16 de septiembre de 2026
BLOCKCHAIN
Control digital: Kicillof actualiza Windows y crea un nuevo marco de Gobernanza de Datos
El Gobierno bonaerense aprobó un Marco Provincial de Gobernanza de Datos que será obligatorio para la administración pública. La medida busca ordenar, proteger e intercambiar información entre organismos y obliga a mantener actualizado un registro de todas las bases de datos estatales.
El Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha un nuevo esquema para regular la gestión de la información dentro de la administración pública bonaerense. A través del Decreto 961/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la Provincia aprobó el denominado “Marco Provincial de Gobernanza de Datos”, que funcionará como instrumento rector para la gestión, protección e intercambio de datos estatales.
La iniciativa apunta a establecer criterios comunes para el manejo de la información pública y alcanza a los organismos y entidades de la Administración Pública Provincial. El marco contempla aspectos vinculados con la calidad, integridad, disponibilidad y seguridad de los datos, además de promover su utilización como un activo estratégico para la gestión estatal.
Uno de los puntos centrales del decreto es la creación de una estructura específica para coordinar la política de datos. El Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital, quedó establecido como autoridad de aplicación, con facultades para coordinar, implementar, realizar el seguimiento y controlar el nuevo marco.
Además, se creó la “Comunidad de Gobernanza de Datos de la Provincia de Buenos Aires”, un espacio de cooperación técnica integrado por los Responsables Institucionales de Datos de los distintos organismos alcanzados. La intención es coordinar los lineamientos y fortalecer las capacidades estatales en la materia.
Todas las bases de datos deberán estar registradas
El decreto también ratifica la existencia del Registro de Bases de Datos de la Provincia de Buenos Aires, creado en 2025. Pero establece una obligación más amplia para los organismos públicos: deberán inscribir y mantener actualizadas todas las bases de datos que posean o administren, independientemente de que contengan o no datos personales.
La medida busca construir un inventario actualizado de los activos informacionales del Estado y facilitar la identificación de los responsables, la trazabilidad de la información y la evaluación de riesgos.
El Gobierno bonaerense fundamentó la decisión en la necesidad de consolidar distintas políticas de modernización, interoperabilidad y protección de datos que ya se encontraban vigentes. Entre los antecedentes mencionados aparece la Ley 15.430, que permite realizar trámites sin volver a presentar documentación cuyos datos ya se encuentran en poder del Estado, junto con normas que establecieron mecanismos de interoperabilidad y registro de bases de datos.
El nuevo marco incorpora como principios la licitud, finalidad determinada, calidad, transparencia, responsabilidad proactiva e interoperabilidad en el tratamiento de la información estatal.
Blockchain y trazabilidad
Un aspecto particular de la nueva normativa es que el Gobierno bonaerense también contempla la utilización de tecnologías de registro distribuido, incluidas las cadenas de bloques, para el manejo de datos públicos.
Según los fundamentos del decreto, estas herramientas pueden aportar trazabilidad e integridad de la información debido a sus características de inmutabilidad y auditabilidad. El objetivo declarado es fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y la confianza en el tratamiento de los datos por parte del Estado.
El decreto, firmado por Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también invita al Poder Legislativo y al Poder Judicial bonaerenses, a las empresas y sociedades estatales y a los municipios a adherir a los principios y lineamientos establecidos.
De esta manera, la Provincia formalizó una política transversal para administrar uno de los principales activos de la gestión pública: la información que generan y almacenan sus organismos. El desafío planteado por la propia norma será transformar ese conjunto de bases de datos en sistemas compatibles, trazables y seguros, evitando que la información estatal permanezca fragmentada entre las distintas áreas de gobierno.