15 de noviembre de 2025
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
Días agitados en la ciudad: un Concejo Deliberante muy activo, con las Unidades Turísticas Fiscales y el pliego del transporte en debate, y en la recta final hacia la inevitable renovación; Punta Mogotes y la ribera marítima sumaron nuevos capítulos en el marco de la disputa del Municipio con la Provincia; el STM toca sus tambores de guerra; y la interna peronista arde como nunca. Todo eso y más al mejor estilo La Tecla Mar del Plata.
Arena en disputa: la línea de ribera redefine los límites entre lo público y lo privado
Entre carpas, multas simbólicas y erosión, la línea de ribera vuelve al centro del conflicto en la previa del verano. La naturaleza impone sus condiciones: mientras los pliegos siguen fijos, el mar gana terreno.
A poco más de un mes del inicio de la temporada, los balnearios de la costa marplatense aceleran los preparativos para recibir a los turistas. Pero detrás de las carpas recién armadas y los decks renovados, un dato inquieta a especialistas y autoridades: el mar sube cada año 3,4 milímetros y las playas retroceden hasta medio metro, un fenómeno que pone en jaque la llamada “línea de ribera” y, con ella, los límites entre el espacio público y las concesiones privadas.
Según la Autoridad del Agua (ADA), la línea de ribera es el punto de referencia que separa el bien público del privado, es decir, el área de libre acceso y la superficie explotada por los balnearios. Sin embargo, técnicos del sector advierten que en algunos tramos “no se mide hace más de 15 años”. El resultado es visible: el mar se cuela cada temporada un poco más en las unidades de sombra, y el espacio público se reduce al mínimo.
Mientras los concesionarios levantan carpas y sombrillas, la cantidad de unidades de sombra debería ajustarse a las demarcaciones oficiales. Pero los pliegos de bases y condiciones —algunos firmados hace más de una década y con vigencias de hasta 30 años— no contemplan el avance del mar ni la erosión costera. En ciertos casos, cuando se superó la cantidad permitida, el Ejecutivo aplicó multas que equivalen apenas a unos pocos alquileres de temporada.
Con la mirada puesta en la próxima temporada, el tema vuelve al centro de la discusión: ¿quién controla la línea de ribera y quién paga el costo del retroceso costero? Mientras el Concejo Deliberante avanza con nuevas concesiones de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF), la naturaleza marca su propio límite.
El Concejo se prepara para redefinir liderazgos
Con la llegada del nuevo cuerpo deliberativo, varios bloques deberán redefinir sus autoridades y estrategias internas. Salidas, renovaciones y disputas anticipan semanas de rosca política. ¿Quiénes son los que se van?
El recambio legislativo en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon traerá consigo una serie de movimientos internos que ya generan expectativa. Con nuevas bancas por asumir, las presidencias de bloque vuelven a estar bajo la lupa y se anticipan negociaciones intensas en los próximos días.
En el oficialismo, el bloque del PRO —actualmente presidido por Agustín Neme— deberá definir su nueva conducción. La salida de Neme hacia la Intendencia abre un interrogante en el armado amarillo, donde comienzan a sonar posibles reemplazos.
La Unión Cívica Radical también atravesará cambios. Su actual titular, Daniel Núñez, no continuará en el cuerpo tras no haber renovado su banca, por lo que el espacio deberá redefinir su liderazgo.
En La Libertad Avanza, la transición será clave. Cecilia Martínez, actual presidenta del bloque libertario, dejará su banca para asumir en el Senado bonaerense, y su salida dejará vacante la conducción. El Frente Renovador, representado por Ariel Ciano, también experimentará una modificación sustancial. Ciano, no renovó su banca y se despide del Concejo.
Dentro de Unión por la Patria, la conducción está actualmente en manos de Mariana Cuesta, quien logró renovar su banca, aunque no se descarta una disputa interna por la jefatura del bloque kirchnerista. En tanto, Acción Marplatense mantendrá la continuidad de Horacio Taccone al frente del bloque, con mandato vigente hasta 2027.
Por último, la Coalición Cívica - ARI, que hoy tiene a Angélica González como su referente, quedará con una sola banca tras su salida. El panorama se abre a la posibilidad de que Guido García continúe con un monobloque o se sume a otro espacio político.
El nuevo Concejo comenzará a funcionar en las próximas semanas con una composición distinta y un tablero político que promete reacomodamientos. Cada bloque definirá su nueva estructura y liderazgos internos, en un escenario donde las negociaciones, los acuerdos y las ambiciones personales volverán a marcar el pulso de la política local.
Canchita de los Bomberos: la UCR fuerza al PRO a definirse entre el parque de los vecinos o el remate de Milei
El radicalismo impulsa un proyecto para exigir la cesión gratuita del predio que el Gobierno nacional ya autorizó a subastar. La jugada expone la nueva fractura local y obliga al oficialismo a tomar partido en la primera gran batalla política de la transición en el Concejo Deliberante.
