La Tecla Mar del Plata
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Las excepciones urbanísticas se convirtieron en una herramienta recurrente para habilitar grandes desarrollos inmobiliarios en sectores donde la normativa vigente no permitía las alturas o indicadores pretendidos. En varios de esos expedientes, la ecuación incluía la preservación o puesta en valor de inmuebles patrimoniales, compensaciones urbanísticas, inversiones millonarias y, como argumento central, la generación de empleo. Sin embargo, el calendario siguió avanzando y varios de los proyectos todavía no muestran una obra acorde con lo anunciado.
El reloj permite dimensionar la demora. Al 15 de septiembre de 2026, Villa Titito acumula 1.125 días desde que el Concejo Deliberante aprobó su excepción, el 17 de agosto de 2023. El proyecto contempla la refuncionalización del inmueble patrimonial y la construcción de dos torres de 12 pisos, 82 viviendas, un paseo urbano y una plaza seca, con una inversión anunciada de alrededor de 15 millones de dólares y un plazo de ejecución de tres años. Detrás de la iniciativa aparecen César Adolfo Curi y la firma constructora IVAN S.A.. La compensación urbanística fue vinculada al Distrito Tecnológico del Conocimiento y la Innovación. Pese al tiempo transcurrido, la obra no muestra un avance acorde con la magnitud del proyecto originalmente presentado.
El segundo reloj corre sobre el ex Chateau Frontenac, en Alvear entre Moreno y Bolívar. El 14 de marzo de 2024, el Concejo aprobó una excepción que habilitó la construcción de dos torres de hasta 30 pisos alrededor del histórico inmueble. Al 15 de septiembre ya pasaron 915 días. El desarrollo, impulsado por un grupo de inversores y desarrolladores de Buenos Aires y Uruguay, contempla 266 unidades de vivienda, 231 módulos de cocheras y un paseo peatonal, además de la puesta en valor del edificio patrimonial. Como compensación, se estableció priorizar recursos para la Plaza Revolución de Mayo y, posteriormente, el Distrito Tecnológico. Pero la postal actual todavía no se corresponde con la escala de la excepción otorgada.
En Villa La Robla, el chalet María Frers de Mahn, en Stella Maris, el expediente tomó otra dimensión. El 26 de septiembre de 2024, el Concejo autorizó una modificación al Código de Ordenamiento Territorial que permitió proyectar una torre de 35 pisos y más de 125 metros de altura, muy por encima de los parámetros generales del sector. Al 15 de septiembre de 2026 transcurrieron 719 días. El proyecto está vinculado a Fiduciaria Paisajes Urbanos e Imasa, con Florencia Miconi como una de las figuras relacionadas con la iniciativa. En este caso, además, la falta de avance tiene una explicación concreta: el desarrollo quedó judicializado.
El último capítulo es el del Chalet Mattar, ubicado en Mendoza y el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos. El inmueble, diseñado por el arquitecto Alberto Córsico Piccolini, había sido adquirido por el empresario de la pesca Luis Solimeno, quien llevaba cerca de dos décadas como propietario del chalet. El 4 de diciembre de 2025, el Concejo aprobó la Ordenanza 26.864, que desafectó al inmueble del Código de Preservación Patrimonial y permitió avanzar con su demolición. Al 15 de septiembre pasaron 285 días. El chalet ya no está: fue demolido en enero, pero la nueva construcción proyectada por el empresario pesquero todavía no aparece en el terreno.
La discusión excede, entonces, a cada expediente en particular. El régimen de incentivos a la construcción fue presentado como una vía para reactivar la actividad, atraer inversiones y generar puestos de trabajo. Las excepciones patrimoniales se montaron sobre una lógica similar: conceder mayor capacidad constructiva a cambio de inversiones, compensaciones y, en algunos casos, la conservación de bienes históricos. Pero cuando pasan tres años, dos años o casi un año sin que aparezca la obra prometida, la pregunta inevitable es qué queda de aquella ecuación.
Y el debate suma una particularidad política. En las últimas semanas, una carta firmada por empresarios, referentes y vecinos de Mar del Plata reclamó mayores niveles de seguridad y también incluyó cuestionamientos a las excepciones a la construcción. Entre los firmantes apareció Miconi, vinculada a uno de los proyectos más polémicos beneficiados por una de esas excepciones.
Así, la discusión vuelve al punto de partida: ¿las excepciones fueron una herramienta para generar inversión y empleo o terminaron siendo, en algunos casos, un beneficio urbanístico cuyo resultado todavía está por verse? El calendario, por ahora, sigue corriendo.