Un severo cortocircuito institucional sacude la estructura del Banco Nación en Mar del Plata. El juez federal subrogante de la ciudad balnearia, Bernardo Bibel, otorgó una medida cautelar que deja en suspenso el traslado del gerente zonal Pablo Pourrere a la localidad santafesina de Reconquista, a 1.300 kilómetros de su hogar. La resolución judicial interviene en una controversia atravesada por denuncias de presiones internas para la aprobación de un crédito multimillonario.
Según reveló una investigación publicada por el diario La Nación, el conflicto comenzó cuando desde las oficinas centrales del banco en Buenos Aires se impulsó la concesión de un crédito por 52.600 millones de pesos a la sociedad Jardines de Chauvín SA. Los fondos estaban destinados a la construcción de dos torres residenciales en la calle Larrea al 2850, en el barrio Chauvín de Mar del Plata. Sin embargo, la firma solicitante presentaba marcadas irregularidades: creada a mediados de 2024, no registraba ingresos declarados, presentaba balances en rojo y carecía de antecedentes en el sector inmobiliario.
A las inconsistencias financieras se sumó una advertencia sobre la integridad del proyecto. El dueño del 90% de las acciones de la sociedad es el empresario Mariano Jinkis, quien admitió ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos a dirigentes deportivos en el marco del caso FIFAgate.
De acuerdo con las actuaciones y la auditoría interna expuestas por La Nación, la gestión del financiamiento no se inició por pedido de los desarrolladores en la sucursal local, sino por iniciativa de áreas técnicas del banco en Buenos Aires. Frente a los reiterados pedidos de la sede central para avanzar con el trámite, Pourrere —con 36 años de carrera en el banco y una década al frente de la zona Atlántica— rehusó firmar el aval. El funcionario dejó asentadas por escrito sus objeciones por falencias contables, errores en los montos consignados y el elevado riesgo reputacional.
Seis días después de su negativa formal, Pourrere fue notificado de su reubicación en Santa Fe con una rebaja de categoría jerárquica. El afectado presentó un descargo denunciando represalias. Posteriormente, una auditoría interna del propio banco constató las fallas en el expediente y la falta de garantías, lo que derivó en la cancelación definitiva de la asistencia crediticia en mayo.
Al evaluar la medida cautelar, el juez Bibel coincidió con el dictamen del fiscal federal Daniel Adler y concluyó que el traslado dispuesto por el Directorio del banco carecía prima facie de sustento técnico u objetivo. En respuesta a las consultas periodísticas de La Nación, las autoridades del Banco Nación rechazaron que la medida responda a una represalia, sosteniendo que el trámite del crédito y el traslado del agente transitaron por carriles administrativos independientes. Asimismo, la entidad confirmó que se presentará ante los tribunales federales de Mar del Plata para apelar el fallo judicial.
