas, memes y cuestionamientos en redes sociales, más aún después de que el propio Municipio difundiera el video del izamiento.
La situación también tuvo impacto en el Concejo Deliberante. Primero, desde Unión por la Patria pidieron que se reemplace la bandera por una impresa correctamente en ambos lados. Pero luego, el bloque de Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro, alineado con el kicillofismo, avanzó con una iniciativa más amplia, que apunta directamente a la responsabilidad institucional del Ejecutivo.
En los considerandos del proyecto, sostienen que “la Bandera Nacional Argentina es un símbolo patrio de máxima jerarquía institucional, representativo de la Nación, de su orden constitucional y de los valores democráticos que la sostienen”. También recuerdan que la Ley 23.208 establece que su uso debe realizarse “siempre con el debido respeto y honor, imponiendo un deber reforzado a las autoridades públicas”.
El proyecto de ordenanza propone encomendar al intendente y a todo el Ejecutivo a realizar una capacitación obligatoria en educación cívica, con especial énfasis en el uso, respeto y significado de los símbolos patrios, el ceremonial y el protocolo institucional, conforme a la normativa nacional vigente.
La iniciativa no solo alcanzaría a la gestión actual, sino que quedaría establecida para futuras administraciones. Además, el proyecto prevé que la capacitación sea dictada por el docente de mayor antigüedad del sistema educativo municipal y que se realice en un establecimiento educativo municipal, en carácter de clase cívica institucional.
El texto también advierte que el uso no reglamentario de símbolos patrios en mástiles oficiales “afecta el decoro institucional” y puede generar consecuencias sociales y legales, al proyectar una imagen de desinterés por los valores comunes y la identidad nacional.
Así, lo que comenzó como un detalle material en un paseo costero terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión política, con Neme en el centro de la escena y el debate trasladado al terreno de la formación cívica y la responsabilidad institucional.
Punta Mogotes: Abad sube el tono y acusa a Kicillof de "asfixiar" la autonomía marplatense
Tras el nuevo revés judicial para la Provincia en la Suprema Corte, el senador radical advierte que la negativa a devolver el complejo no es una discusión ideológica, sino un "capricho" que paraliza la planificación estratégica de la ciudad.
El prolongado conflicto por la administración de Punta Mogotes ha sumado un nuevo capítulo de tensión política y judicial que vuelve a poner el foco en la relación entre el gobierno de Axel Kicillof y el municipio de General Pueyrredón. En este escenario, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) salió al cruce de la administración bonaerense luego de que la Suprema Corte de Justicia provincial rechazara un planteo de la Fiscalía de Estado, ratificando la tendencia de los fallos previos a favor de la ciudad. Para el legislador marplatense, la persistencia del Ejecutivo provincial en retener el control del complejo costero ya no responde a un argumento jurídico sólido, sino a una "maniobra dilatoria" que afecta directamente el patrimonio de los vecinos.
Abad sostiene que el mensaje que emana de los tribunales es contundente: en tres instancias consecutivas, la Justicia ha respaldado la posición de Mar del Plata. Sin embargo, el senador observa con preocupación lo que denomina un "capricho político" por parte del gobernador Kicillof. Según su visión, el conflicto ha trascendido la esfera de un expediente administrativo para convertirse en un pulso institucional donde la Provincia parece cerrarse a una salida legal y financiera que el municipio ya intentó concretar en octubre de 2024, cuando depositó judicialmente los fondos para cancelar la deuda histórica y recuperar el pleno dominio del predio.
No obstante, la crítica no se limita a la batalla de sellos y juzgados. Abad pone énfasis en el costo de oportunidad que genera este estado de "indefinición permanente". Al no existir reglas claras ni una jurisdicción definida, la planificación a largo plazo de las 24 hectáreas más codiciadas de la costa marplatense queda en un limbo que perjudica tanto a los actuales concesionarios como a los usuarios y turistas. En ese sentido, el legislador advierte que la judicialización forzada por La Plata impide tomar decisiones estratégicas sobre infraestructura y servicios en un área que es vital para la identidad y la economía local.
Un punto de especial fricción en el discurso de Abad es el avance del denominado "Master Plan" impulsado de forma unilateral por el Ministerio de Infraestructura bonaerense. Para el senador, intentar proyectar reformas desde la capital provincial mientras se desconoce la voluntad de la ciudad y los fallos de la Justicia es una contradicción que solo profundiza la grieta institucional. En su mirada, no se puede decidir el futuro de un ícono marplatense "a espaldas de los marplatenses", calificando de "disparate" el hecho de que el municipio manifieste su voluntad de pago y la Provincia bloquee sistemáticamente esa vía de resolución.
Finalmente, el referente de la UCR insiste en que la discusión ha dejado de ser una cuestión de banderas partidarias para transformarse en una defensa de la legalidad y el federalismo interno. Para Abad, el camino hacia una solución definitiva es uno solo: el respeto irrestricto a los fallos judiciales y la devolución definitiva de Punta Mogotes a la órbita municipal. Bajo la premisa de que "la ciudad debe ser administrada por los marplatenses", el legislador busca cerrar filas en defensa de la autonomía local, exigiendo que se ponga fin a una estrategia de desgaste que, a su juicio, solo logra retrasar el desarrollo de Mar del Plata.
La CGT Mar del Plata ratifica su ofensiva contra la reforma laboral ante la caída del empleo local
En un nuevo pronunciamiento, la central obrera regional advirtió sobre el impacto del modelo económico en el cordón productivo de Mar del Plata y Batán. Denuncian que la iniciativa oficial no busca modernizar el trabajo, sino legalizar la precarización y el ajuste sobre el sector industrial.