La comisión de Legislación del Concejo Deliberante tratará mañana un expediente que va mucho más allá de un simple pedido de tierras. Es la primera gran jugada de ajedrez del nuevo mapa político marplatense y una prueba de fuego para la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad.
Sobre el papel, el expediente 1691/25, impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), es una solicitud formal: pide al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ceda "a título gratuito" las parcelas de la "Canchita de los Bomberos" a la Municipalidad, con el fin de afectarlas definitivamente como "área verde y libre pública".
Pero el contexto político lo es todo. Esta solicitud de "cesión gratuita" choca de frente con la decisión ya tomada por el presidente Javier Milei, quien mediante el Decreto 765/25 autorizó a la misma AABE a rematar esos exactos terrenos, considerándolos "subutilizados" y un "gasto evitable" para el Estado.
Aquí es donde la estrategia radical cobra sentido. A menos de un mes de la renovación del Concejo, la UCR, que abandonó el oficialismo local justamente por el pacto del PRO con los libertarios y que compitió con boleta corta en las últimas elecciones, utiliza este expediente para marcar la cancha. El radicalismo, que contará con cuatro bancas desde el 10 de diciembre, se posiciona como el defensor del espacio público barrial frente a la lógica de mercado del Gobierno nacional.
La "Canchita de los Bomberos" es, además, un terreno simbólicamente sensible. Los vecinos de Parque Luro ya frenaron en el pasado, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un intento de destinar esas tierras a un plan de viviendas Procrear.
El debate de mañana, por lo tanto, se convierte en una encerrona política para el oficialismo local. El PRO queda atrapado entre sus nuevos socios nacionales y las demandas vecinales.
Si el PRO acompaña el pedido de la UCR, estará votando en contra de una decisión administrativa firmada por el propio Javier Milei, evidenciando una fisura en la alianza recién estrenada. Si, por el contrario, rechaza la iniciativa o la "manda a dormir" en comisiones, estará dándole la espalda a un reclamo histórico de los vecinos para convalidar el "remate ideológico" del que habla la oposición.
En plena recta final hacia la renovación de autoridades, la sesión de la comisión no será un trámite administrativo más. Será el escenario donde el radicalismo exhibirá su nuevo rol y obligará al resto del arco político a definir si prioriza la alineación nacional o el costo político local.
Cuando la ciudad se queda chica: los desarrolladores cruzan los límites del ejido
El avance inmobiliario se desplaza hacia zonas antes rurales o costeras. La política local acompaña el viraje con habilitaciones y excepciones urbanísticas. Las desarrolladoras apuestan a urbanizaciones cerradas y proyectos sobre la Ruta 11 y Jorge Newbery.
El avance inmobiliario en Mar del Plata parece no conocer límites. Como una vegetación que se abre paso entre la roca, las desarrolladoras y constructoras locales encontraron nuevas formas de expandirse en una ciudad donde el suelo disponible ya es un bien escaso. El macrocentro, saturado y con apenas algunos lotes vacíos, se convirtió en un tablero de reemplazos: donde antes hubo casonas patrimoniales o edificios emblemáticos, ahora se levantan torres y complejos de hormigón. El caso del Hotel Hurlingham fue apenas el anticipo de un modelo que se consolidó sin pausa.
La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde puede crecer la ciudad? Con el ejido urbano diseñado hace más de medio siglo, cuando Mar del Plata era mucho más chica y menos densa, la expansión se desplazó hacia los bordes. Con la venia del Ejecutivo, la Secretaría de Obras y el Concejo Deliberante, las grandes firmas del sector pusieron la mira en las urbanizaciones cerradas y los desarrollos sobre la Ruta 11.
Si bien el foco principal se concentra en el sur, camino a Chapadmalal, el norte empieza a convertirse en un nuevo polo de inversiones. Allí, los barrios privados y condominios de alta gama brotan con rapidez, acompañados por una trama de excepciones urbanísticas.
El frente costero de Punta Mogotes es otro territorio en disputa. La vieja ambición de la política local por municipalizar el complejo no solo responde a una cuestión administrativa: detrás de esa pulseada se proyecta una futura reforma urbana que permitiría elevar los metros construidos y sumar nuevos emprendimientos con vista al mar. El negocio de la expansión sigue su curso, y los desarrolladores ya se preparan para la próxima frontera.
Punta Mogotes: la Suprema Corte bonaerense asume el expediente y crece la incertidumbre por el control del complejo
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pidió la elevación de la causa que enfrenta al gobierno de Axel Kicillof con el intendente marplatense Guillermo Montenegro por la administración de Punta Mogotes, sumando un nuevo capítulo de máxima tensión y dilación a un litigio que mantiene en vilo el futuro del predio turístico ante el inminente fin de las concesiones.
El futuro del Complejo Punta Mogotes se ha tornado más incierto que nunca. En medio de una disputa judicial que enfrenta a la Municipalidad de General Pueyrredón con la Provincia de Buenos Aires, el máximo tribunal bonaerense, la Suprema Corte de Justicia, ha solicitado el expediente principal de la causa para su revisión, en una decisión que acorta los plazos y pone en sus manos la definición de un crucial conflicto político y patrimonial.
