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Argentina
6 de julio de 2019
CORRUPCIÓN

Jonestur, en la mira de la Justicia

Una de las principales casas de cambio de la ciudad está siendo investigada por una posible asociación ilícita. La causa está a cargo de Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N°3. Hay unos veinte citados para prestar declaración indagatoria.

Jonestur, en la mira de la Justicia
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El juez federal Santiago Inchausti citó a declaración indagatoria a unos veinte financistas de Mar del Plata, investigados por una presunta asociación ilícita. La mayoría de ellos pertenece a la casa Jonestur, una de las principales entidades de cambio de la ciudad, la cual aparece mencionada por los testaferros de Daniel Muñoz en la causa de los cuadernos.

 Por pedido de la fiscal Laura Mazzaferri, Inchausti dictaminó, en total, que se citen a nueve financistas de Jonestur: José Ramón Garcia Suárez, Pablo Reiter, Gabriela Raquel García, Alejandro Alberto Ramaglio, María Isabel Ramaglio, Belén Irazoqui, Marina Irazoqui, Soledad Irazoqui y Rocío Irazoqui.

 Según el testimonio de  Sergio Todisco y su ex mujer, Elizabeth María Ortiz Municoy, dos arrepentidos de la causa de los cuadernos, Jonestur se utilizó para transferir el dinero al exterior para la compra del departamento en el Plaza de Nueva York, entre otras operaciones. Algunos de sus directivos ya están procesados.

 En este sentido, Inchausti también ordenó una docena de indagatorias que habían sido pedidas por la fiscal hace más de dos años, previamente a que la causa se paralice. Aquí, las mismas se determinaron a raíz de la sospecha del delito de lavado de dinero. 

En dicho listado aparecen Sergio Fares, Gerardo Irigoin, Ana María de Rosa, Jorge Tuduri, Marcelo Cardellino, Gabriela Bilevich, Miguel Romano, Miguel Ángel Amalfitano, Hernán Julio Vela, Gustavo Dip Ventureyra, Antonio Fares, Agustín Cersosimo y Tomás Huanco.

 El proceso comenzaría en los próximos días, pero recién terminarán luego de la feria judicial de invierno, que se desarrollará entre el 22 de julio y el 2 de agosto.

 El caso Fares se inició en 2014, a partir de una denuncia del Banco Central y la Procelac por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada, portación de armas de fuego de uso civil y de guerra, y tenencia de arma de fuego de uso civil, a raíz de la gran cantidad de armamento encontrado en los allanamientos a las financieras.

A pesar de que la investigación acumulaba gran cantidad de pruebas, la Cámara de Mar del Plata declaró la nulidad a partir de un supuesto error en las transcripciones de escuchas telefónicas. 

A fines de 2017, la Sala IV de la Cámara de Casación revocó el fallo. A partir de entonces, la causa se reactivó con nuevas medidas de prueba. 

Por el momento, la causa cuenta con unos 25 procesados. Los mismos deberán declarar por videoconferencia. Por su parte, Inchausti aguarda documentación sobre el expediente en ese principado para activar las declaraciones.  

 

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