A medida que se acerca la fecha clave del 10 de febrero para el debate legislativo, la conflictividad social en Mar del Plata suma un nuevo capítulo de tensión. En este sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mar del Plata – Batán emitió un duro documento en el que ratifica su rechazo absoluto a la Reforma Laboral impulsada por la gestión de Javier Milei. La postura de la central no solo se fundamenta en una oposición ideológica al proyecto, sino en un diagnóstico alarmante sobre la realidad socioproductiva del distrito: una caída persistente del empleo registrado y un goteo incesante de cierres de fábricas y comercios.
El escenario actual, según advierte la conducción gremial, es la cristalización de los temores expresados en la masiva movilización de diciembre pasado frente a la Catedral. Para la CGT, los despidos, las suspensiones y la reducción de jornadas que hoy afectan a los sectores industriales y comerciales de la ciudad y de Batán son la consecuencia directa de un modelo que prioriza la especulación financiera por sobre la producción nacional. En este sentido, la central obrera sostiene que la crisis no es un fenómeno estadístico, sino un golpe directo a la estabilidad de miles de familias que hoy enfrentan la incertidumbre de no saber si podrán sostener sus ingresos en el corto plazo.
La retórica oficial de la "modernización" laboral es el punto de mayor fricción. Desde la Regional Mar del Plata – Batán aseguran que el proyecto de ley no es más que una herramienta para facilitar la precarización y erosionar conquistas históricas. Al igual que lo manifestado en los últimos pronunciamientos conjuntos con las dos vertientes de la CTA, se cuestiona que la reforma pretenda debilitar la protección ante los despidos y desarticular la eficacia de los convenios colectivos. Para los referentes sindicales, la flexibilización no es sinónimo de generación de empleo, sino una fórmula probada que solo redunda en trabajadores más vulnerables y salarios degradados ante la inflación.
El rechazo de la central también apunta a la filosofía de fondo del programa económico de la Casa Rosada. Denuncian que la apertura indiscriminada y la retracción del Estado están asfixiando a las pequeñas y medianas empresas locales, que son el motor principal del mercado interno marplatense. En este contexto, la CGT reafirma que la salida de la crisis no vendrá de la mano de la quita de derechos, sino de un cambio de rumbo que ponga en el centro la justicia social y el fomento a la industria.
Con el estado de alerta permanente declarado y la memoria fresca de las calles colmadas a fines de 2025, el movimiento obrero local eleva la presión sobre los legisladores nacionales de la región. El mensaje es taxativo: el país y la ciudad necesitan más trabajo digno y diálogo social, no "un retroceso de medio siglo en la legislación laboral". A pocas semanas de que el proyecto entre en su etapa de definiciones en el Congreso, la CGT Mar del Plata – Batán deja en claro que no habrá tregua en la defensa de los derechos adquiridos.
La concesión del Minella suma un nuevo conflicto legal en plena temporada estival
Mientras la firma Minella Stadium S.A. exige un canon millonario a los clubes locales ignorando la normativa vigente, el intendente interino Agustín Neme enfrenta el costo político de una privatización que prometió soluciones y hoy cosecha incertidumbre legal, retrasos en las obras y sombras judiciales.
En plena efervescencia de la temporada de verano, cuando Mar del Plata se convierte en el epicentro de la atención política y mediática del país, el Parque de los Deportes “Teodoro Bronzini” vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Lo que el oficialismo presentó el año pasado como una transformación histórica para rescatar al Estadio José María Minella y al Polideportivo Islas Malvinas del abandono, ha derivado en un escenario de tensión institucional y financiera. La concesionaria Minella Stadium S.A. comenzó a exigir a los clubes locales —emblemas de la ciudad como Aldosivi, Alvarado, Peñarol y Unión— el pago de cánones operativos para utilizar las instalaciones, una decisión que colisiona frontalmente con la Ordenanza 24.264, la cual exime explícitamente a las instituciones marplatenses de alta competencia de tales erogaciones.
Esta nueva polémica no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un complejo entramado de intereses y omisiones. La estrategia de la empresa, que argumenta que bajo su gerenciamiento los estadios han dejado de ser "escenarios municipales" para efectos de la norma, choca con el pliego de bases y condiciones de la licitación. Dicho documento obliga al concesionario a ajustar su actividad a las ordenanzas vigentes, entre las que figura el apoyo al deporte local como política de Estado. Sin embargo, lo que antes era un derecho garantizado por ley, hoy se ha convertido en una mesa de negociación privada donde algunos clubes ya han cedido bajo resignación, mientras otros resisten una medida que amenaza sus presupuestos, ya de por sí golpeados por la realidad económica nacional.
El impacto político de esta maniobra recae con fuerza sobre el despacho principal de la Comuna. El actual intendente interino, Agustín Neme, quien fuera una de las voces cantantes en el Concejo Deliberante para defender la entrega del patrimonio deportivo a manos privadas, se encuentra hoy en la incómoda posición de arbitrar una situación que él mismo ayudó a gestar. El discurso oficialista, que en su momento pedía terminar con los "privilegios" de los clubes y cuestionaba los costos operativos para el municipio, parece haberle dado la hoja de ruta a la empresa para avanzar sobre las economías de las instituciones deportivas. Sin embargo, el costo de esta decisión trasciende lo contable: en el inicio de un año legislativo con un Concejo Deliberante recientemente renovado, la oposición ya prepara pedidos de informes para determinar por qué el Ejecutivo permite que una firma privada ignore una ordenanza que nunca fue derogada ni modificada.
