27 de agosto de 2026
JUSTICIA
El Jurado de Enjuiciamiento apartó preventivamente a un juez de San Isidro y analiza seis imputaciones
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires se reunió este miércoles para analizar las denuncias contra Ernesto Ángel Anastasio García Maañon, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro. El proceso contempla seis cargos formulados por el representante del Ministerio Público Fiscal.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires se reunió este miércoles para analizar las denuncias contra Ernesto Ángel Anastasio García Maañon, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro. El proceso contempla seis cargos formulados por el representante del Ministerio Público Fiscal.
La causa tramita bajo los expedientes S.J. 768/25, iniciado a partir de una denuncia de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, y S.J. 775/25, promovido por el Colegio de Abogados de San Isidro. Ambos expedientes fueron acumulados para su tratamiento.
El jurado es presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, e integrado por los conjueces abogados Iván Roberto Ponce Martínez, Lisandro Daniel Benito, Beatriz Domingorena y Marcela Alejandra Wambold, junto con los conjueces legisladores Gustavo Sergio Cuervo, Florencia Arietto y Natalia Miriam Blanco. Actúa como secretario Ulises Alberto Giménez.
Durante el proceso, el Jurado dispuso el apartamiento preventivo de García Maañon. La medida se produjo mientras el magistrado ya se encontraba de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial.
Las seis imputaciones contra el magistrado
Según la acusación presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento, al juez se le atribuyen seis tipos de conductas que podrían constituir faltas susceptibles de sanción en el marco del proceso.
Entre ellas figura el supuesto acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, además de malos tratos reiterados hacia empleados y funcionarios, que habrían incluido expresiones agraviantes, órdenes arbitrarias, descalificaciones y comportamientos autoritarios.
La acusación también señala una presunta utilización indebida de recursos del Estado para su comodidad personal y tratos irrespetuosos hacia superiores, junto con referencias a su poder institucional que, según la denuncia, habrían sido utilizadas con fines intimidatorios.
El quinto cargo refiere a supuestos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones que pudieran resultar perjudiciales para el magistrado.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó una delegación irregular de la firma digital, en presunta violación de la normativa vigente.
El avance del proceso no implica, por sí mismo, que las conductas denunciadas hayan sido acreditadas. El Jurado deberá evaluar las pruebas y los argumentos de las partes para determinar si corresponde atribuir responsabilidad disciplinaria al magistrado y, eventualmente, avanzar con su destitución.