5 de noviembre de 2026
RECLAMOS
La CAMETAP pide que el boleto del colectivo pase a valer $3.015,83
La Cámara que nuclea a las empresas de colectivos presentó un estudio de costos que ubica la tarifa plana por encima de los $3.000. Alegan un déficit cercano al 60%, cuestionan los subsidios y trasladan la presión al Ejecutivo municipal por la sustentabilidad del servicio.
La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) presentó un expediente en el que reclama una actualización tarifaria y advierte sobre el desequilibrio económico que atraviesan las concesionarias del servicio. El pedido implicaría un incremento de casi el 57% respecto de los $1.922,56 que cuesta actualmente el boleto plano.
De acuerdo con el documento presentado por el presidente de la entidad, Juan María Inza Decaux, los principales argumentos para justificar semejante aumento son las subas del combustible, los salarios de los choferes, el valor de los repuestos y los desfasajes en el pago de subsidios. Detrás del planteo económico las empresas sostienen que las condiciones actuales hacen inviable el funcionamiento del sistema.
A día de hoy, desde la Cámara consideran insuficiente la tarifa que abonan los usuarios y plantean que debería superar los $3.000 para afrontar los gastos diarios de explotación. Para fundamentar el reclamo, CAMETAP elaboró un estudio de costos con valores actualizados al 31 de octubre de 2026, que arrojó una tarifa plana de $3.015,83.
En cuanto a la primera razón presentada por Decaux, el combustible representa aproximadamente el 15% del costo del boleto. De acuerdo con el análisis realizado por las propias empresas, las últimas variaciones en el precio de este insumo impactaron directamente en los gastos de funcionamiento y complicaron todavía más la ecuación económica de las concesionarias.
Otro de los factores señalados es el salario de los choferes. Según el documento, el acuerdo alcanzado entre la UTA y FATAP el 23 de septiembre de 2026 llevó el básico conformado de un conductor por encima de los $1.700.000.
La cotización del dólar también ocupa un lugar central en el planteo. Las empresas sostienen que la moneda extranjera impacta directamente en los repuestos, accesorios e insumos necesarios para mantener las unidades en funcionamiento. Incluso remarcan que su evolución repercute en la valuación del parque automotor y en las cuotas de financiación de los colectivos.
Sin embargo, uno de los puntos con mayor peso político en la presentación es el de los subsidios. CAMETAP asegura que actualmente las concesionarias perciben únicamente el aporte provincial y cuestiona los tiempos de reintegro de las compensaciones nacionales correspondientes a los pasajeros con atributo social. Según detallaron, el 45% de los usuarios que abonan boleto utiliza este beneficio, que contempla un descuento del 55% y cuyo reintegro puede demorar más de 60 días. La Cámara sostiene que alrededor del 25% de la recaudación queda desfasada durante aproximadamente tres meses.
A ese escenario le agrega el dato de que más del 25% de los pasajeros transportados utiliza alguna modalidad de gratuidad que, según las empresas, no cuenta con compensación financiera mediante subsidios. En paralelo, denuncian una caída interanual en la cantidad de usuarios que pagan el boleto, una combinación que, aseguran, profundiza el deterioro de los ingresos.
En el expediente, la Cámara sostiene que el contrato de concesión con la Municipalidad de General Pueyrredon se volvió de imposible cumplimiento bajo las condiciones económicas actuales. Para respaldar esa postura, recurre a la figura jurídica del «hecho del príncipe», mediante la cual atribuye a decisiones generales del Estado, particularmente a la devaluación y sus consecuencias inflacionarias, parte de la responsabilidad por la ruptura del equilibrio económico financiero.
En ese sentido, las concesionarias advierten que la situación podría comprometer la continuidad y regularidad del transporte público. La solución que proponen es una adecuación tarifaria en el corto plazo para cubrir una brecha de ingresos que estiman cercana al 60%.
Con un boleto fijado en los $1.922 y una tarifa pretendida que supera los $3.000, las empresas trasladan al Ejecutivo municipal la presión por revisar los números del sistema. La discusión, una vez más, tendrá como protagonistas al costo que deben afrontar los usuarios,
los subsidios estatales y la capacidad del Municipio para sostener un servicio esencial.