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Kicillof ajusta el cinturón y enciende varios conflictos en la administración pública
El Gobierno atraviesa un tramo de tensión con reclamos que se multiplican en distintas áreas de la administración. Algunos conflictos encontraron canales de negociación, mientras otros continúan con medidas de fuerza y movilizaciones. El escenario vuelve a poner el foco sobre la discusión salarial y las condiciones laborales en el Estado provincial.
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El Gobierno de Axel Kicillof transita septiembre con varios conflictos abiertos dentro de la propia administración bonaerense. Los reclamos no se concentran en un único sector: alcanzan a organismos de control, trabajadores de Infraestructura, estatales, judiciales, docentes y empleados municipales. En algunos casos hubo acuerdos parciales, pero en otros la negociación continúa sin una salida definida.
Uno de los focos más recientes fue el conflicto protagonizado por trabajadores de la Contaduría General y la Tesorería General, nucleados en APOC. La disputa se originó en el cambio de régimen horario aplicado desde 2023, cuando la jornada semanal pasó de 30 a 40 horas para determinados trabajadores de la Ley 10.430. El gremio sostiene que ese incremento de la carga horaria no tuvo un correlato salarial completo en determinados adicionales.
Durante septiembre, el reclamo derivó en retenciones progresivas de tareas. La protesta comenzó con jornadas de dos horas y fue ampliándose hasta llegar a cuatro horas, mientras la organización amenazaba con profundizar las medidas si no aparecía una respuesta. La discusión también llegó a la Justicia, donde continúa abierta una causa vinculada con la aplicación del nuevo régimen horario.
Finalmente, APOC aceptó una propuesta salarial que contempló un 6,25% en octubre y otro 6,25% en diciembre sobre determinados adicionales, además de correcciones para categorías jerárquicas. El acuerdo desactivó el plan de lucha, aunque, según fuentes consultadas, persisten retenciones de tareas, lo que dejó expuestas diferencias internas dentro del organismo y entre los propios trabajadores respecto de los términos de la negociación.
Otro frente permanece abierto en el Ministerio de Infraestructura, donde los trabajadores vienen reclamando la reapertura de una negociación sectorial por un adicional específico. AEMOPBA y ATE protagonizaron movilizaciones, retenciones de tareas y acciones dentro de la sede ministerial. El conflicto tuvo además un componente político, luego de que los gremios denunciaran situaciones de intimidación y cuestionaran el accionar de la conducción de la cartera.
A estos conflictos sectoriales se suma ahora un reclamo más amplio por la reapertura de las paritarias. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA, pidió formalmente al Ministerio de Trabajo retomar la negociación para discutir una actualización salarial de cara a los últimos meses del año.
El planteo docente se suma a los pedidos realizados por ATE y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Los estatales reclaman una nueva instancia de negociación ante la pérdida de poder adquisitivo y el impacto del costo de vida, mientras que los judiciales recuerdan que la reapertura había sido acordada en la última paritaria de julio. En el caso docente, además del salario, el reclamo incluye otros aspectos vinculados con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo.
De esta manera, la discusión salarial comienza a adquirir una dimensión transversal dentro del Estado bonaerense. Ya no se trata solamente de reclamos específicos por adicionales o regímenes horarios, sino también de la pretensión de distintos sectores de volver a sentarse con el Ejecutivo provincial antes del cierre del año. Este reclamo toma otra dimensión, ya que para esta fecha comienza la liquidación correspondiente a septiembre sin novedades y acuerdos a la vista, hecho que demora la actualización de los salarios.
En paralelo, los trabajadores municipales también protagonizaron medidas de fuerza en distintos puntos de la Provincia. FESIMUBO impulsó cortes y protestas para reclamar mejoras salariales, el fin de situaciones de precarización y la puesta en funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal. El conflicto trasciende así a la administración provincial y alcanza a los municipios, donde las discusiones salariales tienen una dinámica propia.
