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Sábado, 21 noviembre 2026
Argentina
21 de noviembre de 2026
RESUMEN

Lo que la semana nos dejó

El Ejecutivo presentó el Presupuesto 2027, se oficializó el cambio accionario en el Minella, hubo movimientos en el gabinete de Montenegro, las harineras quedaron bajo la lupa y el Gobierno de Milei pateó para diciembre la apertura de sobres por los hoteles de Chapadmalal, entre los temas más importantes de la semana de la mano de La Tecla.

Lo que la semana nos dejó
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Canchita de los Bomberos: entre informes pendientes y la intención radical de avanzar

El futuro de la Canchita de los Bomberos volvió a ocupar un lugar central en el Concejo Deliberante. Este lunes, la comisión de Legislación trató el expediente 1694/2026, impulsado por el bloque UCR-Nuevos Aires, que propone modificar la zonificación de los terrenos ubicados detrás del Museo MAR para incorporarlos al distrito de Urbanización Parque. La iniciativa quedó en comisión a la espera de informes técnicos y jurídicos, aunque el radicalismo anticipó que buscará avanzar con su tratamiento la próxima semana.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión, Ariel Bordaisco, reconoció que el expediente despertó “distintas miradas”, aunque destacó la existencia de un acuerdo generalizado para continuar la discusión. En ese marco, agradeció el apoyo de los bloques opositores.

Por el momento, el expediente aguarda respuestas de las áreas de Legal, Técnica y Hacienda y Obras, que deberán aportar elementos administrativos, jurídicos y urbanísticos antes de una definición.

“Entendemos que es una discusión en cuanto a qué decisión quiere este cuerpo con respecto al destino de este espacio”, planteó Bordaisco. En esa línea, sostuvo que la intención es “seguir construyendo el debate” y “lograr una Ordenanza que logre los mayores consensos posibles”.

Durante el intercambio, el presidente del bloque de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Horacio Taccone, consultó si la UCR estaba dispuesta a esperar la totalidad de los informes antes de llevar el proyecto a votación. La pregunta puso sobre la mesa los tiempos que maneja el radicalismo para resolver el futuro legislativo de la iniciativa.

Bordaisco consideró razonable aguardar las respuestas para contar con las opiniones técnicas de las dependencias involucradas. Sin embargo, también dejó en claro que la falta de esos documentos no será un impedimento para intentar avanzar con una definición política.

El plazo que se fijó la bancada radical es el próximo martes 24. Si para entonces los informes no están disponibles, buscará igualmente someter el expediente a votación en Legislación, con la intención de que pueda llegar a la sesión ordinaria prevista para el jueves 26 de noviembre.

“Si no, esas son las discusiones de mayorías y minorías que la democracia establece, que lo discutamos y podamos aprobarlo en la sesión que viene para debatir qué mirada tenemos con ese espacio”, expresó Bordaisco. De esta manera, la UCR dejó abierta la posibilidad de avanzar aún sin un consenso pleno entre las distintas fuerzas.

La próxima reunión de Legislación tendrá un cambio en su calendario habitual. El encuentro, inicialmente previsto para el lunes 23, se trasladará al martes 24 debido al feriado nacional. El horario se coordinará con las restantes comisiones que habitualmente funcionan ese día.

Un despacho con respaldo y diferencias políticas

El expediente llegó a Legislación con despacho favorable de la Comisión de Obras, donde recibió el acompañamiento de la UCR, Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador. El PRO se abstuvo y La Libertad Avanza votó en contra. Durante el tratamiento también se incorporaron modificaciones, entre ellas la exclusión de las manzanas 158 B, parcelas 1 y 2. Sin embargo, el debate excede la discusión sobre la zonificación y expone las diferencias entre los socios del oficialismo local respecto del destino que deberían tener las tierras.

Por un lado, el senador nacional Maximiliano Abad impulsa la transferencia gratuita de las dos manzanas al Municipio, con destino exclusivo a espacio verde público y actividades comunitarias, sin desarrollo inmobiliario. Por otro lado, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, gestiona ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) una alternativa urbanística que combine espacios públicos con indicadores residenciales en parte del predio. La propuesta contempla que alrededor del 46% de la superficie quede destinada al uso público.

En ese escenario, las posiciones que adoptaron los bloques en la comisión de Obras reflejaron las diferencias entre las fuerzas que integran el oficialismo: la UCR consiguió respaldo opositor, el PRO optó por no acompañar ni rechazar el proyecto y La Libertad Avanza votó en contra.

Con los informes todavía pendientes, el martes 24 será una fecha determinante para el futuro del expediente. Allí se definirá si el radicalismo consigue los respaldos necesarios para avanzar con su iniciativa y llevar la discusión al recinto dos días después.
 
Oficializan el traspaso accionario del Minella al grupo de Fígoli
 
La Municipalidad de General Pueyrredon formalizó la luz verde para que Perfeta Producciones S.A. adquiera el control mayoritario de la sociedad concesionaria del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”. La medida quedó plasmada en un decreto conjunto rubricado por el intendente Guillermo Montenegro, el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, y el presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), Sebastián D'Andrea, tras una evaluación de una comisión ad hoc creada especialmente para la ocasión. De esta manera, la firma comandada por el empresario Marcelo Fígoli absorbe el paquete accionario que hasta el momento ostentaba el grupo brasileño Real Estate Venues & Entertainment Participações S.A.

