La Tecla Mar del Plata
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A 49 años del Golpe de Estado de 1976, el Concejo Deliberante, realizó una Sesión Pública Especial, la cual incluyó intervenciones de los distintos bloques legislativos, quienes tomaron la palabra para expresar sus reflexiones y posicionamientos en conmemoración del 49° aniversario del Golpe de Estado de 1976
Durante la jornada estuvieron presentes referentes de organismos de derechos humanos y excombatientes de Malvinas. Además de la presencia de concejales de todos los bloques, estuvo presente Diego Garciarena, Diputado Provincial. Entre los ausentes, se encontraba el concejal de Unión por la Patria, Diego García, quien se encontraba en actividades realizadas en la ESMA
También, se le dio la palabra a Rosana Cassataro, hija de desaparecidos, donde leyó el documento oficial de Derechos Humanos, el cual será replicado en las marchas del día de hoy. A lo largo de este discurso, el cual hacía un análisis de las políticas impuestas por el Gobierno Nacional como también por el Gobierno Municipal, concejales del oficialismo abandonaron su banca, junto a los ediles de La Libertad Avanza y la Coalición Cívica.
Asimismo, permanecieron en sus lugares los referentes de la UCR, quienes leyeron un documento oficial del bloque donde resaltaron el “liderazgo y convicción” de Raúl Alfonsín en la recuperación de la democracia. También llamó a “defender la democracia” y trabajar “por la paz” en detrimento del “odio y la intolerancia”.
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, firmó este miércoles en La Plata el convenio del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, una iniciativa del gobierno bonaerense que destinará 170 mil millones de pesos a los municipios para la compra de equipamiento y mejoras en el sistema de seguridad.
El acto, realizado en la Escuela de Policía Juan Vucetich, estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof, quien destacó la presencia de más de un centenar de intendentes y criticó la decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo de Seguridad que anteriormente recibía la Provincia. "Nos sacaron ese fondo que recibía nuestra provincia. Nos robaron el fondo para la seguridad", afirmó Kicillof, asegurando que "hasta el último centavo del fondo se gastaba y se rendía para la seguridad".
La medida prevé distribuir los recursos de manera diferenciada según la población de cada distrito. Para municipios con más de 70 mil habitantes, como General Pueyrredon, se destinarán 70 mil millones de pesos, con un 60% destinado a la compra descentralizada de patrulleros, un 20% para equipamiento y cámaras, y el restante 20% para gastos operativos.
Durante el evento, el gobernador también tomó juramento a 1200 nuevos efectivos policiales y remarcó la importancia de esta inversión: "Este es un esfuerzo muy grande y tiene que ver con las prioridades que tenemos y con el federalismo que no se nos respeta a nivel nacional, pero que nosotros sí respetamos a nivel provincial".
Por su parte, Montenegro estuvo entre los jefes comunales que rubricaron el convenio, en lo que marcó un nuevo encuentro con Kicillof luego de varios meses sin imágenes conjuntas. La firma de este acuerdo permitirá fortalecer el patrullaje y la seguridad en Mar del Plata con fondos provinciales.
Durante la primera Sesión Pública Ordinaria del Concejo Deliberante, las cuestiones previas estuvieron marcadas por un tenso cruce entre el oficialismo y la oposición. La discusión se desató tras la intervención del concejal de Unión por la Patria, Diego García, quien denunció que la ciudad de Batán es "discriminada" en el reparto de recursos municipales.
García afirmó que "una vez más es discriminada" la localidad en la asignación presupuestaria. En su argumentación, destacó que Batán ocupa el 37% del territorio de General Pueyrredon y cuenta con 40 mil habitantes, "la misma población que tiene General Alvarado".
Además, señaló que, a pesar de esos números, "en el reparto de recursos está en el cuarto lugar", considerando las cinco delegaciones municipales del partido. "¿Cuál es el criterio?", cuestionó el edil peronista, remarcando que no se toma en cuenta ni la población ni la extensión territorial.
La respuesta desde el oficialismo no tardó en llegar. El concejal del PRO, Julián Bussetti, sostuvo que "Batán está quinto si vemos el índice de cobrabilidad y está cuarto en presupuesto asignado". Sus palabras generaron gritos y críticas por parte de vecinos de la localidad presentes en la sesión, lo que llevó a la presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero, a intervenir para calmar los ánimos.
En medio del debate, Bussetti también puso sobre la mesa su proyecto para derogar la ordenanza que establece a Mar del Plata como área no nuclear. "Todos piensan que vamos a ser Springfield", ironizó, argumentando que la medida podría generar empleo en Batán.
También, el joven concejal afirmó que "no necesitas un COM en Batán" y criticó a la Provincia por la ciclovía que une la ciudad con Mar del Plata, calificándola de "desastre" por los postes de luz ubicados en medio del camino.
Por su parte, la titular del bloque de la UCR, Marianela Romero, también cuestionó los datos expuestos en la discusión. "A nosotros nos da 20 mil habitantes", sostuvo en relación con la población de Batán, señalando discrepancias con el último Censo. Además, respondió a las críticas sobre seguridad lanzadas por García: "¿Nos hablan de seguridad?". Luego, apuntó que se trata de una responsabilidad de la Provincia y subrayó que "no tenemos patrulleros".
El debate sobre el reparto de recursos en Batán quedó instalado en la agenda legislativa local, en un contexto de tensión política entre oficialismo y oposición.
La construcción se consolidó como un eje central de la segunda gestión de Guillermo Montenegro, con incentivos fiscales, exenciones impositivas y trámites simplificados que han fortalecido al sector desde 2021. Sin embargo, la discusión sobre las compensaciones urbanísticas sigue sin avances y se posterga nuevamente hasta mediados de este año, permitiendo que proyectos beneficiados por excepciones continúen sin una normativa clara sobre sus contraprestaciones.
Desde hace cuatro años, la regulación de estas contribuciones sigue estancada. En la última comisión especial de compensaciones, presidida por la concejal Angélica González, se decidió extender una vez más el plazo para definir el esquema normativo, ahora hasta el 25 de julio de 2025. La medida fue convalidada en la décima sesión del Concejo Deliberante, dejando sin respuesta una de las principales deudas en el desarrollo urbano de la ciudad.
La falta de definiciones beneficia directamente al sector inmobiliario, que puede avanzar con proyectos con un menor costo de compensación o, incluso, sin contraprestaciones significativas por las excepciones otorgadas. En los pasillos del Concejo, no faltaron las ironías sobre la proliferación de torres sin mayores regulaciones: “¿Nace Mar del Torre?”.
Aunque el nuevo plazo permitiría definir el sistema de compensaciones antes de su vencimiento, su coincidencia con la campaña electoral de este año genera dudas sobre su tratamiento. Con esta nueva prórroga, el tema queda en suspenso por tercer proceso electoral consecutivo, postergando nuevamente el debate sobre el desarrollo urbano de Mar del Plata.