A este conflicto por los aranceles se suma un clima de desconfianza que ya sobrevuela el sector empresarial y artístico. Si la concesionaria es capaz de alterar las reglas de juego con las instituciones históricas de la ciudad, los promotores nacionales e internacionales de espectáculos y eventos deportivos comienzan a ver a Mar del Plata como una plaza con baja seguridad jurídica. El temor a que los "gastos operativos" se conviertan en una variable arbitraria podría espantar los flamantes y diversos eventos que la firma prometió para el predio. Todo esto sucede mientras la sombra de las investigaciones federales sobre Eduardo Spinosa y la financiera Sur Finanzas —vinculada al armado original de la concesionaria— sigue proyectando dudas sobre la idoneidad moral de los actores que hoy tienen las llaves del patrimonio marplatense.
Para los vecinos y el mundo del deporte, la realidad es amarga. Mientras la empresa solicitó una prórroga de 30 días para presentar el proyecto ejecutivo de obras —postergando una vez más las reformas estructurales urgentes—, el cobro a los clubes se implementó con una celeridad sorprendente. Por ahora, el "cambio de era" en el Parque de los Deportes se traduce más en alambrados perimetrales y facturas en dólares para los clubes locales que en los renders de modernidad que se exhibieron en la campaña. Mar del Plata, en su rol de vidriera nacional, muestra hoy una imagen de improvisación donde lo público y lo privado se confunden, dejando a los clubes de la ciudad como los primeros rehenes de un negocio que aún no ha puesto el primer ladrillo de su prometida transformación.
El Concejo en modo verano: las comisiones todavía no arrancan
A una semana de la conformación de las instancias, ninguna de las trece fue convocada y la agenda del HCD solo muestra actos y reconocimientos. ¿Cuál presidente va dar el puntapié inicial?
A una semana de la conformación formal de las comisiones del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, la actividad legislativa sigue sin despegar. Pese a que se definieron las presidencias y las integraciones, las trece comisiones aún no fueron convocadas y, por ahora, no hay señales concretas de cuándo comenzarán a reunirse.
El dato no es menor: las comisiones son el corazón del trabajo legislativo y su convocatoria depende de quienes las presiden. Sin embargo, en la agenda oficial del HCD solo figuran actos protocolares y reconocimientos, mientras los expedientes siguen acumulándose sin tratamiento.
El mapa de autoridades ya está definido. Obras Públicas quedó bajo la presidencia de Fernando Muro; Hacienda, a cargo de Marcelo Cardoso; y Seguridad, conducida por Florencia Ranellucci. Turismo es presidida por Noelia Ríos, mientras que Ambiente quedó en manos de Vanesa Benavídez.
Legislación, una de las comisiones clave, es encabezada por Ariel Martínez Bordaisco; Deportes, por Ricardo Liceaga Viñas; y Movilidad Urbana, por Guido García. En tanto, Salud continúa bajo la presidencia de Diego García y Derechos Humanos sigue con Valeria Crespo al frente.
Educación quedó a cargo de Melisa Centurión; Género, de María Eva Ayala; e Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo será presidida por Juan Manuel Cheppi. Pese a este esquema ya cerrado, las reuniones brillan por su ausencia.
En contraste, la agenda institucional avanza por otro carril. El viernes 23 de enero está prevista una declaración “de interés” por la trayectoria artística de Agustín Lucio Galbán y Valentino Galbán, “en reconocimiento a su aporte a la cultura y al prestigio de la ciudad”. Y para el martes 27 se convocó al acto por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, impulsado por la Sociedad Unión Israelita Marplatense.
Mientras tanto, los temas de fondo esperan. Con las comisiones constituidas pero sin actividad, el Concejo muestra una estructura aceitada en lo formal, aunque todavía sin poner primera en lo político. La incógnita ya no pasa por cuántos proyectos hay en carpeta, sino por quién será el primero en convocar o si, al menos por ahora, el receso informal seguirá marcando el ritmo.
Montenegro participará en el Derecha Fest, el PJ entra en zona de definiciones y movimientos en el Ejecutivo
El evento se realizará el 27 de enero en la ciudad con Milei como figura central y la participación como orador del senador provincial. Con la elección partidaria en el horizonte, el peronismo bonaerense reabre negociaciones y a nivel local ya aparecen los primeros anotados. En la Secretaría de Seguridad se oficializaron dos nuevos funcionarios.
Montenegro compartirá escenario con Milei en el Derecha Fest
Mar del Plata será escenario el próximo 27 de enero de un evento que busca mostrarse como una demostración de fuerza del universo libertario. Se trata del denominado Derecha Fest, un festival político que se autodefine como “el evento más antizurdo del país” y que tendrá como principal figura al presidente Javier Milei, con la participación como orador del senador provincial Guillermo Montenegro, en una puesta que combina discursos, música y proyección de contenidos audiovisuales.
La grilla de oradores incluye a referentes habituales del ecosistema liberal-conservador, entre ellos los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez, el teólogo Gabriel Ballerini, empresaria Patricia Soprano, y los diputados nacionales de La Libertad Avanza Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliulo. El encuentro se realizará en Horizonte Club de Playa, en el sur de la ciudad, con entrada gratuita y apertura de puertas a las 19.30.
El intendente de licencia y actual senador provincial figura como uno de los oradores del festival, en un gesto que vuelve a ubicarlo cerca del armado libertario y refuerza su sintonía con el oficialismo nacional. Su participación no pasa inadvertida en clave local y provincial, en momentos en que La Libertad Avanza busca consolidar aliados con gestión y volumen político.