El proceso comenzó a gestarse formalmente a mediados de año. Fue el 16 de junio cuando Perfeta Producciones S.A. presentó la solicitud formal para adquirir la participación mayoritaria que hasta entonces ostentaba el holding brasileño REVEE, un pedido que días más tarde, el 22 de junio, fue refrendado de manera conjunta por la propia concesionaria ante el EMDER.

A partir de allí, las actuaciones ingresaron en un circuito de análisis que pasó por la Dirección General de Infraestructura antes de ser derivadas a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda. Ante la envergadura de la operación, el municipio resolvió crear en julio una comisión ad hoc encargada de evaluar de manera pormenorizada la solvencia, los antecedentes en la organización de eventos y las condiciones económico-financieras de la firma adquirente. Dicho cuerpo técnico sesionó en repetidas oportunidades entre agosto y octubre, requiriendo documentación complementaria que la empresa aportó en sucesivas presentaciones para respaldar su propuesta.

El expediente sumó luego informes concluyentes de la Subsecretaría Técnica y Administrativa y de la Dirección General Legal y Técnica, las cuales dictaminaron que la operación encuadra legalmente en el artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones. Los dictámenes subrayaron que la transferencia accionaria no constituye una cesión de la concesión original —por lo que Minella Stadium S.A. conserva su personalidad jurídica y sus responsabilidades intactas frente al municipio—, sino un cambio de control societario que refuerza las garantías mediante la incorporación formal de los compromisos de colaboración suscriptos por el grupo inversor.

Asimismo, el municipio aceptó formalmente los compromisos de colaboración asumidos por la adquirente, incorporándolos al régimen de la concesión bajo exigencias estrictas de plazos de obra y cumplimiento administrativo.

Con la rúbrica del decreto y la aceptación de las estipulaciones bajo estrictos plazos de cumplimiento para la adquirente, el estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini ingresan oficialmente en una nueva etapa de su gestión privada, marcada por la expectativa institucional en torno a la reactivación y puesta a punto del predio. 



El Ejecutivo presentó un presupuesto de $719.676 millones para 2027


El gobierno de General Pueyrredon puso en marcha el debate por el Presupuesto 2027. Este lunes 16 de noviembre, sobre el límite del plazo extendido, el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante los proyectos de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, Ordenanza Fiscal y Ordenanza Impositiva para el próximo ejercicio.

La presentación llegó después de que, el 29 de octubre, el Ejecutivo solicitara una prórroga de dos semanas para cumplir con la obligación de remitir las iniciativas presupuestarias. El pedido había sido realizado a dos días del vencimiento del plazo original, previsto para el 31 de octubre.

El presupuesto conjunto de la Administración Central y los cuatro entes descentralizados —EMVIAL, EMSUR, EMTURyC y EMDER— asciende a $719.676.858.900. En el mensaje de elevación, el Ejecutivo sostiene que la propuesta respeta el principio de equilibrio fiscal establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Sin embargo, el resultado financiero superavitario que destaca el gobierno corresponde exclusivamente a la Administración Central. Para esa estructura, se proyectaron ingresos por $632.851 millones y gastos por $627.719 millones, con una diferencia favorable de $5.132 millones, equivalente al 0,81% de los recursos estimados. No se trata, por lo tanto, del resultado consolidado de todo el presupuesto municipal.

Entre los argumentos que acompañan la iniciativa, el Ejecutivo vuelve a poner el foco en el financiamiento del sistema educativo municipal. Según el documento, Nación no transfiere fondos correspondientes al convenio tripartito de Educación desde 2022 y la Provincia de Buenos Aires dejó de hacerlo desde 2023. La administración local estima que la deuda acumulada entre ambas jurisdicciones alcanza los $29.228 millones y sostiene que debe afrontar con recursos propios el funcionamiento de la totalidad del sistema.

El mensaje también reivindica la política de reducción y reordenamiento de la planta municipal iniciada en 2019. De acuerdo con las proyecciones oficiales, al cierre de 2027 se habrá alcanzado una reducción y reorganización de más de 400 cargos administrativos. En paralelo, el documento señala un incremento de más de 2.500 horas cátedra destinadas a la Secretaría de Educación.

Seguridad, Desarrollo y Salud, entre las prioridades

En cuanto a la distribución de los recursos, las mayores subas porcentuales respecto del presupuesto 2026 se concentran en tres áreas. La Secretaría de Seguridad encabeza el listado, con un incremento del 50,1%; le sigue Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, con el 42,1%; y luego aparece Salud, con una suba del 41%.

Para Seguridad, el proyecto contempla $17.323 millones destinados a bienes y contratación de servicios. Entre los lineamientos mencionados figuran la colaboración con las fuerzas provinciales y nacionales, el mantenimiento y la ampliación del sistema de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo y el fortalecimiento de la Patrulla Municipal. También se prevé la adquisición de diez camionetas.

En Desarrollo Local, el Ejecutivo plantea como metas aumentar un 20% la cantidad de personas capacitadas, actualizar digitalmente 10.000 currículums a través de MDQ Digital y profundizar las derivaciones hacia empresas. En Salud, por su parte, se proyecta incorporar ambulancias, equipamiento para el CEMA y los centros de atención primaria, además de avanzar con herramientas de digitalización del sistema.

El mensaje de elevación también vuelve sobre dos ejes que la administración municipal presenta como parte de su política de austeridad. Por un lado, afirma que desde 2019 fueron eliminados 332 tributos, entre tasas y derechos de oficina. Por otro, mantiene por octavo año consecutivo el esquema de donación voluntaria de haberes: un 20% de la remuneración del intendente y un 15% de la correspondiente a los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Para 2027, estima que ese aporte representará unos $847 millones.

