18 de septiembre de 2026
CONFLICTO
El estado de la UTF Arroyo Lobería suma un nuevo expediente en el Concejo
Un pedido de informes ingresado este viernes busca precisiones sobre los controles del Municipio a la empresa concesionaria tras las denuncias por faltas de mantenimiento e infraestructura en la costa sur.
La controversia en torno a la Unidad Turística Fiscal (UTF) Arroyo Lobería volvió a ganar volumen en el ámbito institucional tras el ingreso de una nueva presentación legislativa en el Concejo Deliberante. La iniciativa reabre el debate sobre la fiscalización del predio ubicado dentro de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur, un espacio de dominio público que permanece bajo concesión privada y que acumula reclamos vecinales por deficiencias edilicias y de servicios.
El origen directo de este paso deliberativo se encuentra en una presentación realizada a principios de mes ante el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) por vecinos y organizaciones. Aquel reclamo ponía el acento en el presunto incumplimiento de los compromisos asumidos por la firma RIVAN S.A., particularmente en lo vinculado a las condiciones higiénicas y estructurales, además del histórico pedido por el libre acceso a las baterías sanitarias públicas.
El marco normativo que rige sobre la unidad, fijado por la Ordenanza N° 21.524, establece la obligación contractual de garantizar la funcionalidad, el mantenimiento diario y la limpieza de los sectores construidos y naturales. Sin embargo, los antecedentes administrativos dan cuenta de un historial de intimaciones y sanciones aplicadas a la empresa. Entre ellas figuran apercibimientos y multas labradas en 2020 por la falta de presentación del Legajo Técnico de Obra, así como penalizaciones en 2022 y enero de 2025 motivadas por faltas de conservación general.
En esa última multa de comienzos de 2025, que equivalió al 15% del canon vigente, las inspecciones municipales habrían detectado rajaduras, deterioro en techos, aberturas rotas y la ausencia de tapas de seguridad en sectores específicos del predio. No obstante, relevamientos recientes realizados a fines de agosto señalan que las anomalías persistirían, citando sectores con acumulación de residuos, vegetación sin cortar, superficies con humedad y una piscina con agua estancada.
Ante este escenario, la discusión política viró hacia la efectividad del rol fiscalizador del Departamento Ejecutivo. La propuesta legislativa requirió que las dependencias competentes detallen el cronograma de inspecciones desplegado desde el inicio de 2025, la copia de las actas de constatación o infracción labradas y el grado de avance en la presentación de los planes anuales de reparación que la firma debe elevar para su evaluación técnica. El expediente busca determinar si los procedimientos punitivos anteriores lograron corregir las falencias o si la concesión atraviesa una situación de irregularidad sostenida.