La decisión del alto tribunal se produce luego de que la Fiscalía de Estado provincial presentara un recurso de queja tras dos reveses judiciales consecutivos: la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó tanto la competencia territorial de la justicia marplatense como la competencia material del fuero contencioso administrativo para tramitar la demanda iniciada por la Comuna.
El objetivo del gobierno de Axel Kicillof es claro y persiste: trasladar el expediente a un Juzgado Civil y Comercial de La Plata, buscando que se aplique el derecho privado en lugar del derecho público. Si bien la Provincia argumenta razones de competencia territorial, aduciendo que el domicilio del denunciado debe primar, y material, señalando que el objeto principal de la demanda es la consignación de sumas de dinero, los tribunales locales han desestimado estos argumentos, enfatizando que el conflicto involucra un espacio radicado en Mar del Plata y una relación jurídica de naturaleza administrativa.
El trasfondo del litigio es la pretensión del intendente Guillermo Montenegro de recuperar la administración plena del complejo, basándose en una cláusula de un convenio de 1984 que permite la municipalización una vez saldada la deuda que la Administración de Punta Mogotes (APM), un ente interjurisdiccional de mayoría provincial, mantiene con el Banco Provincia. La Comuna consignó judicialmente un monto que, según sus cálculos, cancelaría esa deuda, pero la Provincia rechazó el pago, alegando que el Municipio es un tercero ajeno a esa relación jurídica.
Ahora, con la elevación de la causa a la Suprema Corte, la estrategia dilatoria de la Provincia parece haber rendido frutos al menos temporalmente. El gobierno provincial solicitó además la suspensión del avance de la causa principal —que ya tramita el juez Simón Isacch del Juzgado Contencioso Administrativo N°1— hasta tanto se resuelva el recurso de queja. Este pedido busca evitar que el trámite principal avance hasta el punto de hacer "inútil" o "tardía" la resolución sobre la competencia, consumando el perjuicio de litigar en una jurisdicción que la Provincia considera incompetente.
Mientras los plazos se siguen dilatando en la órbita de la Justicia, y la máxima instancia provincial toma control del expediente, se mantiene la incertidumbre sobre quién controlará los destinos del estratégico complejo balneario, especialmente de cara al vencimiento de las concesiones a mediados de 2026. La intervención de la Suprema Corte define el escenario de la batalla legal, concentrando en La Plata la definición de la competencia judicial, un paso preliminar, pero fundamental, que definirá dónde y cómo se debatirá el fondo de la cuestión: la propiedad y administración de Punta Mogotes.
Estalló la pelea por las playas del norte: arde el Concejo Deliberante
El recinto se convirtió en un campo de batalla político tras la explosiva insinuación de la UCR sobre el origen de los cuestionamientos opositores a las modificaciones en las UTF del norte: “Pareciera que esas preguntas estuvieran redactadas por CEBRA”. El dardo, dirigido al bloque de Unión por la Patria, elevó la temperatura del recinto y confirmó que la gestión costera se ha transformado en el foco de los debates más acalorados y de la máxima tensión en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Las notas, listas para tratarse en el próximo plenario.
La comisión de Obras aprobó las Notas Particulares (NP) 101 y 102, a pesar de los intensos cruces y la resistencia de Unión por la Patria (UP). Los expedientes, que convalidan las ambiciosas propuestas de las firmas Star Beach S.A. y Agencia Latoca S.A. para sus Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en la zona norte, evidenciaron que la gestión de las playas ha dejado de ser un tema técnico para volverse el ring central de la disputa política local.
La estrategia del oficialismo, defendida por Daniel Núñez (UCR) y Florencia Ranellucci (PRO), fue clara: avalar el incremento en unidades de sombra y la ampliación de obras para que la zona norte "goce de la misma infraestructura" que el resto de la ciudad. La jugada maestra, presentada como contraprestación, fue la exigencia de un aporte económico de los privados para la postergada obra del pluvial de Constitución y la costa, ligando de manera estratégica el aumento de la ganancia privada a una necesidad social impostergable.
Asimismo, Ranellucci rememoró: “Se trata de una zona postergada, y es una obra que se viene pidiendo hace mucho. Es una solución a un problema que siempre que llueve muchos vecinos lo podemos ver” y disparó: “Es una obra que se prometió, que se hablaba y que muchos se han sacado fotos en esa zona” en alusión a las promesas de Fernanda Raverta en 2023.
En este marco, la oposición calificó las políticas oficialistas sobre las UTF como un "gran fracaso de la gestión de Montenegro". Asimismo, Mariana Cuesta (UP) se enfocó en la presunta "torpeza" y la falta de criterio del Ejecutivo, ironizando sobre la promesa incumplida del titular del EMTURyC de no sumar más carpas.