Con la presentación de los tres expedientes, el Presupuesto 2027 quedó formalmente en manos del Concejo Deliberante. Allí comenzará ahora el tratamiento de una propuesta que no solo ordena las previsiones de ingresos y gastos para el próximo año, sino que también expone las prioridades que el gobierno de Guillermo Montenegro busca sostener y los condicionamientos financieros que plantea para llevarlas adelante.

 
Montenegro volvió a mover el gabinete y reacomodó piezas en áreas clave


El intendente Guillermo Montenegro volvió a introducir modificaciones en el gabinete municipal. A pocos meses de su regreso al Ejecutivo, el jefe comunal dispuso una serie de movimientos en distintas áreas de la administración, con cambios en secretarías, subsecretarías y direcciones generales que quedaron formalizados en el Boletín Oficial.

Uno de los nombramientos de mayor peso fue el de Gustavo “Tuta” Torres al frente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano. El radical asumió sus funciones el 16 de noviembre, en reemplazo de Jorge "Guasa" González, cuya salida dejó vacante el área. Torres cuenta con experiencia en la administración pública y venía desempeñándose en el área de Obras del municipio de Balcarce.

Otro de los movimientos que sobresale es el regreso de Bernardo Martín a la estructura municipal. El ex titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura fue designado como representante de la Municipalidad de General Pueyrredon ante el Consorcio Portuario Regional, función en la que reemplazará a Florencia Garrido.

Los cambios también alcanzaron al área de modernización administrativa. Fernando Genin fue nombrado subsecretario de Gobierno Digital y Mejoras de Procesos, una dependencia que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización. Su designación se produjo en reemplazo de José Luis Dranuta.

En paralelo, el organigrama registró modificaciones en el esquema de articulación política del Ejecutivo. Juan Tonto fue designado director general de Articulación Legislativa, área dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos. A su vez, Liliana Piccolo quedó al frente de la Dirección General de la Secretaría Privada, cargo que hasta entonces ocupaba Tonto.

Ambas designaciones fueron establecidas con efecto retroactivo al 26 de octubre, según consta en las disposiciones oficiales.

Con este paquete de nombramientos, Montenegro volvió a intervenir sobre la estructura de su administración y redistribuyó responsabilidades en sectores de distinto perfil: desde la obra pública y la relación con el Puerto hasta la gestión digital y el vínculo legislativo.

La incógnita pasa ahora por saber si se trata de una reconfiguración puntual o si el intendente tiene previsto avanzar con nuevas modificaciones. En ese sentido, la discusión presupuestaria y el funcionamiento de las distintas áreas ofrecerán algunas señales sobre el rumbo que busca imprimirle a esta etapa de la gestión.

 
Permisos precarios, licitaciones pendientes y una nueva ausencia de Neme


La renovación de permisos para la próxima temporada de verano y la renegociación de una concesión en Varese marcaron la agenda de la comisión de Turismo del Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Sin embargo, la reunión de este martes también volvió a exponer dos cuestiones que atraviesan el funcionamiento legislativo: la escasa actividad del área y el ausentismo crónico de Agustín Neme. El concejal del PRO, vicepresidente de la comisión, volvió a faltar y su paradero continúa sin precisiones. Durante la mañana, La Tecla Mar del Plata se acercó a su despacho para consultarlo, pero no lo encontró. Su secretaria manifestó que no sabía cuándo regresaría.


Despacho de Agustín Neme en el Palacio Municipal.

Respecto a la agenda legislativa, el expediente 1930/26, que propone renovar seis permisos de uso y explotación hasta el 30 de abril de 2027, fue aprobado con los votos del PRO, la UCR + Nuevos Aires (UCR+NA), La Libertad Avanza (LLA) y el rechazo de AM-MDF y Unión por la Patria (UP). La iniciativa alcanza a Piletas Punta Iglesia, Playa Bristol Popular, Punta Cantera I, Playa Escondida, Balneario Punta Iglesia y Balneario Acevedo. Se trata de una solución transitoria que el Ejecutivo vuelve a impulsar ante la proximidad de la temporada estival y el vencimiento de las autorizaciones anteriores.

Desde el oficialismo, Marcelo Cardoso (PRO) defendió la propuesta al considerar que resulta necesario garantizar el funcionamiento de los espacios de cara al verano. “Debemos garantizar que distintas unidades turísticas fiscales puedan funcionar con un marco administrativo adecuado, manteniendo los servicios para vecinos y turistas”, sostuvo. Además, destacó la necesidad de preservar las instalaciones y generar condiciones para el desarrollo de la temporada. “Es una solución transitoria hasta abril del 2027”, remarcó, antes de adelantar el acompañamiento de su bloque.

La respuesta de Horacio Taccone (AM-MDF) puso el foco en una cuestión que excede esta renovación puntual: la reiteración de permisos precarios como mecanismo para administrar espacios públicos. El concejal opositor recordó que el procedimiento se repite desde hace varios años y cuestionó que el Municipio no avance con los procesos de licitación correspondientes. “No podemos vivir de prórroga en prórroga o de renovaciones de permisos precarios porque no es la forma”, advirtió. No obstante, Cardoso volvió a tomar la palabra para insistir en el carácter transitorio de la medida. «Estos permisos precarios sirven justamente para atender una cuestión transitoria», argumentó, y subrayó que la iniciativa no otorga preferencias a los actuales explotadores ante futuras licitaciones.