La organización del evento corre por cuenta de la editorial Hojas del Sur —vinculada al entorno intelectual del Presidente— junto a la agencia Arcano Strategy Group. Según el cronograma previsto, Montenegro hablaría después de las 21, mientras que Márquez y Laje lo harían tras las 22. El cierre, alrededor de las 23, estará a cargo de Milei, en lo que se anticipa como el punto más convocante de una noche pensada para fidelizar militancia y exhibir músculo político en territorio bonaerense de cara al 2027.
El peronismo entra en etapa decisiva y General Pueyrredon empieza a mostrar candidatos
El tablero del peronismo bonaerense vuelve a moverse mientras se acerca la definición de autoridades partidarias. Este miércoles a las 17, la Junta Electoral del PJ provincial retomará su agenda tras postergar la reunión prevista para el martes, con el objetivo de avanzar en la depuración del padrón y el esquema de avales. Con el cierre de listas fijado para el 8 de febrero y la elección convocada para el 15 de marzo, la interna entra en una fase decisiva, atravesada por negociaciones que todavía no logran ordenar el mapa de poder.
Aunque en el plano provincial se intenta sostener la hipótesis de una lista de unidad, las tensiones entre los distintos sectores del peronismo —con el kicillofismo y el kirchnerismo marcando diferencias— siguen latentes. Ese clima también empieza a trasladarse a los 135 distritos bonaerenses, donde los armados locales comienzan a activarse y a mostrar que la disputa no se limitará a La Plata. En varios municipios, la discusión por la conducción partidaria ya dejó de ser silenciosa.
En General Pueyrredon, uno de los primeros movimientos concretos lo protagonizó el dirigente peronista Juan Garivoto, quien confirmó que encabezará una lista para competir por la conducción del Partido Justicialista local. El anuncio llegó a través de una carta pública en redes sociales, con la que buscó despejar versiones sobre la interna. “En estos días han corrido versiones acerca de la interna del Peronismo que creo conveniente aclarar. Todos sabemos de dónde salen, pero es bueno poner blanco sobre negro”, expresó.
En ese mismo mensaje, el exdiputado provincial planteó que el armado que impulsa busca abrir la discusión partidaria y cuestionar una dinámica de conducción cerrada. “Un grupo de peronistas, que yo integro, ha decidido presentar lista en la interna para intentar poner fin a un proceso donde el debate estaba limitado a escuchar y asentir”, sostuvo. También aclaró que el diputado provincial de licencia y actual concejal, Gustavo Pulti, no participará de la elección interna y cerró con una definición política: “La unidad se construye desde abajo, no desde arriba. Se llega a ella por el equilibrio y no por la imposición”.
Seguridad: el Municipio oficializó dos subsecretarías y sumó perfiles con trayectoria federal
El Ejecutivo municipal formalizó en las últimas horas una reconfiguración de peso dentro del área de Seguridad, con la incorporación de dos nuevos subsecretarios que ya quedaron oficializados a través del Boletín Oficial. La movida apunta a reforzar la estructura política y operativa del área que conduce Rodrigo Goncálvez, en un contexto atravesado por la demanda de mayor presencia estatal y coordinación frente al delito.
Uno de los nombramientos es el de Ricardo Luis Ferreira, quien asumió al frente de una subsecretaría creada especialmente para su desembarco. Se trata de un dirigente con extensa trayectoria en la Policía Federal, donde alcanzó el rango de comisario mayor retirado y condujo la Agencia Regional con sede en Mar del Plata. Desde su nuevo rol, tendrá bajo su órbita el vínculo del Municipio con las fuerzas policiales y federales, con el objetivo de mejorar el análisis territorial y la planificación en materia de seguridad.
La otra incorporación es la de Alejandro Montenegro, quien quedó al frente de la Subsecretaría de Articulación en Seguridad. Enfermero de profesión, con más de diez años de desempeño en la Prefectura Naval Argentina, Montenegro cuenta además con recorrido en la gestión local. Durante la pandemia tuvo un rol central en el SAME, donde coordinó equipos, móviles y comunicaciones, hasta su salida del organismo a comienzos de 2024.
En su nueva función, Montenegro será el responsable de articular el funcionamiento de la Patrulla Municipal, una de las herramientas que el Ejecutivo busca potenciar dentro del esquema preventivo. Con estas designaciones, el gobierno local apuesta a combinar perfiles con experiencia en fuerzas federales y gestión sanitaria, en una señal de fortalecimiento político de un área sensible de cara al escenario social y electoral que se avecina.
El barrio privado que divide al bosque
La resistencia vecinal en el Bosque Peralta Ramos vuelve a tomar volumen frente al avance del proyecto inmobiliario Lewen, un barrio privado que despierta cada vez más cuestionamientos en la zona sur de Mar del Plata. En los últimos días, habitantes del sector realizaron una protesta pacífica para visibilizar su rechazo al cerramiento del predio y advertir sobre los riesgos que, aseguran, implica la iniciativa tanto para el ambiente como para el uso público del territorio.
Uno de los ejes centrales del reclamo apunta al impacto ambiental acumulado en el área. Vecinos del bosque alertan que en las inmediaciones ya funcionan otros desarrollos que estarían descargando efluentes cloacales sin tratamiento sobre un brazo del arroyo Corrientes, conocido como el Cañadón de las Machis. En ese contexto, sostienen que la incorporación de un nuevo barrio cerrado podría profundizar el deterioro de cursos de agua, afectar la flora nativa y poner en riesgo la fauna local.