El clímax del debate llegó cuando Cuesta presentó un exhaustivo pliego de 17 preguntas técnicas y legales. Fue en ese momento que Núñez arrojó su dardo, insinuando la cercanía del bloque ravertista con la Cámara de Balnearios (CEBRA), que también había presentado una nota de rechazo al Concejo. La intervención de Núñez generó una dura respuesta de Cuesta, quien lo acusó de tratarlos de "lobbistas" y de "faltar el respeto".
Tras el escándalo, la presidenta de la comisión, Angélica González (CC-ARI), confirmó que las preguntas de UP fueron incorporadas al expediente. No obstante, señaló: “gran parte de lo que ustedes preguntan está contenido dentro del informe que elevó el EMTURyC” y recordó que la Ordenanza 26.053, en su Artículo 17, habilita a presentar "propuestas superadoras".
A pesar del voto negativo de UP, ambas notas particulares fueron aprobadas por mayoría y giradas a la comisión de Legislación, donde el oficialismo volvió a imponer su mayoría. Así, las NP quedaron dispuestas para ser tratadas en el próximo plenario.
De este modo, la costa marplatense se consolida como el principal frente de batalla del Concejo Deliberante, anticipando una discusión aún más áspera, con cruces y chicanas entre las fuerzas, en la recta final a la renovación del 10 de diciembre.
Pliego de transporte: el expediente quedó en comisión y se prorrogó el servicio actual
Con abstención de Unión por la Patria, en la comisión se aprobó por unanimidad la extensión por un año de la concesión actual y se postergó el debate del nuevo sistema de transporte hasta que asuman los nuevos concejales.
El debate por el nuevo pliego del servicio de transporte público de pasajeros volvió a escena en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, pero sin definición inmediata. Los concejales resolvieron dejar el expediente en comisión a la espera de la nueva composición del cuerpo, mientras que aprobaron la prórroga por un año del actual contrato de concesión.
La extensión del servicio vigente fue aprobada por mayoría, con la abstención del bloque de Unión por la Patria. En la previa de la votación, el concejal peronista Diego García advirtió que se trata de “la sexta prórroga consecutiva” y pidió que la extensión “sea más corta”.
Desde el oficialismo, la edil del PRO, Cristian Beneito, defendió la medida y aclaró que la prórroga “es por un año o hasta que se apruebe el nuevo pliego”, al señalar que “se cae lo que se aprueba ahora” una vez sancionado el nuevo marco regulatorio.
Por su parte, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Cecilia Martínez, recordó que “el sistema de transporte estaba roto”, en línea con lo expresado en sesión en marzo del 2024 por el concejal Agustín Neme. “Para nosotros, declarar una emergencia no es la solución, pero esto es un remedio. Tenemos un pliego. Lamentablemente ustedes y yo no vamos a ser parte del cuerpo deliberativo que lo trabaje y lo vote”, sostuvo la libertaria, que en diciembre asumirá su banca en el Senado bonaerense.
Desde la UCR, el concejal Gustavo Pujato destacó que “es un pliego esperado, con una serie de propuestas que el Concejo deberá analizar en los próximos meses”. En tanto, Beneito agregó que “tenemos un problema de fondo: el sistema de transporte público se rompió, y este pliego viene a solucionarlo”.
El presidente de la comisión, Guillermo Volponi (PRO), confirmó que el expediente “queda en comisión para seguir siendo tratado en las próximas semanas, con una integración diferente del cuerpo”. Y celebró que “finalmente tengamos una propuesta que busca modernizar y hacer más eficiente el transporte en la ciudad”.
“Esperamos que se trate a la brevedad y que permita la fluidez necesaria para que Mar del Plata finalmente tenga su nuevo pliego de transporte”, concluyó Volponi. El expediente quedará en estudio para ser abordado por la nueva composición del Concejo Deliberante, que asumirá después del 5 de diciembre.
La primera reunión de transición, la tercera posición peronista y Lence cruzó a los gremios
Guillermo Montenegro y Agustín Neme mantuvieron la semana pasada su primer encuentro reservado para definir los pasos del traspaso antes del recambio de diciembre. El ex titular del PJ local, Juan Manuel Rapacioli, cuestionó la conducción bonaerense y pidió “decir no” a la disputa entre camporistas y desarrollistas. La presidenta del Consejo Escolar criticó a los sindicatos por convocar un paro en repudio a los ataques a docentes y pidió “diálogo en lugar de marchas”.
Montenegro y Neme sellaron el inicio de la transición política en General Pueyrredon
La primera reunión entre el intendente Guillermo Montenegro y el concejal Agustín Neme marcó el inicio formal de la transición en el gobierno de General Pueyrredon. El encuentro, realizado a puertas cerradas la semana pasada, fue el punto de partida del traspaso que se concretará en diciembre, cuando Montenegro asuma su banca en el Senado bonaerense y Neme quede al frente del Ejecutivo.
Según trascendió, la charla giró en torno al esquema de continuidad y a los primeros pasos de la reorganización administrativa. “No hay que esperar grandes cambios. Lo que viene es la continuidad del trabajo que arrancamos con Guillermo en 2019”, aseguró Neme en una entrevista reciente con un canal de streaming, donde también subrayó que el próximo gobierno “será de los marplatenses”.
