22 de octubre de 2026
FOTOMULTAS
La oposición denunció que la UNSAM recibe $3.200 millones por las fotomultas y exigió frenar la renovación
En la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante, Unión por la Patria cuestionó el reparto de la recaudación del sistema de infracciones y apuntó contra el convenio firmado en 2021. Con vencimiento previsto para diciembre, reclamó una nueva licitación y comparó los fondos que recibe la universidad con el costo de comprar doce patrulleros.
La octava sesión pública ordinaria del Honorable Concejo Deliberante sumó otro capítulo a las varias problemáticas del Ejecutivo. A través de una cuestión previa, Unión por la Patria puso bajo la lupa el sistema de fotomultas de General Pueyrredon y denunció que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) recibiría alrededor de $3.200 millones durante 2026 por la prestación del servicio. Con el convenio próximo a vencer, la oposición reclamó que el Municipio frene su renovación automática y convoque a una nueva licitación.
El cuestionamiento apuntó directamente a la gestión de Guillermo Montenegro, que incorporó el sistema en 2021. Según planteó el bloque opositor, el Ejecutivo optó por firmar un convenio con la UNSAM en lugar de convocar a una licitación abierta y dar prioridad a las universidades radicadas en Mar del Plata, como la Universidad Nacional de Mar del Plata o la UTN. Además, cuestionó el reparto de los fondos provenientes de las infracciones: de cada $100 recaudados, $24 ingresarían a las arcas municipales, $56 quedarían para la universidad y los $20 restantes corresponderían a la Provincia de Buenos Aires.
Los números expuestos durante la sesión fueron el principal argumento para cuestionar la continuidad del acuerdo. De acuerdo con la intervención, el presupuesto municipal de 2026 proyectó ingresos por $1.400 millones correspondientes a la participación del Municipio, mientras que hasta el momento de la exposición ya habían ingresado alrededor de $1.100 millones. Sobre esa base, se estimó que la UNSAM recibiría poco más de $3.200 millones durante el año. También se señaló que el sistema cuenta con 16 equipos de control semafórico, 17 de velocidad y otros 3 móviles, además de dispositivos cuya incorporación se encontraría en proceso. Para la oposición, el porcentaje destinado a la universidad resulta excesivo frente a un equipamiento que ya lleva cinco años de funcionamiento.
Sin embargo, el dato que encendió la discusión fue la fecha de vencimiento del convenio. Según se expuso en el recinto, el acuerdo fue firmado el 21 de diciembre de 2021 y tiene una vigencia de cinco años. La oposición advirtió que, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de finalizarlo, el contrato se renovaría automáticamente. En ese contexto, en la comisión de Movilidad Urbana se trato un expediente que trataba este tema y realizaron un pedido de informe sobre el sistema, pero aún no recibe respuestas. Por eso, reclamó que el Municipio comunique a la universidad su decisión de no continuar con el convenio y avance hacia una licitación que considere más conveniente para las arcas públicas.
El planteo también se cruzó con la discusión por la seguridad y el estado general de la ciudad. Durante su intervención, se vinculó el destino de los recursos con otras áreas cuestionadas de la gestión municipal, como las prórrogas del transporte público, la recolección de residuos, el déficit y mal estado del estadio José María Minella y el uso de fondos afectados para cubrir gastos corrientes. Como ejemplo, sostuvieron que con aproximadamente $1.000 millones podrían comprarse doce patrulleros tipo pick-up, doble cabina, blindados y equipados.
El cierre de la intervención tuvo como destinatarios tanto al gobierno municipal como al resto de los concejales. Si el convenio se renueva automáticamente en diciembre sin una revisión previa, el oficialismo tendrá que explicar por qué no avanzó con una alternativa, mientras la oposición buscará convertir los $3.200 millones en un nuevo símbolo de sus cuestionamientos al manejo de los recursos municipales.