La Tecla Mar del Plata
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El presidente de la Nación, Javier Milei, designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la falta de pronunciamiento por parte del Senado respecto de su propuesta para incorporarlos al máximo tribunal.
Ocurre que, específicamente en el caso de Lijo, su designación generaba muchas resistencias, y pasó casi un año desde el envío de los pliegos sin que la Cámara alta prestara su conformidad.
La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que señala a esta demora como causa de que el Presidente recurriera a un decreto para designar a ambos magistrados. El mismo método había empleado Mauricio Macri al inicio de su presidencia, generando una fuerte polémica.
Martín Soria, ex ministro de Justicia de la Nación, consideró que la acción de Milei “es una intervención inconstitucional e ilegítima en el máximo órgano del Poder Judicial”. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, dijo que, “desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror”, y que en cuanto a Lijo particularmente “es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.
Desde la Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo consideró que el nombramiento de ambos jueces por decreto “es un acto inconstitucional que muestra nuevamente el autoritarismo de un gobierno que funciona en base a DNU, vetos y compra de votos”.
El comunicado de la Oficina del Presidente detalla los diversos pasos seguidos a lo largo del tiempo para arribar a la designación de ambos jueces, desde el envío de los pliegos al Senado el 20 de marzo del año pasado hasta la firma del decreto de hoy, pasando por la publicación de las propuestas en el Boletín Oficial (el 15 de abril último), la solicitud de acuerdo a la Cámara de Senadores (el 27 de mayo) y las audiencias de ambos postulantes (en agosto de 2024).
El texto indica que “habiendo transcurrido casi un año” desde que Milei envió los pliegos, el Senado “debió haber prestado acuerdo” a ambos candidatos, pero “optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.