17 de diciembre de 2025
PUERTO EN DISPUTA
El avance del lujo inmobiliario y el cerco judicial sobre la harinera Coomarpes
Entre el proyecto del Distrito de Arte y Diseño (DAD) y las causas por contaminación ambiental, la fisonomía del puerto marplatense enfrenta una tensión profunda que pone en juego el modelo de ciudad: el desplazamiento de la industria tradicional frente a la expansión del desarrollo inmobiliario premium.
La zona de la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Edison se ha convertido en el kilómetro cero de una transformación urbana que excede lo arquitectónico para adentrarse en la geopolítica local. En ese vértice, donde históricamente el ruido industrial y el olor a pescado definieron la identidad del puerto de Mar del Plata, hoy se proyecta el Distrito de Arte y Diseño (DAD). Este emprendimiento de la empresa IMASA, liderada por Florencia Miconi, no es solo un complejo de viviendas y oficinas; es la punta de lanza de una reconfiguración territorial que busca desplazar los bordes de la "zona productiva" para dar paso a una "usina de energía" de usos mixtos, hoteles boutique y parques en altura. Sin embargo, este nuevo horizonte de vanguardia choca de frente con una realidad mucho más añeja: la permanencia de la harinera Coomarpes, hoy acorralada por la Justicia Federal.
El conflicto no es solo estético o de convivencia vecinal, sino estrictamente político y judicial. Según trascendidos, los impulsores del DAD ambicionan la necesidad de relocalizar la planta harinera, argumentando que la presencia de la industria pesquera de ese calibre resulta incompatible con un distrito que promete "vistas inigualables al skyline" y un estilo de vida premium. La debilidad de la harinera para sostener su posición en este “ajedrez” no reside solo en el “lobby inmobiliario”, sino en su propia vulnerabilidad legal. Tras casi una década de dilaciones, la Cámara Federal de Casación Penal ha cerrado el cerco sobre los directivos de Coomarpes, rechazando de manera sistemática los intentos de la empresa por evitar el juicio oral mediante acuerdos económicos que los magistrados consideraron insuficientes y técnicamente nulos para reparar el daño ambiental.
La causa, iniciada en 2016 tras una denuncia de Roberto Maturana por el vertido de efluentes tóxicos en la playa del puerto, desnudó una trama de connivencia que la geopolítica del sector no pudo ocultar. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y el Consorcio Portuario habían avalado un acuerdo reparatorio de 180 millones de pesos —destinados a obras de cloacas— para extinguir la acción penal. Sin embargo, los jueces de Casación, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, fulminaron esa pretensión al advertir que no se puede canjear la contaminación de las aguas por obras de infraestructura ajenas al saneamiento efectivo del mar. Para la Justicia, la "reparación integral" no es un cheque en blanco, y menos cuando está en juego la salud pública y el cumplimiento de la Ley de Residuos Peligrosos.
Este escenario judicial le otorga al proyecto DAD un impulso inesperado. Mientras IMASA vende la idea de una Mar del Plata "activa los doce meses del año" y adaptada a la era del home office, la industria tradicional que le dio origen al puerto parece quedar detenida en el tiempo, defendiéndose en los tribunales de imputaciones por contaminación peligrosa. La geopolítica portuaria se debate así entre dos modelos: el de la matriz productiva pujante que reclama el DAD en su folletería, y el de la industria pesquera procesadora que, para algunos sectores, ya forma parte de un paisaje que debe ser, al menos, reubicado lejos del nuevo centro de gravedad del lujo.
Con el juicio oral a la vista para 2026, la presión sobre Coomarpes promete escalar. No se trata únicamente de un debate sobre el vertido de líquidos industriales, sino de quién tiene derecho a ocupar el suelo portuario. La reestructuración urbanística y de tránsito ya comenzó, y el avance de las moles de hormigón como el DAD marcan un punto de no retorno. En esta puja por el territorio, la contaminación ambiental ha dejado de ser solo un problema ecológico para convertirse en la herramienta jurídica que podría terminar de desplazar a las viejas chimeneas en favor de los nuevos rooftops con vista al mar.