Los malos olores volvieron a instalar a las plantas harineras del Puerto en el centro de la discusión política. Esta vez, el disparador fue una nota particular presentada por un vecino y tratada en la comisión de Ambiente del Concejo Deliberante. Pero detrás del reclamo por las emanaciones hay una historia mucho más extensa, con denuncias por contaminación del agua y el aire, expedientes judiciales, cuestionamientos a los controles estatales y una discusión que vuelve a cobrar fuerza: ¿deberían trasladarse las fábricas al Parque Industrial?
La presentación, registrada como Nota Particular N° 142, reclamó medidas frente a los olores que emanan de las plantas de harina de pescado. El planteo encontró coincidencias entre concejales de distintos espacios y abrió una discusión sobre las responsabilidades de los organismos que deben fiscalizar la actividad. Desde el PRO, Julián Busetti respaldó el reclamo y cuestionó que la actividad de un grupo reducido de empresas termine afectando a buena parte de la ciudad. También planteó la necesidad de identificar a las autoridades responsables de controlar las emisiones, teniendo en cuenta que los establecimientos se encuentran bajo jurisdicción portuaria.
En ese marco, durante la reunión también se propuso avanzar con pedidos de informes al Consorcio Portuario y a los organismos con competencia ambiental para conocer qué inspecciones se realizan, qué controles existen sobre las emisiones y qué medidas se adoptaron frente a los episodios denunciados. La discusión apuntó así a determinar quién tiene la responsabilidad efectiva de fiscalizar a las plantas y qué margen de intervención tiene el Municipio frente a establecimientos que no están bajo su órbita directa.
Juan Manuel Cheppi, del Frente Renovador, acompañó la preocupación y puso el foco en las consecuencias que el problema puede tener de cara a la próxima temporada turística. Además, advirtió sobre la frecuencia de los episodios durante fines de semana y feriados, cuando podrían disminuir los controles. Por su parte, Marcelo Cardoso, también del PRO y ex titular de Inspección General, explicó que uno de los factores está vinculado al venteo de gases durante el procesamiento del pescado y a las limitaciones de los filtros para contener las emisiones. En ese contexto, volvió a aparecer la posibilidad de erradicar este tipo de establecimientos en el Parque Industrial.
La discusión no es nueva. Las harineras arrastran antecedentes ambientales que se remontan a más de dos décadas y que llegaron a la Justicia Federal. Una de las investigaciones más antiguas se inició en 2002 y puso bajo análisis los efectos de la actividad industrial sobre el agua y el aire, además de las responsabilidades de los organismos encargados de fiscalizarla.
Uno de los casos más representativos fue el de Coomarpes. En febrero de 2016, inspectores de Obras Sanitarias detectaron un líquido oscuro y con fuerte olor a putrefacción que llegaba a la playa pública del Puerto a través de un desagüe pluvial. La investigación permitió vincular el vertido con las instalaciones de la cooperativa. A partir de las pruebas reunidas, el fiscal general federal Daniel Adler solicitó la elevación a juicio de siete directivos por presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. La acusación apuntó a deficiencias en el tratamiento de los efluentes industriales y a la posible contaminación del mar. El expediente tuvo nuevos movimientos en los últimos años y el proceso judicial continuó después de que Casación dejara sin efecto una resolución que había homologado una propuesta de reparación integral.
Otro antecedente que expuso la dimensión del problema ocurrió en enero de 2019, cuando colapsó uno de los tanques de la ex Moliendas del Sur, una fábrica harinera que había dejado de funcionar y cuyos predios permanecían abandonados. La estructura tenía una capacidad de 40.000 litros y contenía aceite de pescado y otros residuos de la producción. Parte del material derramado terminó llegando al mar y a la playa pública a través de un desagüe pluvial. Lo ocurrido tampoco fue una sorpresa: meses antes, una inspección del entonces OPDS había advertido sobre la inestabilidad de algunos tanques, que permanecían llenos, y el riesgo que representaban sus estructuras. El episodio dejó otra postal del conflicto: no solamente las consecuencias de las plantas que siguen funcionando, sino también el pasivo ambiental que pueden dejar aquellas que abandonan sus instalaciones.
A esos antecedentes se sumaron nuevas actuaciones judiciales durante 2026. La investigación sobre las emisiones gaseosas de Coomarpes y Agustiner volvió a cobrar impulso, con pedidos de información a los organismos ambientales sobre habilitaciones, licencias, monitoreos y controles. También se solicitaron estudios para determinar la presencia de compuestos odoríficos, entre ellos la trimetilamina, asociada al característico olor a pescado en descomposición. En octubre, además, la querella incorporó nuevos cuestionamientos vinculados con la posible presencia de cadmio en harinas de pescado, a partir de estudios que deberán ser evaluados en el ámbito judicial.
En ese escenario, la relocalización de las harineras aparece como una alternativa que merece volver a discutirse. La cercanía de las plantas con la playa, el muelle y los sectores por donde circulan vecinos y turistas plantea un problema que excede la actividad productiva. El Puerto combina una intensa actividad industrial con espacios recreativos y turísticos, una convivencia que se vuelve difícil cuando las emisiones y los olores afectan el entorno. El Parque Industrial podría ofrecer condiciones más adecuadas para desarrollar esos procesos, aunque un eventual traslado requeriría inversiones, acuerdos entre las empresas y las autoridades portuarias, además de estudios sobre infraestructura y factibilidad.
Pero la discusión también interpela a la política. Desde las primeras advertencias y denuncias hasta los expedientes judiciales más recientes, las harineras atravesaron distintas administraciones municipales y provinciales, además de diferentes conducciones del Consorcio Portuario. Los organismos públicos conocieron los reclamos, realizaron inspecciones y participaron de investigaciones, pero eso no se tradujo en una solución que evitara la reiteración de los episodios. La superposición de competencias entre el Municipio, la Provincia y la autoridad portuaria tampoco puede convertirse en una explicación permanente para la falta de respuestas. Si bien cada organismo tiene atribuciones específicas, la obligación de coordinar controles y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales sigue siendo estatal.
La relocalización, de todos modos, no puede ser la única respuesta. También será necesario determinar qué controles se realizan actualmente, qué tecnologías utilizan las plantas para tratar sus efluentes y emisiones y quién debe garantizar su cumplimiento. A eso se suma la obligación de sanear los terrenos que quedaron abandonados, como ocurrió con Moliendas del Sur.
Así, la nota particular volvió a poner sobre la mesa una problemática que atravesó distintas gestiones sin encontrar una respuesta definitiva. Mientras los malos olores regresan a la agenda legislativa y los concejales buscan explicaciones, el Puerto sigue arrastrando una deuda ambiental y política. El interrogante ya no pasa solamente por cómo reducir las emanaciones, sino también por qué, después de tantos años de denuncias, inspecciones e investigaciones, el Estado todavía no logró resolver un conflicto que afecta tanto a quienes viven en la ciudad como a quienes la visitan.