26 de noviembre de 2025
PANORAMA
Fricción política y desarrollo inmobiliario: la incertidumbre de las inversiones privadas en General Pueyrredon
El análisis de un desarrollador local expone las disputas jurisdiccionales y la descoordinación estatal como los principales obstáculos para la ejecución de obras. El sector privado alerta sobre la parálisis de los proyectos y la falta de soluciones integrales para la infraestructura, con el contribuyente como rehén del conflicto.
La expansión de los desarrollos inmobiliarios en General Pueyrredon se encuentra condicionada por un clima de incertidumbre y fricción entre los distintos niveles de la administración pública. El sector privado, motor de estas inversiones, ha puesto de manifiesto cómo la disputa política y la falta de coordinación entre entes municipales y provinciales —e incluso nacionales— se han convertido en la principal barrera para la concreción de obras de infraestructura, especialmente en zonas críticas.
Un referente del sector, fundador y CEO de un desarrollo importante en las afueras de Mar del Plata, describió esta situación como una "eterna lucha de diferencias de bandera política" que ralentiza la resolución de problemas crónicos, como las inundaciones en barrios adyacentes. El empresario manifestó que el sector se siente como "el hijo de los papás divorciados" ante la incapacidad de la gestión de aunar criterios: "Siempre se tiran la pelota entre uno y otro y al final la víctima es el contribuyente, primero que nadie".
Las declaraciones reflejan la tensión en torno a las responsabilidades hídricas. Según la perspectiva del desarrollador, su empresa ha cumplido a rajatabla con las exigencias de la Autoridad del Agua (ADA), invirtiendo en sistemas de reservorios y bombeo. Sin embargo, este cumplimiento normativo interno no se traduce en una solución integral para el entorno. El empresario señala que la ADA se limita a revisar los proyectos "sin salir mucho del escritorio", sin abordar el problema estructural del barrio vecino que es competencia del Estado. En este punto, se registra la fricción: la Provincia no se hace cargo de lo preexistente, mientras que el Municipio solicita colaboración a las empresas privadas, alegando una supuesta falta de recursos o capacidad para resolverlo.
El conflicto se extiende a las propuestas de obra. El desarrollador afirmó haber presentado un proyecto "superador" que, según su análisis técnico, no solo beneficiaba a su emprendimiento sino que también mitigaba la problemática hídrica de la zona lindante. Este plan fue rechazado por la autoridad provincial, obligándolos a ejecutar una obra diferente, descrita como más costosa y de menor impacto social. Intentos posteriores de la empresa de ejecutar obras de colaboración directa en el barrio vecino se frustraron al topar con "las jurisdicciones", dejando los esfuerzos en un "embrollo burocrático".
Este panorama genera una gran incertidumbre sobre el futuro de las inversiones. El sector percibe que el celo político, donde "cada uno cuida su quinta" en lugar de buscar la coordinación, paraliza proyectos.
La expectativa de que la situación se destrabe se centra en supuestas intenciones de crear consorcios de obras y en los inminentes cambios de gestión en áreas clave del gobierno, dejando a la resolución de problemas de infraestructura en un impasse político. Así, la incertidumbre persiste: la solución definitiva para las problemáticas de desarrollo urbano y territorial en General Pueyrredon depende de que los ámbitos de gobierno logren coordinar la gestión por encima de la bandera política.