Distinto fue el desenlace del expediente 1871/26, referido a la concesión de la Unidad Fiscal Varese-Cabo Corrientes, actualmente explotada por SALIMAR S.A. El proyecto del Ejecutivo busca habilitar una renegociación contractual limitada al plazo de concesión y las obras comprometidas. El contrato vigente tiene vencimiento en 2030, pero la firma solicitó una extensión de 20 años y el EMTURyC recomendó otorgar 15. La propuesta abrió interrogantes sobre la relación entre las inversiones previstas, la rentabilidad del emprendimiento y el uso del espacio costero.

Ricardo Liceaga Viñas (UCR+NA) pidió que el expediente permanezca en comisión y solicitó un informe a la Secretaría de Obras. Desde Unión por la Patria coincidieron con la necesidad de profundizar el análisis, aunque plantearon que la evaluación no debería limitarse al plazo de explotación. Uno de los puntos señalados fue que el proyecto contempla la construcción de un salón de fiestas, una obra que podría modificar los ingresos de la unidad respecto de las condiciones consideradas cuando se otorgó la concesión original. En particular, señalaron que entre las obras proyectadas se encuentra la construcción de un salón de fiestas que podría modificar los ingresos de la explotación respecto de las condiciones originales de la concesión. «Tiene que haber una armonía entre los ingresos de quien está explotando y el canon que paga», plantearon desde el bloque. Además, se consultará por una estimación de los valores de las intervenciones previstas. 

Pero la reunión también dejó otra señal sobre el funcionamiento del cuerpo legislativo. La comisión de Turismo, que debería sesionar con una frecuencia quincenal, celebró este martes su séptimo encuentro del año, incluida la reunión constitutiva del 14 de enero. Se trata de la comisión que menos veces se reunió en 2026 y que no registraba actividad desde el 20 de octubre. La escasa frecuencia adquiere relevancia en un área que tiene bajo su órbita decisiones centrales sobre la explotación de los espacios costeros, especialmente en la antesala de la temporada turística.

A ese panorama se suma una nueva ausencia de Agustín Neme. El concejal del PRO, vicepresidente de la comisión, volvió a ser reemplazado por Julián Bussetti. Tampoco estuvo presente en la comisión de Educación, donde su lugar fue ocupado por Florencia Ranellucci. Las inasistencias se inscriben en una situación que se prolonga desde su salida del Departamento Ejecutivo.

Neme había quedado al frente de la Municipalidad de manera interina durante diez meses, mientras Guillermo Montenegro ocupaba su banca en el Senado bonaerense. Tras el regreso del intendente, el 7 de octubre, el concejal solicitó licencia hasta el 16 de ese mes y posteriormente la extendió hasta el 23. Sin embargo, desde entonces no volvió a presentarse en ninguna de las comisiones que integra. Al 17 de noviembre, acumula 26 días de ausentismo injustificado en esos ámbitos legislativos.

La falta de precisiones sobre su regreso también genera interrogantes dentro del oficialismo. Neme no solo integra el bloque del PRO, sino que su situación repercute en el funcionamiento del interbloque que comparte con la UCR+Nuevos Aires, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica. Por ahora, tampoco hubo certezas sobre cuándo retomará sus responsabilidades legislativas.

Así, la jornada dejó dos discusiones vinculadas con la administración de la costa marplatense: la continuidad de permisos precarios que vuelve a postergar las licitaciones y una renegociación contractual que requiere mayores precisiones antes de avanzar. Pero también volvió a poner sobre la mesa una cuestión institucional: una comisión que sesiona muy por debajo de la frecuencia prevista y un vicepresidente que lleva casi un mes sin presentarse, sin que desde su entorno puedan informar cuándo retomará su actividad.
 
"Figuritas repetidas": las obras que sobreviven de un ejercicio a otro


El Presupuesto 2027 vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que atraviesa desde hace tiempo la planificación de la obra pública en General Pueyrredon: la continuidad de proyectos que pasan de un ejercicio a otro sin desaparecer de los papeles. El anexo de construcciones contempla $11.761 millones para el próximo año, pero detrás de las cifras aparecen iniciativas que ya habían sido incorporadas en presupuestos anteriores y que todavía forman parte de la agenda del Ejecutivo.

Con Gustavo “Tuta” Torres al frente de la Secretaría de Obras y Planeamiento, el nuevo esquema de inversiones ofrece una oportunidad para revisar qué proyectos vienen acumulando previsiones y cómo evolucionaron sus partidas. Entre los casos más notorios aparecen el CEMA de Batán, la nueva sede de la ESMET N.º 1 y el mejoramiento del espacio público. Los tres concentran buena parte de los recursos proyectados para 2027 y tienen antecedentes que se remontan a varios ejercicios.

El recorrido más extenso entre las principales obras del listado corresponde a la nueva ESMET N.º 1. La iniciativa ya figuraba en el Presupuesto 2023, con una asignación de $300 millones. Para 2024 se habían consignado $10 millones, según los antecedentes incluidos en un pedido de informes presentado en el Concejo Deliberante. En 2025 volvió a aparecer en el anexo de construcciones, esta vez con $400 millones.

