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Redacción
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La tercerización de la recaudación municipal quedó bajo la lupa de la oposición
Un pedido de informes de Unión por la Patria busca conocer qué hizo el consorcio KARSTEC-IT NET y qué resultados obtuvo tras recibir más de $1.000 millones.
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La estrategia del gobierno municipal para mejorar la recaudación volvió a quedar bajo la lupa de la oposición. Unión por la Patria presentó un pedido de informes para conocer en detalle cuánto dinero destinó la comuna a un servicio tercerizado de asistencia en la gestión tributaria y, sobre todo, qué resultados obtuvo a cambio. Según la documentación incorporada al expediente, durante 2026 se pagaron al menos $1.057 millones al consorcio integrado por KARSTEC S.A. e IT NET S.A., por prestaciones correspondientes al año anterior.
El planteo se inscribe en uno de los principales problemas que arrastra la administración de General Pueyrredon: la caída de la cobrabilidad de las tasas municipales. Durante el segundo semestre de 2024, el Municipio avanzó con la Licitación Pública N.º 27/24 para contratar asistencia técnica destinada a fortalecer y modernizar el sistema tributario. La premisa oficial era mejorar los ingresos municipales apelando, una vez más, a la incorporación de empresas privadas en áreas de gestión.
El contrato tiene como objetivo intervenir sobre distintos tributos, entre ellos la Tasa por Servicios Urbanos, la contribución destinada a Salud, Educación y Desarrollo Infantil, la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, antenas, ocupación de espacios públicos y el impuesto automotor descentralizado. El proyecto de comunicación presentado ahora por Unión por la Patria busca determinar qué se hizo efectivamente durante la prestación y cuál fue el impacto concreto sobre las cuentas municipales.
La contratación contempla acciones para incrementar la recaudación, actualizar los padrones de contribuyentes, detectar situaciones de mora temprana y mejorar los mecanismos de gestión de deuda. También incluye la implementación de procesos para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones, la capacitación de personal municipal y la actualización de las normas tributarias.
Pero hay un dato que encendió las alarmas opositoras: el mecanismo de pago. De acuerdo con el expediente, el consorcio percibe una comisión del 26% calculada sobre la diferencia entre los ingresos municipales y una Recaudación Mensual Base, establecida a partir de lo recaudado por cada tributo durante 2024. Es decir, el esquema vincula la remuneración del contratista con el incremento de los ingresos obtenidos por encima de ese parámetro.
Los números que aparecen en la documentación oficial son contundentes. El Municipio realizó tres pagos durante 2026: $247.552.179,93 el 8 de enero; $419.057.626,83 el 6 de marzo; y $390.648.760,09 el 22 de abril. La suma asciende a $1.057.258.566,85. Los recibos incorporados al expediente confirman cada uno de esos desembolsos al Consorcio Cooperación KARSTEC IT-NET.
La particularidad es que esos pagos fueron realizados en 2026, pero corresponden a servicios prestados durante 2025, según consta en el proyecto presentado. Precisamente por eso, Unión por la Patria pide que el Ejecutivo confirme si el desembolso de enero corresponde a los servicios de julio de 2025, si el de marzo corresponde a agosto y si el de abril corresponde a septiembre. También reclama conocer si existen otros certificados liquidados desde el inicio del contrato y que se informe fecha, monto y período correspondiente.
“Más de mil millones de pesos por tres meses es mucha plata. El gobierno tiene que explicar qué está pagando, qué hicieron concretamente estas empresas y qué resultados consiguieron”, planteó Unión por la Patria, al poner el foco no solamente en el costo del servicio sino también en su eficacia.
El pedido de informes apunta además a conocer cuántas personas de las empresas están afectadas a las tareas, qué dependencias utilizan y qué equipamiento emplean para llevar adelante el trabajo. El punto no es menor para la oposición, que busca determinar cuánto de la estructura utilizada pertenece al contratista y cuánto corresponde a recursos municipales. Esos interrogantes están expresamente incluidos en el articulado del proyecto.
La discusión se monta sobre una tensión que atraviesa la gestión municipal desde hace años: cómo incrementar los recursos propios en un escenario de restricciones presupuestarias. El gobierno de Montenegro eligió recurrir a una herramienta que ya utilizó en otras áreas: incorporar al sector privado para complementar capacidades estatales. En este caso, la apuesta se trasladó directamente al corazón de las cuentas comunales: conseguir que los contribuyentes paguen más y mejorar la capacidad de cobro del Estado local.
Desde la oposición, sin embargo, ponen el acento en una pregunta más básica: si el Municipio ya cuenta con personal dedicado a la recaudación y la administración tributaria, cuál es el valor agregado que justifica contratar una estructura externa y pagarle en función de los ingresos adicionales. “Hay empleados municipales que ya trabajan en la recaudación y gestión de las tasas. Si el gobierno decidió pagar miles de millones a empresas privadas para asistir en esas tareas, tiene que explicar por qué, para hacer qué y con qué resultados”, cuestionó Unión por la Patria.
El proyecto no afirma que la contratación haya sido irregular ni cuestiona por sí mismo la utilización de empresas externas. Lo que reclama es información para evaluar el funcionamiento del servicio y medir sus resultados. De hecho, el propio expediente plantea que resulta necesario contar con esos datos para realizar una “evaluación integral del Servicio de Asistencia en la Gestión Tributaria contratado por el Municipio y los resultados obtenidos hasta el momento”.
El planteo vuelve a poner sobre la mesa, así, uno de los pilares del modelo de gestión que el oficialismo viene defendiendo: la articulación con el sector privado como herramienta para resolver problemas que las arcas municipales no logran afrontar por sí solas. En este caso, el mecanismo llegó al terreno de la recaudación, con una contraprestación millonaria y atada al incremento de los ingresos.
Ahora la pelota quedó en manos del Ejecutivo. La oposición quiere saber cuánto se pagó, qué tareas se realizaron, cuántos recursos se utilizaron y, fundamentalmente, cuánto más logró recaudar el Municipio gracias al contrato. Porque detrás de los más de $1.000 millones desembolsados no hay solamente una discusión contable: también aparece la pregunta sobre cuánto le cuesta al Estado municipal delegar parte de una de sus funciones centrales y qué obtiene a cambio.