Neme fue el primer concejal de la lista que llevó a Montenegro a la reelección en 2023 y se prepara para asumir la conducción municipal con el desafío de sostener el rumbo político en un escenario económico complejo y con una oposición expectante.
Rapacioli llamó a recuperar el PJ y cuestionó a las dos vertientes internas del peronismo marplatense
De cara a la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense, el ex presidente del PJ de General Pueyrredon, Juan Manuel Rapacioli, publicó un duro comunicado dirigido a los “compañeros y compañeras” en el que planteó la necesidad de “decir no” ante lo que considera una disputa vacía entre sectores del progresismo camporista y el desarrollismo conservador.
“Enfrento este papel en blanco con la ilusión del abrazo fraterno en esta etapa tan dolorosa para nuestro pueblo”, comenzó el dirigente, que remarcó que la salida a la crisis “es la Comunidad Organizada”. En ese marco, cuestionó con dureza la conducción provincial del partido, a la que acusó de estar “usurpada por un ocupa con portación de apellido”, que lo habría utilizado “para cerrarlo a la militancia y manipular los armados de listas provinciales y nacionales para su propio beneficio”.
Rapacioli advirtió que el peronismo se acerca a “un sinsentido” si no actúa con rapidez antes de las próximas elecciones internas y criticó la actitud de quienes “se disputan codazos y fotografías forzadas cada vez que viene el gobernador”.
“Está en nosotros decir NO. Decir que no queremos que el partido sea dirimido entre la progresía camporista y el desarrollismo conservador”, enfatizó el dirigente. Además, reivindicó la doctrina original del movimiento: “Ni yanquis, ni marxistas, peronistas” y agregó: “Ni progresistas/camporistas, ni desarrollistas/conservadores. Peronistas.”
En su comunicado, también señaló que ya hay “ambiciones para la intendencia del 2027” y advirtió que “para que ese sueño húmedo sea posible, necesitan de nuestro Partido. El mismo que desprecian tanto camporistas como desarrollistas”.
Por último, fue directo al mencionar nombres propios: “Si el destino de nuestro PJ va a ser dirimido entre Fernanda Raverta y Pablo Obeid, enarbolando las banderas del progresismo camporista, y el desarrollismo de Gustavo Pulti y Calamante, está en nosotros generar esa tercera posición peronista”.
Rapacioli cerró su mensaje con una consigna que remite a las raíces del movimiento: “Les mando un fuerte abrazo peronista y un ¡Viva Perón, carajo!”.
Paro docente y polémica: la presidenta del Consejo Escolar apuntó contra los sindicatos
La presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, Mónica Lence, lanzó duras críticas contra los gremios docentes que convocaron a un paro de 24 horas en repudio a los recientes ataques sufridos por docentes en distintas escuelas. La dirigente del PRO cuestionó la medida y sostuvo que “la violencia en las aulas no se soluciona con paros”.
“¿Paro para visibilizar? Qué increíble. No sabemos oficialmente lo que pasó, en casi ninguna de las situaciones. Nos enteramos por la prensa. ¿Eso se soluciona con un paro? ¿Para qué, si ya está visibilizado? Yo ya estoy cansada de estas imbecilidades”, escribió en su cuenta de X.
Lence aseguró que desde el Consejo Escolar vienen “visibilizando estas situaciones hace cuatro años” y apuntó contra el sistema educativo: “Está colapsado y vomitando la sangre de los que vienen. Y les importa tres carajos. Ahora van a parar y a marchar, y los chicos van a perder otro día más”, lamentó.
En su descargo, la funcionaria insistió en que el conflicto no se resolverá “hasta que no se levante la alfombra y se saque la podredumbre”, y reclamó sinceridad en el debate educativo. “Pidan diálogo en vez de marchar. Hablen, no escondan. Hipócritas”, concluyó.
Panebianco, entre Buenos Aires y “La Feliz”: una funcionaria que no quiere perder cámara
Con el recambio de gobierno a la vuelta de la esquina, las fichas dentro del Palacio Municipal empiezan a moverse. Y, como suele ocurrir en tiempos de transición, nadie quiere quedarse sin silla cuando pare la música.
Una de las que busca asegurar su continuidad es Johanna Panebianco, actual vicepresidenta del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC). Aunque su nombre suena para encabezar la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, la funcionaria estaría haciendo fuerza para seguir en el ámbito local.
Según deslizan en los pasillos municipales, Panebianco pasa más tiempo en la Ciudad de Buenos Aires —donde vive su esposo— que en Mar del Plata. De ahí la idea de “mudarse oficialmente” a la capital. Pero puertas adentro reconocen que ella no quiere perder visibilidad política: entiende que el cargo en la Casa de Mar del Plata sería, en los hechos, una forma elegante de correrla de los reflectores que le da el EmturyC.
Con aspiraciones de volver a la arena legislativa —y con una banca provincial en el horizonte—, Panebianco prefiere seguir cerca de la costa y de los flashes antes que quedar “guardada” en un despacho porteño.