La partida pegó un salto en 2026, cuando el Ejecutivo proyectó $2.028,6 millones para la primera etapa del edificio propio. Ahora, para 2027, la previsión asciende a $2.680 millones. De esta manera, la construcción de la sede propia de la escuela técnica municipal llega a su quinto ejercicio consecutivo con antecedentes presupuestarios, aunque con distintas asignaciones y etapas de planificación.

El CEMA de Batán también tiene una trayectoria prolongada. La obra figuró en el Presupuesto 2024 con $1.257,8 millones y en el de 2025 la previsión trepó a $2.663 millones. Para 2026, el monto se redujo a $1.635,5 millones, mientras que en el proyecto para 2027 vuelve a subir hasta los $2.336,9 millones.

En este caso, la continuidad presupuestaria convive con una historia de ejecución compleja. Los trabajos comenzaron en 2024, pero la obra atravesó paralizaciones y dificultades que derivaron en cuestionamientos por parte de la oposición. Incluso durante 2025 se conocieron sanciones económicas a la empresa contratista. Por eso, la nueva partida vuelve a poner el foco en los plazos para completar una infraestructura sanitaria que tiene impacto directo en Batán y su zona de influencia.

La continuidad también se observa en intervenciones más puntuales. La ejecución de cruces accesibles, en el marco del Plan Municipal de Accesibilidad (PLAMAC), apareció en el Presupuesto 2024 con $48,62 millones. En 2025 recibió una previsión de $72,94 millones, mientras que para 2026 el monto ascendió a $261,2 millones. Ahora, la partida vuelve a figurar con $198,9 millones.

Algo similar sucede con el cambio de cubierta de la EP 3/EMES 203. La obra fue incorporada en 2025 con $269,1 millones, pasó a $357,3 millones en 2026 y para el próximo ejercicio cuenta con una previsión de $353,3 millones.

El CAPS Avelino Martínez, conocido como CAPS APAND, presenta un recorrido más corto. Su primera etapa apareció en el Presupuesto 2026 con $207,8 millones y vuelve a figurar en el de 2027 con $360 millones.

El repaso deja una postal de la obra pública municipal: algunos proyectos atraviesan varios años de presupuestos, otros avanzan por etapas y también hay iniciativas que modifican sus montos de un ejercicio a otro. En ese recorrido, la inclusión de una partida no equivale necesariamente a una obra terminada ni permite, por sí sola, medir su grado de avance.

Con el debate presupuestario próximo a comenzar, la discusión vuelve a plantear una pregunta que excede la distribución de los recursos: cuánto de lo proyectado logrará transformarse efectivamente en infraestructura. Para Torres, el desafío será administrar una cartera que no parte de cero y que tiene compromisos pendientes de ejercicios anteriores.

En definitiva, el Presupuesto 2027 no sólo muestra qué quiere construir el Municipio el próximo año. También deja a la vista qué proyectos siguen formando parte de su agenda y cuánto tiempo llevan esperando para convertirse en una realidad.

 
Presupuesto 2027: el tratamiento repite la metodología sin funcionarios y suma críticas



Con más de media hora de demora respecto del horario previsto, la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas puso en marcha el tratamiento del Presupuesto 2027 y definió la metodología que ordenará el debate. Bajo la presidencia del concejal del PRO Marcelo Cardoso, se estableció que los bloques tendrán tiempo hasta el miércoles 25 de noviembre para presentar por escrito sus preguntas, consultas, observaciones y pedidos de información sobre el paquete económico. El esquema, que ya se había aplicado durante el tratamiento del ejercicio anterior, volvió a generar cuestionamientos de la oposición por dejar afuera el intercambio presencial con funcionarios municipales.

Antes de abordar los tres expedientes centrales, Cardoso modificó el orden del día para dejarlos al final de la reunión y realizó una presentación general de las ordenanzas Fiscal, Impositiva y del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos. Sobre la primera, destacó que incorpora medidas de simplificación administrativa, elimina determinadas obligaciones formales y adecua procedimientos tributarios y el régimen de exenciones. En cuanto a la Impositiva, señaló que contempla actualizaciones vinculadas al índice de precios al consumidor y la eliminación de derechos de oficina: según explicó, de los 418 existentes se prevé conservar 88, con una reducción de 330. Sobre el Presupuesto, que asciende a $719.676 millones, mencionó como prioridades del Ejecutivo las áreas de Seguridad, Salud y Desarrollo Económico.

Al explicar la dinámica de trabajo, el titular de Hacienda sostuvo que el objetivo es ordenar el análisis y garantizar la participación de todos los bloques. Propuso que las consultas sean presentadas por escrito, con la firma de los respectivos presidentes de bancada, y fijó el 25 de noviembre como fecha límite. Cardoso recordó que los proyectos ingresaron al Concejo el 16 de noviembre y señaló que, una vez recibidas las preguntas, serán remitidas formalmente a las distintas áreas del Ejecutivo para que elaboren las respuestas. “Esta metodología no busca limitar la intervención de los concejales ni restringir el debate”, afirmó. Según argumentó, el mecanismo apunta a evitar reiteraciones y garantizar que todas las bancadas cuenten con la información necesaria.

La propuesta encontró resistencia en Unión por la Patria. Su presidenta, Mariana Cuesta, adelantó que el bloque cuestionará distintos aspectos de las ordenanzas y mencionó que la Tasa por Servicios Urbanos tendría un incremento superior al 42%, nueve puntos por encima de la inflación proyectada. Pero su principal objeción estuvo puesta en el mecanismo elegido: “Nosotros no estamos de acuerdo con la metodología de hacer preguntas. Nos hubiese parecido que la mejor metodología es que vengan los funcionarios y poder discutir”. También cuestionó las diferencias entre las explicaciones públicas del Gobierno y lo que, según sostuvo, figura en los expedientes. Aunque manifestó su rechazo, reconoció que la decisión quedó definida por mayoría: “No por eso queremos legitimarla”.