El dato político del escenario es la acumulación de reclamos simultáneos. Algunos tienen origen en demandas salariales generales y otros responden a adicionales, regímenes horarios o condiciones específicas de cada sector. El acuerdo alcanzado con APOC muestra que existen canales de negociación capaces de desactivar medidas de fuerza, pero los conflictos en Infraestructura y los pedidos de reapertura de paritarias mantienen abierta la discusión dentro del Estado bonaerense.
Uno de los focos más recientes fue el conflicto protagonizado por trabajadores de la Contaduría General y la Tesorería General, nucleados en APOC. La disputa se originó en el cambio de régimen horario aplicado desde 2023, cuando la jornada semanal pasó de 30 a 40 horas para determinados trabajadores de la Ley 10.430. El gremio sostiene que ese incremento de la carga horaria no tuvo un correlato salarial completo en determinados adicionales.
Durante septiembre, el reclamo derivó en retenciones progresivas de tareas. La protesta comenzó con jornadas de dos horas y fue ampliándose hasta llegar a cuatro horas, mientras la organización amenazaba con profundizar las medidas si no aparecía una respuesta. La discusión también llegó a la Justicia, donde continúa abierta una causa vinculada con la aplicación del nuevo régimen horario.
Finalmente, APOC aceptó una propuesta salarial que contempló un 6,25% en octubre y otro 6,25% en diciembre sobre determinados adicionales, además de correcciones para categorías jerárquicas. El acuerdo desactivó el plan de lucha, aunque, según fuentes consultadas, persisten retenciones de tareas, lo que dejó expuestas diferencias internas dentro del organismo y entre los propios trabajadores respecto de los términos de la negociación.
Otro frente permanece abierto en el Ministerio de Infraestructura, donde los trabajadores vienen reclamando la reapertura de una negociación sectorial por un adicional específico. AEMOPBA y ATE protagonizaron movilizaciones, retenciones de tareas y acciones dentro de la sede ministerial. El conflicto tuvo además un componente político, luego de que los gremios denunciaran situaciones de intimidación y cuestionaran el accionar de la conducción de la cartera.
A estos conflictos sectoriales se suma ahora un reclamo más amplio por la reapertura de las paritarias. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA, pidió formalmente al Ministerio de Trabajo retomar la negociación para discutir una actualización salarial de cara a los últimos meses del año.
El planteo docente se suma a los pedidos realizados por ATE y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Los estatales reclaman una nueva instancia de negociación ante la pérdida de poder adquisitivo y el impacto del costo de vida, mientras que los judiciales recuerdan que la reapertura había sido acordada en la última paritaria de julio. En el caso docente, además del salario, el reclamo incluye otros aspectos vinculados con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo.
De esta manera, la discusión salarial comienza a adquirir una dimensión transversal dentro del Estado bonaerense. Ya no se trata solamente de reclamos específicos por adicionales o regímenes horarios, sino también de la pretensión de distintos sectores de volver a sentarse con el Ejecutivo provincial antes del cierre del año. Este reclamo toma otra dimensión, ya que para esta fecha comienza la liquidación correspondiente a septiembre sin novedades y acuerdos a la vista, hecho que demora la actualización de los salarios.
En paralelo, los trabajadores municipales también protagonizaron medidas de fuerza en distintos puntos de la Provincia. FESIMUBO impulsó cortes y protestas para reclamar mejoras salariales, el fin de situaciones de precarización y la puesta en funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal. El conflicto trasciende así a la administración provincial y alcanza a los municipios, donde las discusiones salariales tienen una dinámica propia.
El dato político del escenario es la acumulación de reclamos simultáneos. Algunos tienen origen en demandas salariales generales y otros responden a adicionales, regímenes horarios o condiciones específicas de cada sector. El acuerdo alcanzado con APOC muestra que existen canales de negociación capaces de desactivar medidas de fuerza, pero los conflictos en Infraestructura y los pedidos de reapertura de paritarias mantienen abierta la discusión dentro del Estado bonaerense.