La expansión de la mancha urbana hacia el sector periurbano de la zona sur ha sido, durante la última década, el motor principal del mercado inmobiliario local. Sin embargo, detrás de la promesa de una vida en contacto con la naturaleza, asoma una crisis de infraestructura que el Estado municipal y provincial no han logrado —o no han querido— resolver. El conflicto latente en torno al barrio privado Las Prunas es apenas el síntoma de una enfermedad mayor: la ausencia de una red de servicios públicos que acompañe el crecimiento demográfico, obligando a los nuevos desarrollos a gestionar de forma autónoma, y muchas veces deficiente, sus propios residuos cloacales.
El eje de la disputa se centra en el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes del mencionado barrio, que realiza sus vuelcos en un curso de agua de la cuenca que desemboca en el arroyo Corrientes. Lo que originalmente fue diseñado como un sistema de escurrimiento pluvial se ha convertido, según advierten los especialistas en gestión ambiental, en un foco de contaminación persistente. Los relevamientos técnicos realizados de manera intermitente desde 2021 arrojan resultados que superan con creces los límites permitidos de coliformes fecales, lo que evidencia que el tratamiento del agua residual es insuficiente o, en el peor de los casos, inexistente.
Esta situación pone de manifiesto una profunda polémica; los grandes desarrolladores urbanísticos parecen operar en una zona gris donde la fiscalización estatal llega tarde o se diluye en expedientes judiciales de lenta resolución. La falta de un permiso de vuelco vigente y el estado de deterioro de las instalaciones detectado por las autoridades del agua en inspecciones recientes no han sido suficientes para frenar el vertido. Para quienes analizan la política urbana, esto configura un escenario de anomia donde las reglas ambientales se transforman en sugerencias que el sector privado decide cuándo y cómo cumplir.
El trasfondo político de este conflicto es la falta de una planificación integral que entienda al agua y al suelo como bienes comunes y no solo simples como insumos para el mercado inmobiliario. La respuesta del sector privado ante los reclamos vecinales ha sido, hasta el momento, esquiva. Las promesas de futuras conexiones a redes de otros barrios en desarrollo no ofrecen una solución al daño ambiental que se está produciendo hoy. Es, en esencia, una postergación de la responsabilidad mientras el efluente contaminado continúa su recorrido hacia la reserva marina, afectando la biodiversidad y la calidad de vida de toda una comunidad que ya no tolera el olor a negligencia.
La judicialización del caso, bajo la carátula de presunta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos, es el último recurso de una ciudadanía que se siente desprotegida por los organismos de control. Si el municipio y la provincia continúan permitiendo que el crecimiento de la ciudad sea dictado exclusivamente por la iniciativa privada sin una inversión estatal en infraestructura básica, los conflictos de este tipo se multiplicarán. El desafío para la dirigencia política local no es solo atraer inversiones, sino garantizar que el progreso de unos pocos no se convierta en el desastre ambiental de muchos otros. La pregunta pendiente sigue siendo quién se hace cargo del costo oculto de un urbanismo que parece haber perdido el rumbo.