En la misma línea se expresó Eva Ayala, de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, quien consideró que el esquema limita el intercambio parlamentario. “Lo que hacen es cancelar la palabra del ámbito que nos constituye centralmente y precisamente. La palabra en el Parlamento es fundamental para que se vea justamente lo que tiene que ver con algunos principios básicos de la democracia”, planteó. 

Cardoso evitó entrar en una discusión con la concejal y respondió que existen distintas instancias para expresar posiciones durante el análisis presupuestario. Finalmente, la comisión dejó establecida la fecha del 25 de noviembre para recibir las presentaciones de los bloques.

La modalidad tiene antecedentes recientes: durante el tratamiento del Presupuesto 2026, en febrero de este año, Hacienda ya había establecido un sistema de preguntas escritas, con fecha límite para su presentación y sin funcionarios municipales en la comisión. De esta forma, el mecanismo vuelve a instalar una discusión política sobre el alcance del debate presupuestario y el rol del Ejecutivo frente a los concejales.
 

Las partidas que proyecta el Gobierno para los Entes en 2027


El proyecto de Presupuesto 2027 comenzó a mostrar cómo el gobierno municipal pretende distribuir los recursos entre sus distintos entes descentralizados durante el próximo año. Entre las partidas previstas, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) aparece nuevamente en el centro de la escena: el Ejecutivo proyecta asignar $34.081 millones, un 26,7% más que el presupuesto correspondiente a 2026.

La cifra todavía deberá atravesar el debate en el Concejo Deliberante, pero permite anticipar cuál sería el esquema de financiamiento del organismo. De acuerdo con el proyecto, casi $28.968 millones llegarían mediante transferencias de la Administración Central, lo que representa alrededor del 85% de su presupuesto total. Dentro de ese esquema, se proyectan $13.570 millones para el Fondo de Promoción Turística y otros $6.781 millones correspondientes al Fondo Municipal de Turismo.

La proyección también vuelve a poner el foco sobre un ente que estuvo bajo cuestionamiento durante el último año, tanto por la distribución de sus recursos como por los resultados de su rendición de cuentas, que arrojó un déficit cercano a los $4.108 millones. Para 2027, además, el documento advierte que no se contemplan transferencias de libre disponibilidad destinadas a cubrir bienes y servicios, por lo que el organismo deberá recurrir a sus propios ingresos para afrontar parte de sus gastos operativos. También prevé un incremento de $4.676 millones en sus pasivos de corto plazo.

En paralelo, el proyecto estima que EMVIAL contaría con un presupuesto de $47.890 millones, frente a los $38.435 millones previstos para 2026. La diferencia representa una suba nominal del 24,6%. Entre los principales destinos aparecen el mantenimiento de calles pavimentadas, con más de $20.417 millones; el alumbrado público, con $11.241 millones; y los trabajos sobre calles sin pavimentar, tanto urbanas como rurales. El esquema también contempla $3.400 millones para la cancelación de deuda flotante.

Por su parte, el EMDER tendría asignados $25.130 millones, un 34,1% más que los $18.744 millones del ejercicio actual. De ese total, casi $19.953 millones se proyectan como transferencias de la Administración Central, principalmente para cubrir salarios y el servicio de electricidad. Sin embargo, el propio informe advierte que las partidas previstas para bienes y servicios podrían resultar insuficientes para afrontar los costos de funcionamiento del ente.

En cuanto al EMSUR, el ente proyecta contar con un presupuesto de $24.518 millones para 2027. De ese total, $23.370 millones corresponderían a transferencias de libre disponibilidad de la Administración Central, destinadas principalmente a cubrir gastos de personal, mientras que otros $1.148 millones tendrían una asignación específica para afrontar los costos operativos del predio de disposición final de residuos. A su vez, el informe contempla un incremento de $4.328 millones en los pasivos de corto plazo.

Así, mientras el Ejecutivo busca avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027, las proyecciones para los entes descentralizados permiten observar no solo cuánto dinero pretende asignarles, sino también de qué manera planea financiarlos. La discusión legislativa será la instancia en la que esas previsiones quedarán bajo análisis y podrán sufrir modificaciones antes de convertirse en las partidas definitivas del próximo ejercicio.



La Campagnola bajó las persianas de su planta industrial


La incertidumbre llegó a su fin este jueves, aunque con un desenlace negativo para la industria marplatense. La Campagnola confirmó el cierre definitivo de su planta industrial ubicada en la intersección de avenida Edison y Ayolas, donde dejará de desarrollar sus actividades productivas. La medida afecta a unos 75 trabajadores y marca el final de una histórica actividad conservera en la ciudad.

La decisión, según explicó la compañía en un comunicado oficial, responde a los cambios en el modelo mundial de producción de conservas de pescado y las dificultades para garantizar el abastecimiento de materia prima. A esto se suma el escenario que atravesaba la planta, con problemas vinculados a la disponibilidad de caballa y una creciente competencia de los mercados internacionales.

El cierre se produce después de un prolongado período de dificultades operativas. Tal como había informado La Tecla Mar del Plata, hace más de dos meses la empresa había dispuesto la suspensión de sus trabajadores ante la imposibilidad de sostener el ritmo habitual de producción. Aquella medida había encendido las alarmas sobre la continuidad de la fábrica, una preocupación que finalmente se confirmó con el anuncio de este jueves.

