DEUDAS LEGISLATIVAS
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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A 6 años del Repunte, la responsabilidad de la política, el Estado y el empresariado
La precariedad portuaria y la falta de controles se cobraron 10 víctimas en junio del 2017. El estado de los buques, los parches y la entrega irregular de permisos de pesca, en el centro de una trama que es moneda corriente en los muelles nacionales.
¿Por qué los barcos se hunden? Ésta es una de las preguntas que se hicieron los familiares de las víctimas del Repunte después del 17 de junio de 2017. Rápidamente se encontraron que no no había registros judiciales ni denuncias de los hundimientos sucedidos durante los últimos 20 años que siempre habían sido vinculados a la cuestión meteorológica o a la "acción humana".
Sin embargo, el proceso de investigación y justicia puso sobre la mesa otras aristas y responsables. La causa tiene siete imputados, entre miembros de la Prefectura, de la familia Caputo -dueña de la nave- y el ingeniero que firmó el cálculo de estabilidad, hecho que terminaría siendo clave en el naufragio.
En ese sentido, la cadena de responsabilidades se extiende hacia las dependencias del Estado, el empresariado y también la política. Ésta última aparece en varias partes del proceso, por ejemplo, en la entrega de permisos de pesca entre un buque y otro. Al Repunte se le otorgó la posibilidad de la pesca de langostino, actividad para la que no había sido construido. Esto llevó a la colocación de tangones, herramientas utilizadas para dicha especie y que habrían provocado el vuelco de la nave.
Otra punta habitual en los naufragios es el estado de las naves. La renovación de la flota pesquera, un anuncio evocado en varias oportunidades por la política, nunca termina de hacerse efectivo. El decreto elaborado por el macrismo en 2019, extiende los plazos para efectivizarla hasta 2040, permitiendo que naves entre 40 y 60 años continuen activas.
Los números
Sin embargo, el proceso de investigación y justicia puso sobre la mesa otras aristas y responsables. La causa tiene siete imputados, entre miembros de la Prefectura, de la familia Caputo -dueña de la nave- y el ingeniero que firmó el cálculo de estabilidad, hecho que terminaría siendo clave en el naufragio.
En ese sentido, la cadena de responsabilidades se extiende hacia las dependencias del Estado, el empresariado y también la política. Ésta última aparece en varias partes del proceso, por ejemplo, en la entrega de permisos de pesca entre un buque y otro. Al Repunte se le otorgó la posibilidad de la pesca de langostino, actividad para la que no había sido construido. Esto llevó a la colocación de tangones, herramientas utilizadas para dicha especie y que habrían provocado el vuelco de la nave.
Otra punta habitual en los naufragios es el estado de las naves. La renovación de la flota pesquera, un anuncio evocado en varias oportunidades por la política, nunca termina de hacerse efectivo. El decreto elaborado por el macrismo en 2019, extiende los plazos para efectivizarla hasta 2040, permitiendo que naves entre 40 y 60 años continuen activas.
Los números
Como muestra el documental “Barcos de Papel”, en el período 2000-2019, sucedieron 65 siniestros navales de los cuales 44 fueron por hundimientos. En el período 2020-2021 se sumaron otros seis casos.