Nueva pulseada universitaria: paro de 72 horas en la UNMdP por la Ley de Financiamiento
Mientras los docentes municipales y provinciales mantienen sus reclamos, el conflicto educativo sumó este miércoles un nuevo capítulo. Los docentes universitarios iniciaron un paro de 72 horas en todo el país en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de las paritarias.
La medida, que impacta en la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue resuelta tras una consulta nacional impulsada por más de 30 asociaciones de base nucleadas en Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios). “Se resolvió un paro de 72 horas los días 12, 13 y 14 de noviembre”, informó la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum).
Desde el gremio local aclararon que no se verán afectadas las mesas de examen de fin de año y que, de no haber respuestas, el 2026 comenzará con nuevas acciones de protesta coordinadas entre las distintas federaciones.
La Conadu, además, evalúa iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional para exigir la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso y promulgada a mediados de octubre. Sin embargo, la administración de Javier Milei suspendió su implementación al argumentar que “no existen partidas presupuestarias” para cubrir los gastos previstos en la norma.
El conflicto docente vuelve así a tensionar la agenda educativa y suma presión al Ejecutivo nacional, que enfrenta un frente sindical cada vez más amplio dentro del ámbito académico.
La interna del PJ de General Pueyrredon estalla: Raverta bajó una actividad de Juventud por cercanía a Kicillof
Guerra Fría en el peronismo marplatense. La ex titular del ANSES vetó un evento organizado por Cristian Galeano, secretario de Juventud del PJ local, debido a las alineaciones internas. El presidente del partido, Eduardo Coppola, en el ojo de la tormenta, es acusado de ser una mera figura decorativa sin poder de decisión.
El Partido Justicialista de General Pueyrredon atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión interna. Lo que se maneja como una simple disputa de agenda es, en realidad, un nuevo y profundo capítulo en la guerra sorda que enfrenta a las distintas vertientes del peronismo local. En el centro de la polémica se encuentra la líder camporista Fernanda Raverta, quien, según trascendidos, ordenó la suspensión de una actividad organizada por el secretario de Juventud del PJ local, Cristian Galeano.
La razón de esta drástica decisión, que expone la fragilidad de la unidad partidaria, no sería otra que la alineación de Galeano y su sector con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En un escenario de reconfiguración de fuerzas dentro del justicialismo provincial, las lealtades se miden con vara corta, y la cercanía al gobernador se paga con costos políticos, al menos en la esfera de influencia de Raverta. El veto a la actividad de Juventud es interpretado como un claro mensaje político y una muestra de poder territorial por parte del sector referenciado en la ex candidata a intendenta.
En este juego de ajedrez interno, la figura del presidente del PJ de General Pueyrredon, Eduardo Coppola, queda seriamente debilitada. Fuentes cercanas a la cúpula partidaria lo califican sin rodeos como un "títere que no preside nada". El papel de Coppola en el conflicto es la prueba de su escaso margen de maniobra: inicialmente, el presidente del partido había dado luz verde a la realización del evento de la Juventud. Sin embargo, la posterior y expeditiva orden de Raverta lo obligó a dar marcha atrás con su palabra, exponiendo su falta de autonomía y subordinación a las decisiones del sector más fuerte. La contradicción de Coppola no solo revela la fractura, sino que también subraya la concentración de poder en manos de la diputada nacional, quien ejerce una primacía que no da espacio a la disidencia, ni siquiera en las estructuras formales del partido.
La interna del PJ de Mar del Plata no hace más que profundizarse, con cada sector marcando la cancha de cara a las futuras definiciones electorales y la hegemonía dentro del peronismo bonaerense.
Tras los hechos en la Escuela 21, buscan crear la Mesa de Trabajo Intersectorial “Escuelas Libres de Violencias”
La propuesta surge por lo sucedido en la institución de Jorge Newbery. La iniciativa, elaborada por bloques opositores, apunta a articular políticas públicas entre distintas áreas del Estado y actores sociales para garantizar entornos educativos seguros.
La escalada de hechos violentos en las escuelas marplatenses volvió a encender las alarmas políticas. Tras los recientes episodios que incluyeron agresiones a docentes y el grave conflicto ocurrido en la Escuela N°21, concejales de los bloques opositores presentaron un proyecto de ordenanza para crear una mesa de coordinación que aborde la problemática de manera integral.
La propuesta, elaborada de manera conjunta por Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense, plantea la conformación de la Mesa de Trabajo Intersectorial “Escuelas Libres de Violencias”, un espacio destinado a la prevención, acompañamiento y seguimiento de los conflictos que se registren en el ámbito educativo de General Pueyrredon. Se trata del primer proyecto firmado en conjunto por los tres bloques en largo tiempo, lo que evidencia la magnitud del tema en la agenda local.
El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) ya había anticipado, por medio de un comunicado que se reunieron con ediles y en que los legisladores se comprometieron a presentar un proyecto para conformar la mesa de trabajo.