En su comunicado, La Campagnola sostuvo que la planta ya se encontraba inactiva y que no volverá a poner en marcha sus operaciones. Además, aclaró que la decisión no implicará la desaparición de la marca del mercado argentino, sus productos continuarán comercializándose, aunque bajo un esquema de producción que contempla el abastecimiento de conservas elaboradas en otros mercados.

El futuro de los 75 trabajadores

Uno de los puntos centrales del anuncio pasa por la situación laboral de los empleados afectados. Desde la compañía informaron que pondrán a disposición de la totalidad del personal la posibilidad de reubicarse en otras fábricas de Arcor, grupo empresario al que pertenece La Campagnola.

Sin embargo, el ofrecimiento no estaría teniendo, en principio, la recepción esperada. Según fuentes cercanas a la empresa consultadas por este medio, los trabajadores no estarían dispuestos a trasladarse a establecimientos de la compañía ubicados en otros puntos del país y buscarían percibir la indemnización correspondiente por la desvinculación.
El cierre representa un nuevo golpe para la estructura productiva de General Pueyrredon y se suma a un escenario laboral complejo para Mar del Plata, que registra históricamente elevados niveles de desocupación. La salida de una planta industrial que durante décadas formó parte de la actividad conservera local vuelve a poner en discusión el presente de la industria y su capacidad para sostener puestos de trabajo en la ciudad.



Las harineras del Puerto quedaron bajo la lupa del Concejo Deliberante


Los malos olores provenientes de las plantas de harina de pescado del Puerto volvieron a instalarse en la agenda del Concejo Deliberante. Durante una reunión de la comisión de Medio Ambiente, los concejales debatieron la Nota Particular N° 142, presentada por un vecino que reclamó medidas frente a las emanaciones que afectan a la ciudad.

El planteo generó coincidencias entre representantes del oficialismo y la oposición, que manifestaron su preocupación por una problemática que se repite y que se vuelve especialmente notoria en jornadas de humedad. La discusión también puso sobre la mesa las dificultades del Municipio para intervenir directamente sobre establecimientos que se encuentran bajo la órbita portuaria.

Desde el PRO, Julián Busetti respaldó el reclamo y cuestionó que la actividad de un grupo reducido de empresas termine afectando a buena parte de la ciudad. “Estamos hablando de una ciudad turística que muchas veces tiene olor a pescado”, sostuvo el concejal.

En ese sentido, Busetti planteó que el Ejecutivo municipal tiene limitaciones para actuar debido a que las plantas no se encuentran bajo su jurisdicción. Por eso, propuso avanzar con un pedido de informes al Consorcio Portuario o identificar cuáles son los organismos responsables de controlar las emisiones y fiscalizar el funcionamiento de los establecimientos.

Desde el Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi acompañó la postura y puso el foco en las consecuencias que la problemática puede tener de cara a la próxima temporada turística. También advirtió sobre la frecuencia de los episodios durante fines de semana y feriados, períodos en los que podrían disminuir los controles.

Por su parte, Marcelo Cardoso, también del PRO y ex titular de Inspección General, aportó precisiones sobre el funcionamiento de las plantas y las posibles causas de las emanaciones. Según explicó, uno de los factores está vinculado al venteo de gases durante el procesamiento del pescado, que puede generar olores cuando las emisiones superan la capacidad de los filtros.

En ese marco, recordó que se consideró al Parque Industrial como el ámbito más adecuado para la radicación de este tipo de establecimientos.

De esta manera, el reclamo vecinal abrió una discusión que reunió posiciones coincidentes dentro de la comisión de Medio Ambiente. Ahora, el foco estará puesto en determinar qué inspecciones se realizan y qué medidas pueden adoptarse para reducir los olores que afectan a Mar del Plata.


 
¿Montenegro tendrá su regalo de Navidad en el Concejo?


Con las fiestas cada vez más cerca, en los pasillos del Palacio Municipal comenzó a circular una pregunta: ¿Guillermo Montenegro tendrá su regalo de Navidad? El presente podría llegar desde el Concejo Deliberante, con la aprobación del Presupuesto 2027, que asciende a $719.676 millones y ya puso primera en la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. El oficialismo buscará conseguir luz verde antes de fin de año. ¿Alcanzará el calendario legislativo para que el intendente encuentre su regalo debajo del arbolito?


El expediente tiene un componente político que excede las previsiones económicas: será el último presupuesto de Montenegro como intendente. El jefe comunal finalizará en diciembre de 2027 su segundo mandato consecutivo, luego de haber asumido en 2019 y conseguido la reelección en 2023. Con la legislación bonaerense vigente, no podrá presentarse para un tercer período consecutivo.

En cuanto a las prioridades de gestión, Seguridad aparece como el área con mayor incremento porcentual. La Secretaría tendrá una suba del 50,1% respecto del presupuesto 2026, por encima de la actualización general. Detrás se ubican Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, con un 42,1%, y Salud, con un 41%. El Ejecutivo proyecta, además, un superávit financiero de $5.132 millones para la Administración Central, aunque ese resultado no corresponde al presupuesto consolidado de todo el Municipio.