Las críticas también alcanzan al valor ecológico y patrimonial del sector. Según remarcan los habitantes, la desembocadura del arroyo integra un corredor biológico clave que conecta el bosque con la zona de la restinga cercana al Faro, un espacio considerado estratégico desde el punto de vista ambiental y arqueológico. La posibilidad de que ese entorno quede condicionado por un emprendimiento privado encendió nuevas alertas en la comunidad.
A ese escenario se suma la preocupación por el acceso público. Los vecinos advierten que, de avanzar el proyecto, el cauce del arroyo y sectores del bosque quedarían dentro del perímetro del barrio, limitando su uso comunitario. Además, denuncian que calles históricamente abiertas al tránsito habrían sido transferidas al desarrollo con aval municipal. Frente a este panorama, anticipan que continuarán las acciones para frenar el emprendimiento y exigen respuestas sobre las irregularidades ambientales, legales y patrimoniales que, aseguran, siguen sin resolverse.
El Concejo Deliberante y su nueva estructura política: el "ejército" de asesores que acompañará a los concejales
Tras semanas de negociaciones y parálisis administrativa, el Boletín Oficial de General Pueyrredon informó la incipiente conformación de la planta política que acompañará el nuevo periodo legislativo. Entre designaciones retroactivas al 10 de diciembre, promociones y bajas estratégicas, los bloques de concejales apuntalan sus equipos de trabajo, priorizando estructuras que combinan la militancia territorial con la gestión de la imagen pública, todo bajo el amparo presupuestario de un municipio que aún no tiene hoja de ruta financiera para 2026.
La publicación de los decretos firmados por la presidencia del Concejo Deliberante este 21 de enero de 2026 pone fin a la incertidumbre sobre el reparto de cargos en el Palacio Municipal. La "rosca" política, que se extendió durante más de un mes desde la asunción de los nuevos ediles en diciembre pasado, ha cristalizado en un mapa de nombres y apellidos que ocuparán las oficinas de los siete bloques legislativos. Bajo el régimen del Artículo 22 del Reglamento Interno, que permite una generosa distribución de colaboradores, las fuerzas políticas han procedido a oficializar secretarios, auxiliares técnicos y administrativos, garantizando la retroactividad de sus haberes y consolidando una estructura que, según se desprende de los documentos oficiales, se encuentra excluida del estatuto municipal convencional para responder directamente a la confianza de cada concejal.
En el bloque de Vamos Juntos (PRO), la renovación ha sido masiva y estratégica. Con más de 25 bajas efectivizadas en diciembre —destacándose el pase de Juan Ignacio Tonto al Ejecutivo como Director General de la Secretaría Privada—, el oficialismo ha reconfigurado su esquema de secretarios y auxiliares. La apuesta del bloque mayoritario parece centrarse en una renovación de cuadros para aceitar el vínculo entre el despacho y el territorio.
Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) ha aprovechado este turno legislativo para muscular su presencia administrativa en sintonía con su crecimiento electoral. Tras la asunción de Rolando Demaio y Noelia Alvarez Rios como concejales, el bloque libertario desplegó un nutrido listado de designaciones que incluye a diecinueve nuevos agentes. Con un fuerte componente de auxiliares administrativos y secretarios de perfil técnico, prometen ser ruidosa en el debate por el gasto público, aun cuando —irónicamente o no— su propia estructura demande hoy una tajada significativa de la Fuente 110.
La Unión Cívica Radical + Nuevos Aires (UCR+NA) muestra un proceso de rotación interna que vincula directamente al Concejo con el gabinete municipal. La salida de Guillermo Schütrumpf hacia la Secretaría de Desarrollo Social marcó el inicio de una serie de movimientos donde el radicalismo priorizó la continuidad de nombres de confianza bajo nuevas categorías. No obstante, las incorporaciones refuerzan la idea de un bloque que busca equilibrio entre la experiencia de gestión y el despliegue de sus cuadros juveniles.
En la Coalición Cívica - ARI (CC-ARI), la reestructuración ha sido más quirúrgica pero no menos relevante. El monobloque del concejal Guido García ha optado por un esquema más magro pero focalizado. Es un reordenamiento que parece responder a una lógica de optimización interna dentro de un interbloque oficialista que debe cuidar las formas ante la escasez de recursos.
Tras perder una banca en las últimas elecciones, Unión por la Patria (UP) ha transitado una etapa de repliegue y reordenamiento de sus equipos. Las bajas de figuras de auxiliares sugieren una reconfiguración de las fuerzas internas del peronismo local. En un contexto de fragmentación nacional, la bancada kirchnerista parece estar rediseñando su soporte técnico para afrontar un año donde la fiscalización del Ejecutivo sería su principal bandera de batalla.
El Frente Renovador (FR) presentó una dinámica particular de "reseteo" administrativo. Gran parte de su personal fue dado de baja el 10 de diciembre para ser reingresado de inmediato, una maniobra que suele utilizarse para actualizar situaciones de revista o antigüedades. Más allá de lo formal, el espacio de Sergio Massa en Mar del Plata ha sumado nuevas caras en enero fortaleciendo una estructura propia que busca diferenciarse de sus socios de coalición mediante una identidad técnica y comunicacional marcada.
Finalmente, Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF) ha optado por “premiar” la trayectoria interna a través de una serie de promociones. Varios nombres pasaron de la categoría de auxiliares a secretarios, consolidando la endogamia propia del espacio vecinalista. La incorporación de la ex concejal Claudia Rodríguez como auxiliar técnico demuestra que el partido no abre lugar a nuevas figuras y apuesta a la experiencia de “los mismos de siempre”.