El objetivo del proyecto es articular esfuerzos entre los distintos niveles del Estado, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, las áreas sociales y sanitarias, el sector educativo y las organizaciones comunitarias. “Las escuelas deben ser lugares de resguardo y promoción de derechos, no escenarios de tensión”, remarcaron los ediles al presentar la iniciativa.
El proyecto retoma experiencias implementadas en otros distritos bonaerenses, donde mesas similares lograron resultados positivos en la detección temprana y resolución de conflictos. En Mar del Plata, la nueva instancia estaría integrada por representantes del Concejo Deliberante, las jefaturas regionales de gestión estatal y privada, la Secretaría de Educación, el Consejo Escolar, los servicios locales de niñez, el Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes, además de los sindicatos docentes, el STM y organizaciones vinculadas a la infancia y los derechos humanos.
Entre sus principales tareas se prevé relevar situaciones de violencia, impulsar intervenciones coordinadas entre los distintos organismos, promover la mediación y elaborar protocolos de actuación que orienten las respuestas institucionales. El Concejo Deliberante sería el encargado de convocar y coordinar el funcionamiento del espacio, una vez que la ordenanza obtenga aprobación legislativa.
Los fundamentos del proyecto señalan que la violencia —ya sea física, verbal, simbólica o psicológica— altera el clima escolar y pone en riesgo derechos básicos de estudiantes y trabajadores de la educación. En ese sentido, los autores sostienen que es urgente consolidar una política pública sostenida, capaz de prevenir los hechos antes de que escalen.
“El desafío no es sólo sancionar, sino generar una red de cuidado que actúe de forma temprana”, remarcaron los impulsores del proyecto.
El Ejecutivo busca presentar el Presupuesto 2026 antes del 30 de noviembre
Tras pedir una prórroga, el gobierno municipal trabaja para definir la "Ley de Leyes" y las ordenanzas Fiscal e Impositiva antes del nuevo plazo límite.
Aunque el municipio se tomó unos días más para definir los números del próximo ejercicio, en el Ejecutivo aseguran que trabajan a contrarreloj para presentar el Presupuesto 2026 antes del vencimiento de la prórroga, fijado para el 30 de noviembre. La decisión de extender los plazos, avalada por el Concejo Deliberante, respondió tanto a cuestiones técnicas como políticas, en medio de un escenario de transición y posibles cambios en el gabinete.
El plazo original para elevar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva, vencía el 31 de octubre, tal como marca la Ley Orgánica de las Municipalidades. Sin embargo, la incertidumbre respecto de los recursos de coparticipación nacional y provincial llevó al Ejecutivo a solicitar una prórroga, que ahora busca aprovechar para afinar las proyecciones y definir prioridades.
Fuentes de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda confirmaron que “se está trabajando para llegar a presentar el Presupuesto antes del fin de la prórroga”. Aunque reconocen que la coyuntura económica y la transición política agregan complejidad al armado.
El intendente Guillermo Montenegro, cuyo futuro político podría estar ligado al Senado bonaerense, delegaría la firma final en Agustín Neme, quien asumiría la intendencia interina desde diciembre.
En paralelo, los equipos técnicos municipales trabajan en la estimación de ingresos y gastos, mientras observan los movimientos de Nación y Provincia: tanto el Gobierno nacional como la administración de Axel Kicillof ya presentaron sus proyectos de presupuesto y leyes fiscales.
De concretarse, el Ejecutivo local llegaría a cumplir con el compromiso antes del 30 de noviembre, evitando repetir la demora del año pasado. En un contexto de transición institucional y reacomodamiento político, el presupuesto se perfila como una herramienta clave para definir las prioridades del nuevo ciclo de gobierno en General Pueyrredon.
Código de Aguas en el Presupuesto 2026: el gobierno bonaerense busca consolidar su autoridad sobre la costa
El Artículo 89 del proyecto de Ley de Leyes bonaerense busca elevar las drásticas restricciones del ADA a rango normativo, asegurando el control total del Ejecutivo provincial sobre el desarrollo costero, aunque introduce una cláusula de flexibilidad para las construcciones turísticas estacionales.
La discusión legislativa en torno al Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires no solo gira en torno a números fiscales y techos de endeudamiento; en el proyecto enviado por Axel Kicillof, se esconde una pieza clave que define el futuro paisajístico y económico de la costa atlántica: la modificación del Código de Aguas. Tras la "Declaración de Principios" que significó la publicación de las Resoluciones N° 1520 y N° 1521 de la Autoridad del Agua (ADA) en octubre pasado, el gobierno provincial ahora busca convertir esa voluntad política y administrativa en Ley, consolidando su poder regulatorio por encima de la autonomía municipal.
El proyecto de Presupuesto ratifica en el cuerpo legal superior la prohibición del loteo y de construcciones permanentes en la franja de 150 metros desde la línea de ribera y, fundamentalmente, la restricción total sobre los médanos y las cadenas de médanos, un criterio que ya había marcado un freno categórico a los grandes desarrolladores, especialmente en distritos como General Pueyrredón. Sin embargo, en un movimiento que busca equilibrar la presión ambiental con el lobby turístico y de servicios, el texto introduce un mecanismo de excepción que no estaba explícito en el espíritu de las resoluciones originales. La nueva redacción permite que la propia Autoridad del Agua (ADA), la entidad presidida por Damián Costamagna, autorice construcciones de "carácter no permanente, removibles y compatibles con la protección del ambiente" hasta el límite de los 100 metros.
