La Municipalidad de General Pueyrredon oficializó la Emergencia Económico-Financiera del Servicio Público de Recolección de Residuos Urbanos y la consecuente prórroga del contrato con la empresa Transportes 9 de Julio. Mediante el Decreto N.º 2459/25, se promulgó la ordenanza sancionada días antes por el Concejo Deliberante.
La medida declara la emergencia por un período de dos años, con posibilidad de una prórroga por idéntico plazo si persisten las condiciones que la motivaron. En el mismo acto, y amparada en esta emergencia, se extiende por dos años la vigencia del contrato de prestación del servicio, que estaba próximo a vencer en enero de 2026. Esta prórroga también contempla la opción de una extensión adicional de dos años, a discreción del Departamento Ejecutivo.
La decisión ratifica lo resuelto en el Concejo el pasado 30 de octubre, donde el oficialismo, con mayoría automática, impuso su postura frente al rechazo de los bloques opositores y la abstención de La Libertad Avanza (LLA). En aquel momento, los ediles oficialistas justificaron la acción como la única "herramienta para garantizar la continuidad del servicio" y evitar el presunto pago de indemnizaciones millonarias –superiores a los $30.000 millones– reclamadas por el Sindicato de Camioneros.
No obstante, la oposición cuestionó el argumento de la emergencia, calificándola de "ficcional" y acusando al gobierno local de "desidia planificada" por no haber impulsado una nueva licitación "seria y transparente". Las voces críticas señalaron que la prórroga no genera certezas ni previsibilidad para los actores involucrados y recordaron la "cláusula de indemnidad" del pliego original, la cual establece que la empresa concesionaria debe mantener indemne a la Municipalidad frente a este tipo de reclamos.
Pese a las objeciones, la promulgación del Decreto N.º 2459/25, refrendado por el Secretario Legal, Técnico y de Hacienda, consolida la continuidad del servicio bajo las condiciones contractuales actuales hasta al menos fines de 2027.