Es fundamental destacar que todas estas designaciones, que incluyen roles de Secretarios, Auxiliares Técnicos y Auxiliares Administrativos, representan una carga directa sobre la Fuente de Financiamiento 110 de recursos ordinarios. Cada uno de estos agentes, al estar excluido del régimen de la Ley 14.656, percibe salarios vinculados directamente a la jerarquía de los concejales, lo que convierte a la planta política en uno de los ítems más sensibles del presupuesto legislativo. Mientras el Departamento Ejecutivo, insiste en prorrogar la presentación del Presupuesto 2026, la celeridad para oficializar los cargos de quienes deben controlar ese gasto resulta, cuanto menos, llamativa.
Este mapa del personal de planta política no es solo una lista de nombres; es la representación física de la prioridad de los bloques. Mientras las comisiones de trabajo aún no logran destrabar el centenar de expedientes acumulados sobre transporte, seguridad e infraestructura, el Concejo Deliberante ha demostrado una eficiencia envidiable para "renovar" su propio organigrama. La oficialización de nombres confirma que, ante la crisis de recursos, la clase política marplatense ha elegido, una vez más, resguardar su propia estructura antes que ofrecer respuestas a la parálisis administrativa que afecta a los vecinos. El Concejo ya tiene su ejército listo; resta saber si ese despliegue de personal se traducirá en soluciones o si se limitará a seguir alimentando la maquinaria de la estética y el marketing político.
El Régimen de Incentivos manda y el modelo de ciudad se posterga
Con prórrogas, excepciones y compensaciones postergadas, el Régimen de Incentivos a la Construcción se consolida como una de las herramientas de poder más influyentes de la política local. Mientras el modelo de ciudad sigue sin discutirse, el sector inmobiliario logró extender beneficios y blindar su protagonismo hasta 2027.
El ladrillo es una de las columnas vertebrales del poder local y logró atravesar sin sobresaltos el recambio político en la Municipalidad. Lo que fue una bandera de gestión de Guillermo Montenegro se mantiene firme durante el interinato: el Régimen de Incentivos a la Construcción sigue vigente y ya tiene horizonte temporal hasta septiembre de 2027, entre prórrogas sucesivas, beneficios ampliados y una relación aceitada con el sector privado.
La continuidad del esquema incluyó la extensión de los incrementos transitorios de indicadores urbanísticos en zonas de densidad media y alta, desde áreas residenciales hasta corredores comerciales. En los hechos, la flexibilización del Código de Ordenamiento Territorial se tradujo en una multiplicación de proyectos que avanzaron por la vía de la excepción, saturando las comisiones del Concejo y consolidando una lógica donde la norma quedó subordinada a la negociación caso por caso.
El Régimen nació en 2021, en pleno parate pandémico, con el discurso de sostener empleo y reactivar una actividad estratégica. Aquella herramienta de emergencia habilitaba mayor capacidad constructiva y alturas excepcionales para emprendimientos iniciados antes de la crisis sanitaria. Con el correr del tiempo, lo transitorio se volvió permanente y el incentivo dejó de ser un salvataje coyuntural para convertirse en el principal motor del desarrollo urbano —y del negocio inmobiliario— en Mar del Plata.
En ese esquema hay un faltante que se repite año tras año: las compensaciones urbanísticas. La ordenanza que debía equilibrar los beneficios otorgados al sector privado volvió a quedar en suspenso, ahora con aplicación recién prevista para 2026. Mientras tanto, el saldo es claro: más metros edificados, más expedientes aprobados y menos debate de fondo sobre el modelo de ciudad. La discusión que asoma en el Concejo ya no es solo normativa: es política. Y, una vez más, la construcción busca asegurarse centralidad en la nueva etapa del poder local.
Verano con señales de alerta: cayó un 4,6% la llegada de turistas a Mar del Plata
Los datos provisorios del EmturyC confirman una caída en el arribo de vsitantes, en un contexto de menor poder adquisitivo y un dólar que favorece destinos como Brasil. Entre el 1 de diciembre y el 15 de enero, la ciudad recibió 1.399.007 turistas
La temporada de verano en Mar del Plata comenzó a mostrar señales de enfriamiento y los números empiezan a confirmarlo. En un contexto marcado por la crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo y un dólar que vuelve a tentar a los argentinos a vacacionar fuera del país, los primeros datos oficiales reflejan una baja en la afluencia turística.
De acuerdo a cifras provisorias del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), entre el 1 de diciembre y el 15 de enero llegaron a la ciudad 1.399.007 visitantes, lo que implica una caída del 4,6% en comparación con el mismo período de la temporada pasada. El dato coincide con lo que ya venían advirtiendo operadores, comerciantes y trabajadores del sector: menos gente y, sobre todo, menos consumo.
La retracción del turismo local se da en un escenario adverso para el bolsillo de los argentinos. La suba sostenida de precios, los ingresos que no acompañan y la incertidumbre económica impactan de lleno en las decisiones de viaje. A eso se suma un factor clave: el dólar barato, que vuelve más competitivos destinos del exterior, con Brasil como uno de los principales beneficiados del corrimiento del turismo.
En ese marco, Mar del Plata enfrenta una temporada más austera, con estadías más cortas y gastos contenidos. La ciudad, históricamente refugio del turismo interno en tiempos de crisis, hoy compite con alternativas que resultan atractivas para sectores medios que antes elegían la costa atlántica.
El balance parcial del verano también coincide con una etapa de transición en el propio organismo encargado de la política turística. El EmturyC atraviesa un cambio de conducción, con la llegada de Juárez a la presidencia, en medio de un escenario que obliga a revisar estrategias, promoción y expectativas para lo que resta de la temporada alta.
