29 de septiembre de 2026
AVANZADA JUDICIAL
Afiliados al IOMA impulsan testimonios clave en la causa penal contra Kicillof y Giles
En el marco de la investigación por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita en el organismo bonaerense, el colectivo de autoconvocados marplatenses convoca a aportar pruebas y testimonios en la fiscalía platense. La movida judicial busca destrabar el entramado de triangulación de fondos y contrataciones en medio de la parálisis prestacional que afecta a la ciudad.
La causa judicial que investiga el presunto desvío de recursos y la triangulación de pagos en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) ingresó en una fase de recolección probatoria de alto impacto político. En General Pueyrredon, donde la interrupción de coberturas médicas, el colapso de convenios con clínicas y la falta de insumos de alta complejidad mantienen en vilo a miles de familias, el colectivo IOMA Autoconvocados lanzó una convocatoria abierta a damnificados, profesionales y prestadores locales para aportar testimonios y documentación estratégica en el expediente penal que salpica a la conducción provincial del organismo.
La instrucción, radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial de La Plata a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, tramita bajo la Investigación Penal Preparatoria correspondiente a los delitos de administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita. La denuncia original, ampliada por la querella sobre la base de presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a la red de policonsultorios y entidades intermedias, apunta de forma directa a la responsabilidad funcional del gobernador Axel Kicillof, del presidente de la obra social, Homero Giles, y de los integrantes del directorio del instituto.
Desde la perspectiva del colectivo de afiliados con sede en Mar del Plata, la compulsa judicial representa una vía institucional decisiva para perforar el cerco de silencio que rodea al funcionamiento económico del ente. La iniciativa alienta la presentación formal de testigos tanto de manera presencial en los tribunales de la capital provincial como mediante canales digitales oficiales, con el objetivo de incorporar expedientes de amparos incumplidos, registros de cobros indebidos, demoras en derivaciones médicas críticas y testimonios sobre la falta de contralor en las prestaciones liquidadas. La acumulación de probanzas busca consolidar el mapa de responsabilidades sobre lo que las organizaciones de damnificados califican como una maniobra sistemática de desfinanciamiento y desvío de aportes salariales.
Esta nueva estocada en los tribunales incrementa la presión política sobre la gestión bonaerense y resuena con fuerza en el escenario legislativo local y provincial. En momentos donde las iniciativas para interpelar a las autoridades y devolver la autarquía financiera al organismo se debaten en la Legislatura, la judicialización del conflicto a través de los propios usuarios expone la severidad de la crisis institucional. Para Mar del Plata, epicentro de las manifestaciones y de los reclamos por el abandono de la atención médica, el avance del expediente penal transforma el malestar de las calles en un elemento de prueba formal que amenaza con acelerar las definiciones en la cúpula del sistema sanitario provincial.