Pero el comienzo del análisis no estuvo exento de cuestionamientos. En la primera reunión de Hacienda, presidida por Marcelo Cardoso (PRO), se estableció una metodología que vuelve a dejar afuera de las comisiones a los funcionarios municipales. En lugar de convocar a los responsables de cada área para que expliquen las partidas y respondan las consultas de los concejales, los bloques deberán presentar sus preguntas por escrito.

El plazo fijado para elevar esos planteos vence el miércoles 25 de noviembre. Las consultas serán remitidas formalmente a las distintas dependencias del Ejecutivo para que elaboren las respuestas y las aclaraciones correspondientes. Desde el oficialismo defendieron el mecanismo al sostener que busca ordenar el intercambio y evitar reiteraciones, sin limitar la intervención de los ediles ni restringir el debate.

La decisión, sin embargo, recibió críticas de Unión por la Patria y Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro. Mariana Cuesta cuestionó que no haya una instancia presencial con los funcionarios y sostuvo que la mejor alternativa hubiera sido convocarlos para discutir las cuentas. Eva Ayala, por su parte, advirtió que el esquema limita la palabra en el ámbito parlamentario y cuestionó que las preguntas por escrito reemplacen el intercambio en comisión.

A las diferencias por la metodología se sumó la discusión tributaria. La oposición puso el foco en la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), cuyo importe básico pasa de $202.149 en la ordenanza inicial de 2026 a $287.314 en el proyecto para 2027. La variación nominal es del 42,13%, alrededor de nueve puntos por encima del 33,1% de inflación interanual que el propio Ejecutivo toma como referencia. La comparación, de todos modos, debe contemplar las actualizaciones que se aplicaron durante el ejercicio vigente.

Además, el proyecto contempla nuevas actualizaciones de la tasa a lo largo de 2027, por lo que el porcentaje inicial no representa necesariamente el incremento final que tendrán las boletas durante todo el año. Ese punto promete convertirse en uno de los ejes de discusión cuando los bloques profundicen el análisis de las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Con el cronograma de consultas ya establecido, el oficialismo buscará ordenar el tratamiento y llegar a una definición antes de que termine el año. El calendario legislativo y las próximas instancias de debate serán determinantes para saber si el expediente consigue avanzar en los tiempos previstos. Por ahora, Montenegro tiene un deseo para las fiestas: que el Concejo le deje el Presupuesto aprobado antes de Navidad. ¿Habrá regalo debajo del arbolito?

 
Chapadmalal: el Gobierno de Milei "pateó" para diciembre la apertura de sobres por los hoteles



El Gobierno de Javier Milei movió el calendario para avanzar con la concesión de la Unidad Turística Chapadmalal. La apertura de sobres del concurso público para entregar seis hoteles a operadores privados, prevista inicialmente para el 27 de noviembre, fue postergada hasta el 14 de diciembre. La decisión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) estira los tiempos de una operación que busca cambiar el esquema de funcionamiento de uno de los complejos turísticos más emblemáticos de la costa bonaerense.

La modificación quedó plasmada en la Circular N° 2 del Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional N° 392/26. El documento, firmado por la Dirección de Compras del organismo, estableció que el acto de apertura se realizará el lunes 14 de diciembre a las 12. Como argumento, la AABE se limitó a señalar que “considera conveniente” modificar el cronograma, sin ofrecer mayores explicaciones sobre las razones del cambio.

Con esta decisión, los potenciales oferentes tendrán 17 días adicionales para terminar de preparar sus propuestas. El plazo original ya había generado una agenda ajustada: desde el lanzamiento del concurso hasta la apertura de sobres había poco más de un mes, con visitas obligatorias a los establecimientos para conocer las condiciones de los edificios y elaborar los proyectos de inversión.

La licitación comprende los hoteles 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ubicados entre la Ruta 11 y el mar. El esquema diseñado por Nación establece una concesión por 360 meses, equivalente a 30 años, durante los cuales los adjudicatarios deberán hacerse cargo de la recuperación, refuncionalización y mantenimiento de las instalaciones. También podrán desarrollar actividades hoteleras, gastronómicas, recreativas y deportivas, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos.

Aunque el concurso permite presentar ofertas por cada establecimiento o por el conjunto, el diseño de la convocatoria incorpora un incentivo para quienes propongan administrar los seis hoteles. La intención oficial es promover una gestión integral del sector, aunque todavía resta conocer qué empresas estarán dispuestas a asumir el compromiso económico y las obras que demanda el complejo.

El estado de los inmuebles será uno de los desafíos para los futuros concesionarios. Los establecimientos presentan diferentes condiciones de conservación y deberán ser recuperados bajo las restricciones que impone su declaración como Monumento Histórico Nacional. No se trata solamente de poner habitaciones nuevamente en funcionamiento: el proyecto incluye edificios anexos, espacios comunes y sectores recreativos que también forman parte del patrimonio.

El plan de Nación, además, contempla un reparto diferente para el resto de la Unidad Turística. Los hoteles 7, 8 y 9 fueron asignados a la Universidad Nacional de Mar del Plata, que proyecta desarrollar una Residencia Escuela con alojamiento estudiantil y actividades académicas. Por otra parte, dos inmuebles quedaron destinados al Municipio de General Pueyrredon para instalar un Centro de Atención Primaria de la Salud.

El 14 de diciembre será una fecha clave para conocer quiénes pretenden quedarse con los hoteles y qué inversiones están dispuestos a comprometer para ponerlos nuevamente en funcionamiento. Por ahora, Milei “patea” la definición y Chapadmalal sigue esperando que se conozca quiénes serán los encargados de escribir su próxima etapa.

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