Si bien aún quedan semanas clave por delante, los números provisorios marcan una tendencia que enciende luces de alerta. Con menos visitantes que el año pasado y un consumo retraído, la temporada 2025-2026 empieza a perfilarse como una de las más desafiantes de los últimos años para el principal destino turístico bonaerense.
La Rambla vallada: promesas de esplendor en medio del caos de la temporada
En el corazón del verano marplatense y con la ciudad con turistas, el Gobierno provincial relanzó el plan de obras para el patrimonio más emblemático de la costa. Entre pedidos de disculpas por las molestias y una fuerte narrativa de confrontación con el Gobierno nacional, el oficialismo bonaerense, del que se cuelga el vecinalismo aliado, apuesta a una inversión millonaria para intentar saldar una deuda histórica que hoy convive con vallas, ruidos de obra y el malestar de los veraneantes.
Caminar hoy por la costa de Mar del Plata es encontrarse con una postal partida al medio. Mientras miles de turistas intentan disfrutar del tradicional paseo de la Playa Bristol, los vallados y las máquinas de obra les recuerdan que la Rambla sigue siendo un proyecto en construcción. En este escenario de plena temporada estival, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, desembarcó en la ciudad para anunciar una nueva etapa de la puesta en valor. Acompañado por los referentes del vecinalismo aliado, que han hecho de la gestión provincial su principal bandera de supervivencia política, el funcionario intentó transformar la incomodidad de una obra en curso en un activo electoral, prometiendo que la Rambla volverá a brillar recién cuando el verano de 2026 sea solo un recuerdo lejano.
El anuncio de la licitación para la segunda etapa de los trabajos, que demandará una inversión de 4.000 millones de pesos, se suma a los 17.000 millones ya comprometidos para la primera fase. Sin embargo, los plazos siguen siendo el punto más sensible para los marplatenses que han visto pasar décadas de promesas incumplidas. Según las precisiones oficiales, la primera etapa —que incluye el recambio de las icónicas baldosas y la renovación de conductos pluviales— recién estaría finalizada en junio de este año. Para la recuperación total, que abarca las deterioradas recovas del Hotel Provincial y del Casino, habrá que esperar hasta diciembre de 2026. Es decir que, pese al despliegue mediático, la ciudad deberá convivir con una Rambla a medio terminar durante la temporada invernal.
En términos políticos, la recorrida de Katopodis no fue solo una supervisión técnica, sino un acto de diferenciación ideológica. En cada intervención ante la prensa, el ministro buscó contrastar la decisión de Axel Kicillof de sostener la obra pública con la política de "obras cero" del Gobierno nacional. En ese esquema, el vecinalismo aliado de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF) juega un rol de escolta necesario, validando la intervención provincial como la única respuesta posible ante el abandono. Para este sector político local, que ha mutado su identidad histórica hacia una alianza estratégica con La Plata, la suerte de la Rambla es su propia suerte: con miras al 2027, necesitan que las baldosas nuevas lleguen antes que el próximo turno electoral, aunque eso implique gestionar entre los ruidos de una construcción sin fecha concreta de finalización.
La complejidad de intervenir un Patrimonio Histórico Nacional de 40.000 metros cuadrados no es menor. El uso de baldosas fabricadas especialmente en Córdoba y los estudios del CONICET para replicar el material original de hace 80 años buscan otorgar una pátina de rigurosidad profesional a la obra. Pero detrás de la mística de la restauración patrimonial, subyace la urgencia de mostrar resultados en una ciudad que siempre ha sido esquiva para el oficialismo provincial. Mientras el ministro asegura que "las molestias pasan y las obras quedan", los comerciantes de las galerías y los turistas que esquivan vallas y carteles se preguntan si esta vez el cronograma se cumplirá o si, como ocurrió en agosto de 2025, los plazos volverán a estirarse según las necesidades del marketing político. Por ahora, la Rambla sigue siendo un símbolo en disputa: una joya arquitectónica que lucha por recuperar su brillo bajo el asedio de la política y el cemento.
Mar del Plata en el tablero de la ambición presidencial de Kicillof
Entre visitas furtivas a museos, una gestión provincial asediada por reclamos de salud y seguridad, y una interna feroz que fractura al peronismo local, el mandatario bonaerense redefine su vínculo con "La Feliz" priorizando la construcción nacional de cara a 2027 por sobre el conflicto territorial directo.
En este comienzo de 2026, Mar del Plata se ha convertido en el espejo que devuelve la imagen más compleja de Axel Kicillof: la de un líder con ambiciones nacionales que, sin embargo, debe moverse con cautela de espía en el distrito más importante del interior bonaerense. La postal de este jueves, con el ministro Gabriel Katopodis encabezando los anuncios de las obras en la Rambla en lugar del gobernador, no es un problema de agenda, sino una declaración política. Al delegar el protagonismo en sus ministros y en un vecinalismo aliado que utiliza la estructura provincial como respirador artificial, Kicillof confirma que Mar del Plata es hoy para él un territorio de "presencia-ausencia".
Esta estrategia quedó cristalizada el pasado lunes, cuando el mandatario recorrió el Museo Mar bajo un hermetismo absoluto, con el edificio cerrado al público y fuera de cualquier gacetilla oficial que anticipara la visita. Este acontecimiento es la metáfora perfecta de su gestión actual: la necesidad de capitalizar la obra pública y la cultura sin exponerse al termómetro de una calle que, lejos de la épica militante, le devuelve un reclamo persistente por la ineficiencia de los servicios básicos.