Este matiz normativo tiene una doble lectura política. Por un lado, formaliza la postura estricta de la Provincia ante la voracidad inmobiliaria, dándole al límite de 150 metros una fortaleza legal indiscutible que no dependa solo de una resolución administrativa. Pero, por el otro, introduce una ventana de negociación para el negocio de playa, afectando directamente a paradores, balnearios y estructuras estacionales que operan en el área más sensible de la costa.
Lo más significativo de este cambio es que la facultad para otorgar estas autorizaciones temporales recae de manera exclusiva en la ADA. De esta forma, cualquier atisbo de injerencia o potestad por parte de los Concejos Deliberantes sobre las habilitaciones de playa queda en vilo, a la espera de las negociaciones y el avance legislativo.
El mensaje es claro: si antes el ADA se erigió como un filtro excluyente sobre el urbanismo permanente, con el Presupuesto se convertiría en la única mesa de entrada y salida para cualquier tipo de intervención en la ribera bonaerense, ya sea un mega-proyecto o un simple parador de temporada. La Provincia no solo busca ratificar su control ambiental, sino que aspira a extenderlo a la gestión micro del paisaje costero, maximizando la centralidad de la decisión política en La Plata y desactivando la autonomía local.
A días del recambio, las delegaciones municipales esperan definiciones
Las jefaturas territoriales esperan señales sobre posibles cambios. La continuidad de Cimenlli, Fretes, Romero, Merlo y Rabe es una incógnita que se resolverá a pura rosca.
A pocos días del recambio en el Palacio Municipal, las miradas ya no solo están puestas en las Secretarías y los entes: también en las delegaciones municipales, donde reina la misma incertidumbre. Nadie sabe si habrá continuidad, renovación o un golpe de timón que cambie nombres y estructuras.
Las delegaciones, creadas para acercar el Ejecutivo a los barrios más alejados y funcionar como ventanilla directa entre los vecinos y la gestión, vienen siendo cuestionadas por su limitada capacidad de respuesta ante los reclamos cotidianos. Hoy dependen de la Secretaría de Descentralización y representan, en la práctica, la presencia municipal más tangible en el territorio.
Actualmente, las jefaturas están en manos de Patricio Cimenlli (Puerto), Mayra Fretes (Batán), Julio César Romero (Sierra de los Padres), Amílcar Merlo (zona Norte) y Christian Rabe (Chapadmalal). Ninguno de ellos tiene confirmada su continuidad y, puertas adentro, el clima es de absoluta cautela.
La pregunta que se repite en cada pasillo es la misma: ¿seguirá todo como está o se viene un volantazo? Con el reloj avanzando hacia la asunción, solo resta esperar que se empiecen a definir los nombres que seguirán —o no— al mando de las delegaciones.
Crece el malestar con Mendez en el EmturyC
La funcionaria se mueve como si fuera la futura presidenta del ente y su avance genera tensión interna. Su blindaje administrativo y su rol cada vez más protagónico en la transición encienden críticas dentro del organismo.
Mientras muchos funcionarios atraviesan días de incertidumbre por el recambio, algunos pocos lograron blindarse con precisión quirúrgica. Entre ellos, uno de los nombres que más ruido genera en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) es el de Valeria Mendez, una funcionaria que no solo cayó parada: cayó mejor que nunca.
Mendez, que a principios de octubre integró el lote de “designados a dedo”, activó de inmediato un salvavidas administrativo que hoy genera más resquemores que admiración. Su pase a planta permanente —con carácter provisional, bonificaciones y usuario GDE incluido— fue apenas el inicio. La jugada se coronó con su re-designación política como Directora General de Turismo, pero sin soltar su cargo estable de Profesional Carrera Mayor I, un blindaje perfecto para atravesar cualquier tormenta política.
Con ese respaldo asegurado, Mendez se mueve por los pasillos del ente como si ya fuera la nueva presidenta. Así lo describen en el organismo: se comporta como si la silla de Bernardo Martín ya tuviera nombre y apellido, como si la transición no la incluyera entre las dudas sino entre las certezas. A tal punto llega la confianza, que hasta trascendió su incomodidad con los metros cuadrados de su oficina, un detalle menor para cualquiera, pero no para quien siente que su rango debería ocupar un espacio más acorde con la autoridad que proyecta.
En un momento en que el EmturyC intenta ordenar su futuro, la presencia de una funcionaria blindada, empoderada y cada vez más protagonista se convierte en un factor que altera silenciosamente la transición. Entre movimientos administrativos que funcionan como seguro de permanencia y un rol extraoficial que incomoda a más de uno, Mendez se consolida como una pieza que promete seguir generando ruido en el mapa del ente.