Punta Mogotes sin acuerdo definitivo tras el vencimiento de la tregua judicial
Con el plazo de 72 horas agotado y sin una presentación conjunta ante el tribunal, la disputa entre la Municipalidad y la Provincia por el control del complejo costero ingresa en una fase definitoria. Aunque ambas partes coinciden en garantizar la prórroga de las concesiones para la inminente temporada estival y en avanzar a futuro hacia una licitación compartida, la instrumentación legal mantiene congelado un entendimiento de fondo.
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La breve ventana de negociación que el juez Simón Isacch abrió el pasado lunes terminó por consumirse sin la foto ni el escrito conjunto que la política local y provincial amagaron con construir. Vencido formalmente el plazo de 72 horas fijado por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, el expediente que tramita el destino y la administración del Complejo Punta Mogotes no registró la firma de un entendimiento integral, sino el ingreso de presentaciones por separado de las partes. El escenario deja ahora la pelota en el terreno del magistrado, mientras desde los despachos involucrados admiten que, aunque el diálogo no se ha roto, la traducción técnica e institucional de las coincidencias sigue empantanada.
Por el lado provincial, confirmaron que no se llevó a cabo una nueva audiencia presencial tras el encuentro del lunes, sino que el trámite derivó en el envío de escritos para que la Justicia defina los pasos a seguir. En la gobernación bonaerense mantienen la postura de no modificar el marco normativo vigente, recalcando que la Administración Punta Mogotes opera como un ente autárquico que debe preservar sus facultades de gestión. La postura apunta a ratificar la legalidad de la prórroga de las concesiones balnearias como medida indispensable para brindar previsibilidad a la próxima temporada de verano, mientras se deja para una etapa posterior la discusión sobre la confección de los pliegos y el llamado a licitación. Desde la perspectiva de La Plata, la intención de continuar la batalla judicial por la municipalización resulta incompatible con la búsqueda de un acuerdo administrativo.
En la contraparte comunal, el diagnóstico sobre el estado de las negociaciones no difiere sustancialmente en los hechos, aunque sí en los matices sobre la resistencia del conflicto. Desde el municipio, reconocen avances conceptuales y admiten que la vía del diálogo permanece abierta, pero remarcan la complejidad de volcar los consensos teóricos en instrumentos legales equitativos para ambas jurisdicciones. En el Palacio Municipal coinciden en la urgencia de resolver la situación operativa de los 24 balnearios de cara al verano para permitir el trabajo de los concesionarios, y confirman que existe una sintonía de fondo para encaminar una futura licitación en forma conjunta. Sin embargo, admiten que el nudo gordiano radica en el reparto de potestades para llevar a cabo ese proceso licitatorio y su posterior adjudicación.
Sin una nueva fecha fijada en la agenda del tribunal, el conflicto entra en un compás de espera donde la urgencia económica vuelve a primar sobre la disputa de soberanía territorial. Mientras la resolución de fondo —que involucra el reclamo municipal por la cancelación de la deuda histórica y el traspaso definitivo de la franja costera— permanece en estado de pausa, el único consenso emergente apunta a blindar el funcionamiento del predio durante la temporada 2026/2027. Las conversaciones de pasillo continuarán a la par de las actuaciones judiciales, pero la falta de un escrito consensuado ante el juez Isacch ratifica que la distribución del poder en Punta Mogotes sigue siendo un rompecabezas de difícil solución.