El distanciamiento de los grandes escenarios marplatenses no es caprichoso; responde a un deterioro de la imagen provincial que, parece, no se soluciona con fotos de campaña. La crisis del IOMA, que tuvo su punto más crítico el 6 de enero con la protesta de los "Reyes Vagos", expuso una vulnerabilidad que toca la fibra más sensible de la clase media local: la salud. A esto se suma el desaire simbólico de haber mudado el lanzamiento del Operativo Sol a Mar Chiquita, lo que confirmó la ruptura con la tradición de las diecisiete ediciones ininterrumpidas en la Plazoleta Almirante Brown de Mar del Plata.
Este movimiento es leído políticamente como una admisión tácita de debilidad. Kicillof parece haber comprendido que, en una ciudad que se siente rehén de la inseguridad y el abandono administrativo, cualquier aparición pública corre el riesgo de transformarse en un reproche social. Por eso, el gobernador ha optado por "puentear" el conflicto directo, enviando delegados y refugiándose en figuras como el senador Jorge “Pitingo” Paredi para articular la Quinta Sección.
Esta fractura territorial tiene su correlato en la batalla judicial por el Complejo Punta Mogotes, un enclave que hoy funciona como el último bastión del "centralismo" bonaerense frente a los intentos de autonomía de General Pueyrredon. Lo que para la Provincia es la defensa del patrimonio estatal y una planificación centralizada, para el Municipio es un tutelaje agotado y anacrónico. Con el vencimiento de las concesiones en agosto y el litigio instalado en la Corte Suprema, Mogotes es hoy el campo de batalla donde se mide quién tiene el verdadero control sobre la infraestructura estratégica de la ciudad. Mientras tanto, la parálisis jurídica sobre las siete mil carpas de la bahía simboliza una relación institucional que se ha mudado definitivamente de los despachos oficiales a los tribunales, eliminando cualquier posibilidad de planificación urbana conjunta.
En última instancia, el repliegue táctico de Kicillof en Mar del Plata es el costo de su apuesta por el 2027. El gobernador ha decidido que para llegar a la Casa Rosada necesita una estructura propia, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que le permita prescindir del tutelaje de La Cámpora y de los liderazgos históricos como el de Fernanda Raverta. Esta decisión ha dinamitado la unidad del peronismo local, hoy sumergido en una guerra de avales y padrones de cara a las internas de marzo. En este laberinto, Kicillof juega un triple juego: mantiene la gestión a través de aliados vecinalistas, desafía a la estructura orgánica de su propio partido y evita el choque directo con una gestión municipal que capitaliza su ausencia.
Mar del Plata, para el gobernador, ha dejado de ser una ciudad para gestionar y se ha transformado en un tablero donde cada movimiento se mide en clave de supervivencia nacional, aunque el precio sea caminar sus calles en las sombras.
Presupuesto 2026: la cuenta regresiva entra en tiempo de descuento
El gobierno local interino estira los plazos mientras crecen las dudas sobre su capacidad para cerrar acuerdos y ordenar la planificación financiera. El 29 de enero vence el último plazo.
General Pueyrredon entra en la recta final de una definición clave. Con el calendario encima y el plazo que vence el jueves 29 de enero, vuelve a crecer el interrogante en la agenda política local: ¿el Ejecutivo enviará finalmente el Presupuesto 2026 o volverá a recurrir a una nueva prórroga?
La cuenta regresiva no es nueva, pero sí cada vez más incómoda. El Concejo Deliberante ya concedió una seguidilla de extensiones que dejaron expuestas las dificultades del oficialismo para cerrar la llamada “ley de leyes”. La última prórroga, de hecho, se pidió sin un argumento sólido que lograra disimular lo que en los pasillos se comenta en voz baja: la falta de acuerdos políticos puertas adentro, especialmente con los aliados, y en particular con La Libertad Avanza, donde algunos puntos clave siguen sin cerrar.
El marco legal es claro. La Ley Orgánica de las Municipalidades establece el 30 de octubre como fecha límite para la presentación del presupuesto. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo ya agotó casi todo el margen político: primero la prórroga hasta el 30 de noviembre, luego hasta el 31 de diciembre, más tarde hasta el 16 de enero y ahora hasta el 29. Con el reloj corriendo, las excusas empiezan a perder peso.
La discusión, además, excede lo técnico. La demora en el envío del Presupuesto 2026 no solo condiciona la planificación financiera del municipio, sino que también pone a prueba la capacidad de gestión y de construcción política del actual interinato. Enviar el proyecto implicaría ordenar prioridades, transparentar el impacto de los acuerdos salariales y fijar un rumbo claro para el año en curso.
Si el Ejecutivo logra avanzar y girar al Concejo una ley de leyes que equilibre las demandas gremiales con la realidad recaudatoria, General Pueyrredon podría dejar atrás el esquema de presupuestos prorrogados y comenzar a gestionar con herramientas propias. De lo contrario, el riesgo es profundizar un escenario de administración por inercia, donde las prórrogas y los decretos ya no alcanzan para disimular la falta de planificación.
Mientras tanto, el gobierno ya tomó una decisión de fondo: el municipio funciona en 2026 con el Presupuesto 2025 prorrogado. La medida fue formalizada por decreto y se apoya en la normativa provincial que habilita esa salida cuando no hay un nuevo presupuesto aprobado. La continuidad administrativa está garantizada, pero a costa de congelar la planificación y limitar cualquier política nueva.
Con el vencimiento a la vuelta de la esquina, la pregunta sigue abierta. El jueves 29 de enero marcará si el Presupuesto 2026 finalmente ve la luz o si General Pueyrredon suma un nuevo capítulo a la saga de prórrogas que mantiene en suspenso la hoja de ruta económica del municipio.